Walter Bardinella Donoso se hizo conocido luego de su detención el 6 marzo del 2020. Lo buscaban por el secuestro de un cargamento de poco más de 244 kilos de marihuana incautados en agosto del 2015 en la localidad de El Sosneado, en San Rafael. También, por otros panes de la misma droga, esta vez con un peso de 4,850 kilogramos, que habría llevado a la casa de una miembro de la organización narco en Guaymallén.

Mientras procedían a su captura, incautaron su teléfono celular. El aparato se encontraba abierto, sin claves, libre para que lo inspeccionaran. Esto permitió conocer que mantenía conversaciones diarias con un abogado de su confianza, identificado como Luciano Ortego. Hablaban sobre movimientos de causas judiciales y de arreglos en los juzgados para evitar continuar en una celda de la cárcel.

Básicamente, el análisis del aparato que realizó la Policía contra el Narcotráfico (PCN) de la provincia dio inicio a una de las investigaciones más calientes de los últimos años en Mendoza, la bautizada Bentogate, un presunto y complejo entramado entre magistrados, abogados y acusados de delitos.

Casi toda la instrucción está direccionada contra el juez federal Walter Bento, quien está procesado desde el año pasado como jefe de una asociación ilícita, que completaba el facilitador o nexo Diego Aliaga (asesinado en julio del 2020), y cobraba coimas en dólares para morigerar la situación de ciertos presos, mayormente los vinculados a causas de contrabando o narcotráfico que se iniciaban en el Juzgado Federal Nº1.

Este viernes, Bardinella Donoso se sentará en el banquillo de los acusados por el secuestro de los dos cargamentos de marihuana.

La investigación de ese hecho, realizada por la PCN, sostiene que se inició por una compulsa de otro expediente que terminó con tres condenados.

Buscaban que le imputaran a Bardinella Donoso el delito de transporte de estupefacientes debido a que surgió por declaraciones testimoniales, actas de procedimientos e intervenciones telefónicas que también había participado en el tráfico de 244 kilos de marihuana.

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De la causa se desprende que, el 31 de agosto del 2015, los efectivos supieron que un vehículo transportaba estupefacientes al Sur provincial. Por ello decidieron interceptarlo en el destacamento policial del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen), situado en la localidad de El Sosneado, departamento de San Rafael.

Se trataba de un VW Gol conducido por Marcelo Guevara Altamirano y acompañado por Darío Rodríguez Andino. Ambos hacían de punta de un camión Mercedes Benz conducido por Jorge Darío Bartolaccini. 

También frenaron a ese rodado y encontraron que transportaba 244,374 kilogramos de marihuana acondicionada en 346 paquetes ocultos en 10 cajas de cartón de distintos tamaños con cinta de empaque.

Producto de esas tres detenciones, se desarrollaron allanamientos en sus domicilios. En la casa de Rodríguez, situada en el barrio San Javier, de Guaymallén, dieron con 4,850 kilogramos de la misma droga, una balanza digital y dinero en efectivo.

Durante el juicio declararon policías y aseguraron que Andino se comunicaba con “Walter”. Se trataba de Bardinella Donoso y lo marcaron como el financista de la operación.

Además de coordinar todo lo referido al cargamento mayor, los testigos aseguraron, gracias a las escuchas telefónicas, que también era el proveedor de la droga hallada en el barrio San Javier.

Bardinella quedó con pedido de captura luego de que se celebrara el juicio contra los tres primero detenidos y recién el 6 de marzo del 2020 lograron capturarlo.

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Con el paso de las semanas, el teléfono celular que transportaba, tal como señalaron los detectives consultados por El Sol, se transformó en una de las pruebas más importantes del llamado Bentogate, debido a que permitió identificar a un grupo de abogados y también al llamado facilitador Diego Alfredo Aliaga, con posibles pago de coimas en miles de dólares en el Juzgado Federal Nº1 para que detenidos lograran beneficios como la detención domiciliaria.

La causa se hizo tan grande que, en mayo del año pasado, se realizaron allanamientos masivos en el Gran Mendoza y el juez Walter Bento terminó procesado por 15 casos de cohecho y otras calificaciones que tipifican más de 20 años de cárcel. También cayeron abogados y otros personajes del mundo del hampa.

Algunos letrados declararon como arrepentidos y otros, por más que aseguren su inocencia, continúan tras las rejas a la espera de que el expediente llegue a juicio.