Ivana Romina Molina fue vista por última vez con vida el 1 de abril en los barrios del oeste de Ciudad. Desde ese entonces, pese a las búsquedas y rastrillajes, nada más se supo de ella.
Para la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, la mujer fue víctima de un femicidio perpetrado por su ex pareja, Carlos Miguel Díaz Vilchez, quien fue detenido semanas atrás en el conurbano bonaerense.
Pese a que los detectives no han logrado encontrar el cadáver de la mujer, cuentan con una prueba circunstancia que comprometió fuertemente a Díaz en el expediente: los rastros de sangre de Molina hallados en la habitación y el baño del acusado.
Teniendo en cuenta ese elemento clave, la fiscal Ríos solicitó este miércoles la prisión preventiva contra el único sospechoso que tiene la causa y el juez Juan Manuel Pina hizo lugar ese pedido, que también estuvo acompañado por los querellantes Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton, en representación de las hermanas de Molina.
Si bien la defensa, a cargo de Marcelo López, se opuso a la medida de coerción y buscó reafirmar la versión que declaró su cliente en el expediente días después de su captura, el magistrado del Juzgado Penal Colegiado Nº 1 se inclinó por la teoría del caso de la representante del Ministerio Público.
La versión de Díaz sostiene que, horas antes de su desaparición, Molina lo visitó en su domicilio del barrio Las Rosas, en Las Heras, donde mantuvieron relaciones sexuales. Justamente, la defensa le adjudica la presencia de las manchas hemáticas de la mujer, a que ese día se encontraba con el periodo menstrual y también porque solía perder sangre por la nariz debido a su problema de adicción a la cocaína.
No obstante, esa coartada no resultó convincente para el juez Pina, quien terminó por dictar la medida cautelar contra Díaz, quien deberá permanecer en prisión mientras continúa la instrucción.
Además, rechazó el pedido de domiciliaria formulado por la defensa y le fijó un embargo por 5 millones de pesos, indicaron fuentes judiciales.
En los próximos días, el representante legal del acusado tendrá la posibilidad de apelar el fallo de primera instancia y, en ese caso, será un Tribunal Penal Colegiado el que deberá definir la situación del supuesto femicida.
El caso
El caso de Ivana Molina comenzó a investigarse después de que sus familiares radicaron la denuncia de paradero el lunes 10 de abril en la Oficina Fiscal Nº 6 de la Comisaría Sexta del barrio Cano.
Más allá de que había pasado más de una semana desde la última vez que la contactaron, desde su círculo íntimo decidieron aguardar algunos días, ya que “era normal que la mujer desapareciera por breves periodos de tiempo“, explicaron fuentes allegadas a la instrucción.
A raiz de la presentación judicial, la fiscal Ríos tomó intervención e inició una búsqueda junto con los detectives de la División Búsqueda de Personas, de Investigaciones.
La pesquisa se fue intensificando con el paso de las horas, a partir de las pruebas y testimonios que se iban sumando al expediente.
Por eso, casi una semana más tarde, la representante del Ministerio Público decidió activar el protocolo de femicidio y apuntó contra Díaz como responsable de la desaparición de la mujer.
Debido al vínculo que mantenían y que fue la última persona que había visto con vida, de acuerdo con la versión oficial, el hombre quedó con pedido de captura. No obstante, cuando fueron a detener a su casa, no lo encontraron.
Mientras Díaz era intensamente buscado, hubo rastrillajes con canes especializados en la localización de rastros humanos de la ONG Escam (Escuela de Adiestramiento Canino Mendoza) y hasta se realizó una excavación en el patio de la casa del sospechoso. Los investigadores buscaban un cadáver.
Si bien las medidas no permitieron dar con el cuerpo de la mujer, los perros de Escam detectaron rastros hemáticos en el domicilio de Díaz y esas pruebas lo terminaron comprometiendo.
Así, el jueves 4 de mayo Díaz fue capturado por personal de la División Homicidios, de Investigaciones, y de la Policía Federal Argentina (PFA) en la provincia de Buenos Aires y, luego de ser trasladado a Mendoza, fue imputado por el femicidio de la mujer, por lo que arriesga una pena a prisión perpetua.