Sandra Yaquelina Vargas, la mujer de 37 años que estaría relacionada al tráfico de drogas en el oeste de Godoy Cruz desde hace varios años, negó haber dado la orden para terminar la vida de  periodistas de diario El Sol mientras se encontraba la semana pasada en una de sus viviendas ubicada en la localidad de Juana Koslay, en San Luis, tal como aportó un informante de la policía a la   Dirección de Inteligencia Criminal.

La mujer, a quien apodan Yaqui y no tiene antecedentes por tráfico –si una condena a tres años de prisión en el 2002 por tenencia de marihuana–, hizo su descargo a través de un escrito ante la  fiscal especial que abrió una causa por amenazas, Claudia Ríos, bajo la representación oficial de los abogados Enoc Ortiz y Alejandro Acosta, dos reconocidos penalistas que también tienen como cliente en diversas causas a Marcelo Gato Araya, condenado a prisión perpetua por instigar un crimen en enero del 2010 en el barrio La Gloria y a punto de ir a juicio por tráfico de estupefacientes  en la Justicia federal. Araya, con parte de su organización, está actualmente sentado en banquillo de la Sexta Cámara del Crimen por otros dos hechos de sangre, causa que se conoce como el doble crimen El Carrizal.

Vargas apunta en el escrito contra los funcionarios policiales y requiere un careo con los periodistas, como así también con el informante policial, petición a la que no accedería la fiscal, porque no se  trató particularmente de una denuncia realizada por ellos, sino de una actuación de oficio de la Policía de Mendoza, que avisó a la magistrada que su vida corría peligro. Acosta, dedicado hace algunos años a casos de violaciones de derechos humanos, negó la semana pasada tener vínculos de representación legal con la Yaqui, por lo que sorprendió que apareciera como uno de los letrados que la  iban a defender en la investigación que se inició el jueves. En cambio, Enoc Ortiz, su socio, ya tenía relación directa con la familia de Vargas: es el abogado de Jonathan Brizuela, sobrino de la mujer –hijo de una hermana– y uno de los tres jóvenes que integrarían los angelitos de la Yaqui, los sindicados sicarios y distribuidores de estupefacientes que operan en el oeste de GodoyCruz y que  estarían bajo el ala protectora de la mujer. Brizuela está preso en el pabellón de jóvenes y adultos por homicidio, y es considerado uno de los eslabones más importantes de la organización.

Alejandro Acosta, de 45 años, no es un hombre desconocido en el ámbito tribunalicio y el político. En febrero del 2005, de la mano de Alfredo Cornejo, por aquellos tiempos asumiendo como  ministro de Seguridad y hoy intendente radical del departamento donde operaría la red delictiva que lideraría Vargas, llegó a ser nombrado subsecretario de Justicia por el gobernador Julio Cobos. Permaneció en el cargo hasta el último día de mayo del 2006, cuando el titular del Ejecutivo les pidió la renuncia tanto a él como a altos jefespoliciales por la cantidad de hechos de sangre ocurridos  en pocos días. Algunos de esos asesinatos fueron casos de gatillo fácil, como el de Jonathan Chandía, y quien era director dela Policía, Héctor Quiroga, acompañó a Acosta dejando su cargo  porque no encontraron una salida a la inseguridad que agobiaba en esos tiempos, tal como se desprende de las crónicas políticas de hace más de siete años.

Así, la fiscal continúa buscando pruebas para sostener lo que aseguró el informante de la policía y se esperan más declaraciones en el sumario. Mientras, Vargas afirma que es inocente y que viene  siendo parte de una persecución mediática y política.