Un procedimiento de control casi de rutina en alta montaña. El hallazgo de 11 armas de fuego, 2.022 municiones y 17 cargadores y el inicio de expediente judicial para avanzar y encontrar responsabilidades. Lo que parecía una cuestión simple y de fácil resolución en el ámbito judicial terminó ingresando en un camino empantanado.
En el medio de todo, el cuestionado juez federal Walter Bento, titular del Juzgado Federal Nº1, quien está procesado desde el año pasado sospechado de liderar una organización delictiva que integraban abogados y otros personajes para cobrar sobornos a cambio de morigerar la situación procesal de ciertos acusados federales, entre otros delitos.
La semana no empezó tranquila para Bento. Fue noticia nacional al trascender que pidió formalmente rendir para ascender a la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte Suprema, sin embargo, sus propios colegas solicitaron que lo excluyan del concurso.
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No sólo eso: luego de ser notificado su juzgado por la Gendarmería el fin de semana sobre un operativo en Uspallata, le envió un oficio a la fuerza de seguridad nacional a través de una secretaria, Florencia Elías, para hacerle saber que el citado caso de acopio de armas, cargadores y municiones no era de su competencia y debía ser investigado por la Justicia provincial.
La decisión del magistrado generó revuelo en los Tribunales Federales y también en el edificio del fuero local.
Primero, porque se trata de un delito federal –así lo establece el Código Procesal Penal de la Nación en su artículo 33– y, segundo, porque, a pesar de esto, el fiscal Juan Ticheli, de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados de Mendoza, continuó con el desarrollo de la instrucción desde el 17 de este mes e imputó al sospechoso detenido por los delitos de acopio de armas y municiones de guerra –prevé penas de entre 4 y 10 años de cárcel– y ordenó que pase a la cárcel.
Fuentes judiciales consultadas por El Sol fueron fulminantes con respecto a la actuación de Bento. Entendieron que el juez se encuentra más preocupado por su situación personal-procesal desde hace un año que por lo que está sucediendo en su juzgado y las causas que tiene que resolver.
Es más, este diario supo que Bento no tuvo el mismo criterio con otro operativo similar ocurrido a principios de mes en la provincia. Se trata de un procedimiento de la Gendarmería efectuado el sábado 2 de este mes.
Ese día, integrantes de la Sección Seguridad Vial La Paz, que depende del Escuadrón 64 de Mendoza, detuvieron la marcha de un colectivo que había partido de la Terminal de Retiro sobre el kilómetro 899 de la ruta 7 para realizar una requisa a los pasajeros y detectaron que un hombre llevaba dos mochilas cargadas con 11 armas de fuego sin numeración (una Taurus 9mm, tres Bersa 9mm, una Glock calibre 40, una Beretta 9mm y cinco Canik 9mm) y 22 cargadores sin municiones.
En este caso particular, casi calcado al ocurrido el domingo sobre el kilómetro 1110 de la ruta nacional 7, en un control en el puesto fijo Los Árboles, el juez federal Bento sí tomó intervención directa y el expediente quedó bajo su órbita.
En detalle
El Sol reconstruyó las actuaciones del expediente 39.363/22, que tiene al chofer guaymallino Roberto Carlos Agüero sospechado de acopio de armas y municiones en el camión que conducía y tenía como destino final Chile. Después de que el Juzgado Federal Nº1 informara que no iba a liderar las actuaciones, el fiscal Juan Ticheli se hizo cargo de la causa.
A pesar de esto, existían dudas sobre la decisión del juez Bento y la fiscalía federal de Fernando Alcaraz hizo saber que el expediente debía cambiar de manos y ser instruido en el edificio de calles Pedro Molina y España, debido a que era su competencia.
Este miércoles por la tarde, todo cambió: Ticheli se declaró incompetente y la causa iba a pasar al fuero federal. Para eso, el representante del Ministerio Público pedirá formalmente a este jueves a Bento que se declare competente.
De todas formas, el juez podría continuar con su postura inicial, aunque fuentes judiciales consultadas señalaron que esto difícilmente suceda.
Lo que tipifica
El artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación es claro con respecto a la competencia de los magistrados federales. Palabras más, palabras menos, tienen que intervenir cuando resulta afectada la seguridad del Estado nacional.
Sostiene. “El juez federal conocerá: 1) En la instrucción de los siguientes delitos: a) Los cometidos en alta mar, a bordo de buques nacionales o por piratas, ciudadanos o extranjeros; b) Los cometidos en aguas, islas o puertos argentinos; c) Los cometidos en el territorio de la Capital o en el de las provincias, en violación de las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofendan la soberanía y seguridad de la Nación, o tiendan a la defraudación de sus rentas u obstruyan y corrompan el buen servicio de sus empleados, o violenten o estorben o falseen la correspondencia de los correos, o estorben o falseen las elecciones nacionales, o representen falsificación de documentos nacionales, o de moneda nacional o de billetes de bancos autorizados por el Congreso; d) Los de toda especie que se cometan en lugares o establecimientos donde el Gobierno nacional tenga absoluta y exclusiva jurisdicción, con excepción de aquellos que por esta ley quedan sometidos a la jurisdicción ordinaria de los jueces de instrucción de la Capital; e) Los delitos previstos por los artículos 41 quinquies, 142 bis, 142 ter, 145 bis, 145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y (5), 212, 213 bis, 258 bis y 306 del Código Penal (…)”.
Justamente, el artículo 189 bis habla sobre el almacenamiento de armas: “El acopio de armas de fuego, piezas o municiones de estas, o la tenencia de instrumental para producirlas, sin la debida autorización, será reprimido con reclusión o prisión de cuatro (4) a diez (10) años”.
De llegar el expediente a los Tribunales federales, la situación procesal del hombre de 44 años que transportaba las armas en un camión de una empresa internacional se agravaría, debido a que podría sumar el delito de contrabando en grado de tentativa.
Frente a este panorama, las próximas horas serán determinantes para el futuro del sospechoso y hasta podría cambiar su lugar de detención, debido a que se ordenó su traslado a una provincial pero corresponde que sea ubicado en el complejo federal ubicado en Cacheuta.
El caso
El secuestro al camionero Agüero el domingo por la tarde parecía una causa simple de resolución, pero terminó siendo totalmente lo contrario por el oficio firmado por la secretaria Elías.
Tomó más relevancia cuando las autoridades chilenas comenzaron a preguntar sobre el destino final del cargamento a sus pares argentinos.
Reinó la preocupación en el vecino país porque se trata de 11 armas de fuego (pistolas 9 milímetros de las marcas Bersa Thunder, Browning, Hi Power, Bersa Ultra Compact y Pietro Beretta), calibre 40 (Smith & Wesson y Bersa Thunder) y un revólver Long Cuatridge de 39mm; además de las 2.022 municiones de calibres 9mm (1.500), 38 SLP (500) y 40 ACP (22), 17 cargadores y un kit Roni (accesorio para transformar una pistola en una arma larga) marca Bersa, halladas en el pesado rodado. Y, también, porque se cree que tenían como último objetivo ser incorporadas al mercado negro de ese país.