Semanas después de que el juez Walter Bento se defendió ante el Consejo de la Magistratura por las severas acusaciones que pesan en su contra, en el marco de la megacausa del Bentogate, este miércoles declararon los integrantes del Juzgado Federal Nº 1.
Los subalternos del magistrado procesado por el cobro coimas a cambio de beneficios judiciales y por enriquecimiento ilícito, coincidieron en que no detectaron tratos preferenciales o resoluciones arbitrarias con respecto a la situación de ciertos imputados en dos conocidas causas de contrabando y narcotráfico.
A través de videoconferencia, la primera de las testigos en responder ante la Comisión de la Acusación, presidida por Pablo Tonelli, fue la titular de la Secretaría “A” Gabriela Curri.
Fue consultada por las situaciones de José Rodríguez Núñez, Sebastián Palumbo, Carlos Federico Barón Knoll y Daniel Gonzalo Martínez Pinto, condenados en junio pasado por el contrabando de mercadería mercadería adquirida en Chile y que era distribuida en distintos puntos de Argentina.
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Curri aseguró que no advirtió favoritismos hacia los entonces imputados, ni hacia sus respectivos defensores, y que todas las resoluciones estuvieron ajustadas a las pruebas y al derecho.
Luego fue el turno de Magalí Boulet, quien intervino en la investigación narco que terminó con la condena a 12 años contra Daniel el Rengo Aguilera.
Con respecto a esa causa, Tonelli hizo hincapié en el beneficio que recibió uno de los acusados, Cristian Oscar Oliva, para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.
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Boulet sostuvo que esa decisión se ajustó a los criterios habituales, que no advirtió ningún tipo de irregularidad y agregó que esa resolución la firmó el juez Marcelo Garnica, a cargo del Juzgado Federal Nº 3.
Posteriormente, tomó la palabra la titular de la Secretaría “F” Gabriela América del Campo, quien también debió responder sobre la situación de Oliva. Al igual que su colega, indicó que no hubo favoritismos y que el beneficio otorgado fue de acuerdo a la prueba y a la ley.

Durante el cuestionario, Tonelli profundizó sobre una visita de miembros del Juzgado a la penitenciaría, donde Oliva se acercó a los funcionarios y les expresó la necesidad de acceder al beneficio para poder cuidar a la su familia.
Ante eso Del Campo explicó que no recordaba en particular esa situación, pero que fueron varios los internos que hicieron pedidos en esa oportunidad y que a todos se les contestó que debían acreditar esas situaciones en sus respectivos expedientes.
La titular de la Secretaría “B” Florencia Elías fue la siguiente y continuó aclarando las dudas alrededor del fallo que le otorgó la domiciliaria a Oliva durante la instrucción en esa causa por narcotráfico.
Elías desarrolló que, cuando llegó al cargo que tiene actualmente, ya se encontraban procesados Aguilera y Oliva. Y agregó que no sintió un interés fuera de lo normal de Bento hacia esos dos imputados.
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En la misma que sus colegas, afirmó que las resoluciones en la causa se ajustaron a los criterios habituales, que no hubo favoritismos, ni beneficios irregulares hacia Oliva o sus defensores.
A la funcionaria también se le preguntó sobre la visita a la cárcel y explicó que no recuerda cuál fue el planteo que hizo Oliva, pero que sí se acercó hacia ellos, al igual que el resto de los reos.
El último turno fue el de Martín Pereyra Carlomagno, a quien interrogaron por la megacausa de contrabando y expuso que el juez Bento no impuso su criterio en cuanto a las situaciones procesales de Pinto, Palumbo, Núñez y Barón.
Añadió que no percibió irregularidades, ni favoritismos y que las decisiones adoptadas en ese expediente siempre fueron basadas en la ley y los hechos.
Antes de finalizar, uno de los representantes legales de Bento, Gustavo Gazali, le preguntó puntualmente si alguna vez recibió en mesa de entrada a Sebastián Palumbo y respondió que “probablemente sí”.
Frente a eso, Gazali consultó si Palumbo le mencionó que existió algún tipo de acercamiento por parte de Diego Aliaga para acceder a beneficios carcelarios y contestó de manera rotunda: “No, para nada”.
Una vez terminado ese segmento de declaraciones, debía responder ante la Comisión el empresario Diego Barrera, testigo estrella del Bentogate y que pronto enfrentará un juicio por el secuestro y asesinato de su socio Diego Aliaga.
Barrera iba a presentar algunas pruebas y denuncias contra Bento, pero su declaración no fue transmitida para el público para reservar el proceso.
