El juez federal Walter Bento; los abogados Luciano Ortego, Jaime Andrés Alba, Francisco Álvarez y Javier Angeletti y el narco Cristian Oliva, fueron procesados nuevamente este martes por el juez Eduardo Puigdéngolas por una serie de nuevos delitos que habrían probado en los últimos meses los investigadores judiciales del llamado Bentogate. También aumentaron los embargos en millones de pesos.
El magistrado de la causa amplió las acusaciones contra el titular del Juzgado Federal Nº1 de la provincia como jefe u organizador de una asociación ilícita, cohecho pasivo –el número 15–, prevaricato y abuso de autoridad en calidad de autor (diez hechos).
Por su parte, el abogado Ortego, quien permanece en la cárcel con prisión preventiva, fue procesado otra vez como organizador de una asociación ilícita y cohecho activo agravado en referencia al mismo caso 15, que tuvo como protagonista al señalado narco Cristian Oscar Oliva, mano derecha del ex jefe de la barra brava del club Godoy Cruz Antonio Tomba, Daniel Rengo Aguilera, también preso por drogas.
De acuerdo con la instrucción, Oliva habría pagado sobornos a través de un representante legal para obtener la detención domiciliaria a su favor.
Fue sentenciado a 8 años de cárcel el 29 de julio del 2020 en el mismo juicio oral que tuvo en el banquillo al señalado jefe de la banda, Aguilera, quien recibió 12 años de encierro por comercio de estupefacientes.
Debido a esto, Oliva fue procesado por cohecho activo agravado y le trabaron un embargo por 5.040.000 pesos.
Para los investigadores, los abogados Alba, Ortego y Angeletti habrían interactuado con Oliva y Aguilera mientras se encontraban presos de forma “coordinada, sistémica y en paralelo” a los representantes legales que ya habían contratado con el objetivo de que reunieran grandes sumas de dinero en dólares para pagar coimas en el juzgado que los investigaba y así lograr beneficios para morigerar su situación en la causa.
En la nueva resolución de Puigdéngolas, el letrado Francisco Álvarez fue procesado por abuso de autoridad en relación con un habeas corpus que presentó a favor del contrabandista Daniel Martínez Pinto.
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Sin ser designado oficialmente en la causa en la que investigaban, habría sido parte de una operación de un supuesto plan de la organización con el fin de sumar pruebas para perturbar la instrucción y desacreditar una serie de testimonios de la causa.
Así las cosas, de acuerdo con fuentes judiciales, la investigación contra la presunta organización que lideraba el juez y tenía como integrantes a abogados y al llamado nexo o facilitador Diego Aliaga (asesinado hace casi dos años en medio de un conflicto que mantenía con su socio, Diego Barrera, quien se transformó con el paso de los meses en uno de los testigos más importantes del Bentogate), está a pocas semanas de llegar a su fin.
Las fuentes agregaron que es probable que, a mediados de setiembre o principios de octubre, el fiscal general Dante Vega solicite el juicio contra los casi 30 sospechosos que tiene el caso que nació en marzo del 2020.
La misma tuvo su ebullición en mayo del año pasado, cuando se solicitaron una serie de allanamientos en búsqueda de pruebas que confirmaran la existencia de una red dedicada a sacar presos de la cárcel a cambio del pago de miles de dólares de coimas que llegaban al Juzgado Federal Nº1 de la provincia, ubicado en el edificio de calle España y Pedro Molina de Ciudad, y se ordenaran las primeras detenciones.
El análisis del informe
En la resolución que se ventiló este martes, el juez Puigdéngolas analizó uno de los informes técnicos presentados en las últimas semanas, considerado de “alto nivel probatorio”, debido a que acreditaría la hipótesis de los investigadores, es decir, la existencia de una asociación ilícita.
Cuando se desplegaron los allanamientos en mayo del año pasado, los efectivos de Investigaciones secuestraron de la casa del barrio Palmares del hijo de Diego Aliaga, Juan Ignacio, elementos tecnológicos de almacenaje que fueron peritados.
Uno de los aparatos fue un disco duro marca Toshiba 48GGTQH3T de 500 GB. De allí se extrajeron una serie de videos como evidencia.
Tomando como partida la declaración de Barrera en el Bentogate, quien aseguró que Diego Aliaga grababa sus encuentros porque era “su seguro de vida”, analizaron un archivo numerado como 1, registrado con el nombre IMG_4763.mp4, que posee audio y tiene una duración de 15.02.
En el mismo se observa un encuentro entre el abogado Alba y el llamado nexo, Diego Aliaga, en la oficina del primero de los citados.
Se trata de una grabación realizaba por el mismo Aliaga en la queda en evidencia que se pasaban documentación de causas judiciales y administrativas “de la que ambos tendrían interés en común”.
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Los detectives señalaron que lo más relevante surgió de un supuesto negocio inmobiliario, el que sería derivado de una causa judicial.
En uno de los tramos, tal como reveló El Sol el 13 de julio, consideran que tienen que incluir en el negocio al juez Bento. Se refieren a él como el “TOBEN”, y “evalúan el modo en el que otorgarían participación en esa acción de la que refieren ascendería a un millón de dólares”.
De uno de los tramos de la conversación, se desprenden las palabras de Alba a Aliaga, referidas a ese negocio: “Esperate que te voy a ofrecer otro negocio distinto, vamos a ver la finca primero, creo yo que es más redituable si vas a hacer una inversión, que vengas a ver la finca. Después de ver la finca yo te voy a hacer un planteo de un negocio, pero primero vamos a verla y te voy a decir como lo podemos encarar al TOBEN para meterlo en negocio, pero ósea, primero vamos a ver la finca”.
Aliaga: “¿Primero podés hacer conmigo la huevada?
Alba: “Sí, pero no, no, no.
Aliaga: “Antes de meter a los giles, porque siempre es para los demás huevón”.
Los investigadores sentenciaron que, gracias a tipo de diálogos, se pudieron extraer una multiplicidad de elementos probatorios que certifican distintos extremos de la investigación y que concluyen con la existencia de una presunta organización ilícita.
Básicamente, entienden que demuestra que Alba era cumplía un rol de organizador al proponerle un negocio a Aliaga, sindicado como nexo y hombre de confianza del juez. En el encuentro se expresó que verían cómo incluir al juez y presunto jefe de la banda, lo que sirvió para confirmar una de las hipótesis que tiene el expediente.