A principios del año pasado, un allanamiento en un domicilio del barrio La Favorita Nueva de Ciudad terminó en un escándalo que sacudió a Policía de Mendoza. Cuatro policías de la Unidad Investigativa Departamental Capital (UID) fueron denunciados de quedarse con droga y dinero hallados en el procedimiento.
De acuerdo con la instrucción, los dos efectivos que lideraban las actuaciones hicieron un arreglo con el sujeto aprehendido durante la medida. El acuerdo consistía en no declarar la totalidad de los elementos incriminatorios encontrados durante la requisa, a cambio de quedarse con poco menos de 100.000 pesos.
Un funcionario de Delitos Tecnológicos, que prestó apoyo en el registro domiciliario y advirtió la maniobra ilícita, denunció la situación ante las autoridades y complicó a sus colegas. A la pesquisa se sumaron charlas de WhatsApp, fotos extraídas de celulares y testimoniales, que se transformaron en la clave para que los acusados llegaran a juicio.
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El debate comenzó esta semana en los Tribunales federales de calle España, donde el oficial inspector Leonardo Martín Vaquer Terraza (38), el oficial subayudante Emanuel Alejandro Gallardo Grasso (29), el auxiliar segundo Alfredo Daniel Cortez Garay (36) y auxiliar primero Gerardo Daniel Agosta Pérez (35) se sentaron por primera vez en el banquillo de los acusados.
Junto a ellos también es juzgado Ariel Alexander Rivas Rosales (29), el empleado de seguridad privada que tenía en su poder la droga y que es uno de los sospechosos más complicado.
Enfrenta acusaciones por cohecho activo, por ofrecer dádivas a los funcionarios públicos, y por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, debido a los envoltorios de cocaína que habrían hallado en su propiedad y luego fueron descartados por los efectivos.
En cuanto a los policías, Vaquer Terraza llegó procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo, falsedad ideológica y encubrimiento; Gallardo Graso por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y encubrimiento; Cortez Garay por incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y encubrimiento; y Agosta Pérez sólo por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
Durante los primeros días del juicio comenzaron a declarar los testigos y se presentó el material probatorio. Una vez que finalice esa etapa, se espera que la próxima semana se desarrollen los alegatos, en los que la auxiliar fiscal María Eugenia Abihaggle solicite la condena para los cinco acusados.
Chats y fotos, las claves
Todo comenzó durante la tarde del martes 24 de enero de 2023, cuando los policías de la UID Capital se dirigieron hacia una vivienda de la manzana K de la citada barriada de La Favorita para desarrollar una medida judicial solicitada por el fiscal Correccional Juan Carlos Alessandra.
Los sabuesos de Investigaciones irrumpieron en la propiedad y dieron con un arma de fuego, 95.000 pesos en efectivo, entre seis y siete envoltorios de cocaína en el interior de un tarro y una cantidad no determinada de envoltorios con la misma sustancia en una bolsa, surge del expediente.
Por ese hallazgo, fue aprehendido Rivas Rosales, quien reconoció rápidamente a Vaquer Terraza, ya que ambos habían disputado campeonatos de fútbol de la Policía de Mendoza.
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Frente a eso, el sospechoso le habría dicho al oficial inspector: “Como no me vas a ayudar, si querés quédate con esto”, señalando los billetes que estaban siendo incautados por los efectivos.
En ese momento, surge de las testimoniales, Vaquer Terraza no contestó. Pero luego le solicitó al auxiliar de Delitos Tecnológico que prestaba apoyo en procedimiento y también a sus subordinados -Cortez Garay y Agosta Pérez- que se retiraran del interior de la propiedad.
Por unos instantes, adentro del inmueble allanado sólo quedaron Vaquer Terraza, Gallardo Grasso y Rivas Rosales. Del requerimiento del fiscal Fernando Alcaraz surge que fue allí que se terminó de pactar el acuerdo para que los policías se deshicieran de la droga hallada, a cambio de quedarse con los 95.000 pesos.
Así, descartaron darle aviso a la Policía Contra el Narcotráfico (PCN), tal como lo dicta el procedimiento cada vez que se encuentran estupefacientes durante un operativo, y sólo presentaron en la Oficina Fiscal Nº 2 una bolsa con el secuestro, en la que sólo se encontraba el arma de fuego y las municiones habidas. En el acta del procedimiento, firmada por Vaquer Terraza y Cortez Garay, tampoco constaba el hallazgo de los envoltorios de marihuana y mucho menos del dinero.
En paralelo, el policía de Delitos Tecnológicos que participó del procedimiento, denunció la situación ante sus superiores. Rápidamente, personal de la PCN se dirigió hasta la base de la UID Capital, que funciona en la Comisaría Quinta de avenida Juan B. Justo y detuvo a los cuatro efectivos acusados.
Al requisarlos, les hallaron 15.900 pesos en efectivo y sus cuatro celulares. El análisis de esos teléfonos se transformó en la clave para avanzar con las imputaciones contra los funcionarios sospechados de las fraudulentas maniobras.
Una de las pruebas de mayor relevancia del expediente fue la conversación de WhatsApp entre Cortez Garay y Agota Pérez. En el intercambio de mensajes, hablaban de que “el Leo”, en referencia a Vaquer Terraza, “no quiere llamar a narco (la PCN)”. Incluso, en la charla mencionan que “el de análisis (Delitos Tecnológicos)” y “el testigo” ya habían visto “las bolsas” con cocaína halladas en la propiedad de Rivas Rosales.
Además, en el celular de Cortez Garay se hallaron fotografías de los envoltorios con la droga encontrados dentro de un cajón, en el interior de un tarro y una bolsa de nailon. Es más, la lata que guardaba las dosis de cocaína, así como también una balanza de precisión, fueron posteriormente secuestradas en otro allanamiento y se comprobó que tenían restos de la sustancia blanquecina mediante un narcotest.
Con esas pruebas recolectadas, en agosto del año pasado Alcaraz solicitó la elevación a juicio y esta semana los cinco acusados empezaron a ser juzgados.