Durante años, los vecinos de la localidad Eugenio Bustos, en San Carlos, los vieron moverse como si nada, pese a tener decenas de causas e investigaciones que les pisaban los talones. Eran los dueños de la noche en el barrio Los Robles. Se los señalaba por vender sustancia estupefaciente en pequeñas cantidades, cometer robos, agredir a otros vecinos e incluso advertir con precisión cuándo personal policial iba a allanar sus viviendas. A pesar de que fueron detenidos otra vez el viernes por la tarde, cuando efectivos de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) irrumpieron en sus domicilios, ambos recuperaron la libertad en tiempo récord.
Javier Alejandro Martínez Barroso, un jornalero de 32 años apodado “Kaká”, y Jonathan David Nievas Díaz, conocido como Oso”, de 35 y también peón rural, fueron capturados el viernes a las 17.30 por venta de drogas en tres allanamientos. Sin embargo, este lunes luego de una audiencia de formalización de la acusación en los Tribunales Federales de Ciudad volvieron a sus hogares. Y hasta sus familiares festejaron su corta estadía tras las rejas cuando subieron imágenes a sus perfiles de redes.
Ambos estaban en la mira de la PCN desde hacía tiempo. El Ministerio de Seguridad había informado con éxito que ambos sumaban “70 causas” por delitos variados, principalmente vinculados al narcomenudeo. Pero los pesquisas judiciales no lograron mantenerlos en situación de encierro porque las pruebas en su contra, estimaron, no fueron suficientes para enviarlos a la cárcel.
Esta última investigación permitió desarticular varios puntos de venta de droga que se identificaron luego de trabajos de seguimiento y vigilancia. Los dos fueron detenidos durante una serie de allanamientos coordinados por la PCN del Valle de Uco. Se les secuestró marihuana fraccionada para la venta, dinero en efectivo, celulares y balanzas. También fueron identificadas personas allegadas a ellos y posibles compradores.
Según comentaron fuentes policiales y vecinales a este diario, la historia del Kaká y el Oso es la de dos hombres que se mueven al margen del sistema desde hace años. No manejaban grandes cargamentos de droga, pero supieron organizarse con para sobrevivir en el citado complejo: vendían pequeñas cantidades en horarios nocturnos, usaban a familiares como pantalla, evitaban acopiar en sus casas y tenían información precisa sobre los movimientos policiales, “gracias a sus contactos con algunos abogados”, detallaron.
“Parecía que siempre les avisaban antes de los allanamientos”, contó un vecino a El Sol que pidió reserva. Y agregaron los investigadores. “Hacían la diaria”. Es decir, comercializaban lo justo para cubrir sus gastos de la jornada, sin ostentar lujos. “Vendían para comprar vino y asado”, detallaron desde la zona.
Sus domicilios están ubicados en el tranquilo barrio Los Robles, a metros de una empresa de bebidas. Según la denuncia de los propios vecinos, robaban mercadería que luego revendían en el mismo pueblo. Con esa lógica —entre el narcomenudeo, los robos menores y algunas changas— construyeron un estilo de vida que parecía blindado.
Martínez Barroso había terminado en junio del 2023 una condena a tres años de prisión efectiva. Cuando los policías irrumpieron en su domicilio, permanecía con su pareja, de 31 años. Le encontraron un frasco de vidrio con marihuana en picadura, con un peso total de 6,1 gramos. En otro recipiente plástico había 46,8 gramos en flores. También un par de envoltorios con más cannabis, un molinillo plásticos, un librillo y 129 mil pesos. Los policías incautaron dos teléfonos celulares, un Samsung y un Motorola.
Por su parte, Nievas Díaz acumulaba averiguación de hechos como robos y lesiones, pero ninguna lo había llevado a la cárcel por mucho tiempo. Durante el allanamiento del viernes, se encontraba con otros dos hombres, uno de 33 y otro de 31. En el registro domiciliario dieron con 8 envoltorios de nylon con marihuana, un par de porros y una balanza digital.
Ambos habían tenido suspensiones de juicio a prueba pero los marcaron como activos en el circuito narco local cuando fueron capturados la semana pasada. Por lo que detallaron fuentes judiciales, como no presentaban antecedentes computables y la marihuana secuestrada era en escasa, ordenaron su libertad bajo medidas restrictivas.
Además de las detenciones, en los procedimientos fueron identificados una empleada municipal, un obrero rural y otras personas que presuntamente tenían contactos con los sospechosos o eran clientes habituales.
A pesar de lo incautado, la causa no tuvo el peso suficiente para dejarlos presos. Durante la audiencia de imputación se consideró que, al no contar con condenas vigentes, correspondía excarcelarlos a pesar de ser imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Dejaron una celda luego de una caución juratoria, promesa de someterse a proceso, obligación de presentarse mensualmente “para firmar” y les prohibieron la salida de la provincia.
Los vecinos, por su parte, señalaron que desconfían de que el estilo de vida de ambos sujetos cambie. “Van a seguir vendiendo como si nada. Esto fue solo una pausa”, expresó un comerciante de la zona.