El titular del Quinto Juzgado de Garantías de la Justicia provincial, Marcos Alberto Pereira, le concedió hace pocas horas el beneficio de la prisión domiciliaria a la hija mayor de Sandra Jaquelina Vargas (38), la señalada jefa de una banda vinculada a diversos hechos de sangre y comercialización de drogas conocida como la Yaqui–, quien quedó embarazada en la penitenciaría de El Borbollón en los primeros días de enero.

El juez de segunda instancia hizo lugar a un pedido de la defensa de Silvina Jaquelina Gelvez y el miércoles, después de que le fijaran una caución real de 20 mil pesos, la joven volvió a su hogar de la manzana G del barrio Los Toneles, de Godoy Cruz. El dinero fue depositado a las pocas horas de conocerse la decisión de Pereira. 

El fiscal que lidera las instrucciones en la Justicia local, Juan Carlos Alessandra, había rechazado la semana pasada la presentación del abogado de la imputada porque entendía que no corría riesgo su embarazo y podía continuar en ese estado en prisión.

​Gelvez fue detenida junto con su madre el 14 de marzo en la localidad de Juana Koslay, en San Luis.

De todas formas, Pereira accedió al requerimiento y le concedió el beneficio después de que permaneciera 381 jornadas detenida. El juez coincidió con la Justicia federal, que también había resuelto el pedido a favor de la joven de 22 años 

​Gelvez fue detenida junto con su madre el 14 de marzo en la localidad de Juana Koslay, en San Luis, y la acusaron por cuatro delitos que no son excarcelables. La Justicia federal la procesó por venta de drogas y lavado de activos y la Justicia local dictó la prisión preventiva por falso testimonio agravado y asociación ilícita en calidad de miembro. 

Los investigadores creen que, con el apoyo de su madre y otros familiares, Gelvez participaba activamente en una organización. Es más, confirmaron, explicaron fuentes judiciales, que mintió en una causa para complicar a un sospechoso y también tenía a su nombre autos de alta gama cuando no trabajaba. 

Desde que las autoridades conocieron que la hija de la Yaqui estaba encinta, comenzaron a las especulaciones, las explicaciones y también las presentaciones. 

La defensa no tardó en reaccionar e hizo una presentación ante el juez federal Walter Bento para que le otorgaran la prisión domiciliaria. En tiempo récord, ese fuero respondió y le concedió el beneficio. 

Sin embargo, el fiscal Alessandra se tomó su tiempo para analizar la presentación. Solicitó que se hiciera una encuentra ambiental en el barrio Los Toneles y también pericias psicológicas y físicas. Si bien el aporte de los habitantes de la zona la favorecía –declararon, entre otras cosas, que era una excelente vecina–, el fiscal negó el pedido porque el embarazo no corría riesgo y podía transitarlo en la cárcel y, además, entendió que podía perjudicar la investigación si volvía su casa. Pasó el expediente a la Justicia de Garantías, y el juez Pereira coincidió con la Justicia federal. 

De esta forma, la joven acusada en cuatro causas volvió a su domicilio, donde también está su hermana de 17 años, quien también fue detenida el año pasado –e imputada por falso testimonio y asociación ilícita– y recuperó la libertad porque estaban embarazada. Esta chica dio a luz a un varón en la Clínica Pelegrina. 

​Silvina Gelvez es una de las imputadas que tienen las causas, y la mayoría está tras las rejas: se trata de la madre, la Yaqui; tres tíos –dos mujeres, Patricia y Natalia, y Carlos el Guatón Vargas–; cuatro primos –Jonathan Brizuela, Carlos el Junior y su hermano el Juampi y Pablo Lucas Vargas, conocido como Perita–; su abuela paterna –Nora Gatto– y Miguel Ángel Valdivia, pareja de una de sus tías. 

Además de las citadas causas, los primos están imputados y son investigados por asesinatos, tentativas de homicidio, abuso de armas de fuego y hasta usurpaciones.

No demoró en resolver

El viernes 27 de marzo, el fiscal de Godoy Cruz Juan Carlos Alessandra, quien investiga las causas contra la organización criminal que se sospecha que operaba desde hace años en los barrios del oeste, le informó al juez de Garantías Marcos Pereira que rechazaba el pedido de prisión domiciliaria de la hija de la Yaqui, luego de los informes de una encuesta ambiental y pericias psicológicas y físicas, tal como informó El Sol la semana pasada.

Primero, la Justicia federal –el juez Walter Bento instruye las causas por lavado de dinero y venta de drogas– había accedido al pedido, pero Gelvez continuaba en la cárcel de El Borbollón porque dependía de la decisión de la Justicia provincial. El miércoles, el juez Pereira entendió que podría permanecer detenida en su domicilio y le fijó una caución de 20 mil pesos, suma que no demoró en ser depositada.

Quieren saber si podía acceder a visitas conyugales

La prisión domiciliaria a la que accedió la hija de Sandra Jaquelina Vargas –la Yaqui– después de quedar encinta durante su estadía en la cárcel de El Borbollón generó que se investigue si tenía acceso a lo que se conoce como visitas conyugales. Así lo informaron desde el Servicio Penitenciario. Fuentes carcelarias afirmaron a este diario que Gelvez no estaba autorizada para mantener encuentros íntimos en el interior del penal. Para poder acceder a las mismas, se tiene que acreditar vida marital o concubinato previo a la detención. Se pueden autorizar visitas posteriores a la captura siempre y cuando el vínculo supere el medio año.

Tienen prisión domiciliaria 125 mujeres 

Hasta ayer, en la cárcel de El Borbollón había a 127 mujeres detenidas, contando las que tienen condena y prisión preventiva. De este total, sólo dos están embarazadas con gestación que supere los seis meses.

Por su parte, hay 125 féminas con prisión domiciliaria. Y el 90 por ciento de ellas accedió al beneficio por estar encinta o tener hijos, explicaron fuentes del Servicio Penitenciario. Además, 12 mujeres se encuentran en el Régimen Abierto de Mujeres (RAM). Se trata de  as imputadas o sentenciadas que han sido madres y pasan sus días junto a sus hijos.

La interna Regina Ferreto, que permanecía en el RAM, se  transformó el año pasado en ser la primera mujer a quien las autoridades le quitaron su hijo por decisión de la Justicia de Familia. Esta joven de 24 años fue condenada en diciembre del año pasado a perpetua por matar a su otro bebé, Leonel Gaspar (2), junto con su pareja, Jesús el Podrido Soria, en enero del 2013. En setiembre de ese año dio a luz a otro varón. Por denuncias de malos tratos e informes negativos sobre su maternidad en el RAM, la separaron de la criatura.