Esta semana se desarrolló la tercera jornada de debate por el conmocionante crimen de Diego Alfredo Aliaga (51), el ex despachante de aduana e informante policial, con presuntos vínculos con el mundo judicial federal, secuestrado y asesinado entre fines de julio y principios de agosto del 2020.
Parecían días tranquilos en los Tribunales Federales hasta que la armonía se rompió: se inició un inesperado conflicto entre uno de los cinco procesados, Diego Barrera y su defensor oficial, Rodrigo Sánchez Buscema, que generó preocupación en el tribunal.
El imputado aseguró que presentará una denuncia porque no se sentía representado por el letrado, agregando que grabó una conversación que tuvo con él en la cárcel de San Felipe y que la adjuntará como prueba, debido a que le contó que “la perpetua contra él era prácticamente un hecho”, tal como detallaron fuentes judiciales a El Sol.
El letrado pidió la palabra y le contestó a Barrera y a las partes asegurando que no iba a continuar defendiéndolo al sentirse ofendido por sus palabras.
Las fuentes agregaron que todo ocurrió cuando Barrera pidió la palabra luego de que terminaran de leer la citación a debate de la fiscalía. Palabras más, palabras menos, señaló que se habían vulnerado sus derechos porque no se sentía representado por el defensor oficial. Se basó en la entrevista que mantuvieron unas semanas antes del inicio del juicio en la citada penitenciaría, la que duró más de una hora y media.
El procesado señaló a los camaristas Alberto Daniel Carelli, Alejandro Waldo Piña y María Paula Marisi, entre otras cosas, que Sánchez Buscema le trasmitió que no podía tener un contacto directo con él porque también tenía a otras “300 personas” que defender, que era “una persona difícil”, que a él “se lo había chupado la federal por haber estado con Aliaga” y que en el ambiente tribunalicio se hablaba de que será sentenciado a la pena máxima.
Luego de la postura de Barrera y la decisión de Sánchez Buscema de no continuar asistiéndolo, cuando se retomen las audiencias, otro defensor oficial se hará cargo de su representación en el juicio.
Una vez terminada la feria judicial, el 9 de febrero, está previsto que se dé inicio a la lectura del requerimiento de la querella. Este proceso podría demorarse un par de jornadas, por lo que es probable que los primeros testigos comiencen a desfilar por la sala ubicada en el edificio de calles Pedro Molina y España a principios de marzo.
Todo tiene que ver con todo
El caso tiene cinco procesados: la familia Barrera, compuesta por Diego –socio de la víctima–; su esposa, Bibiana Sacolle; los dos hijos de ella, Lucas y Gastón Curi, y un empleado de la pareja en la empresa de transportes para discapacitados Solcito, Washington Yamil Rosales. Todos arriesgan prisión perpetua, pero uno de ellos podría recibir algún tipo de beneficio porque declaró como “arrepentido”.
El proceso oral que se está desarrollando en el Tribunal Oral Federal Nº1 promete ser extenso. Es más que probable que los primeros testigos comiencen a declarar recién en marzo y la sentencia se conozca antes de la feria de julio. Los procesados también tienen pensado dar su versión de los hechos.
Existe un motivo para esto: en las primeras jornadas se realizó lectura del extenso requerimiento de elevación a juicio que realizó el fiscal de instrucción de la causa, Fernando Alcaraz. Se pasó a un cuarto intermedio hasta el 9 de febrero, día en que se iniciará la lectura de la elevación de la querella.
El representante del Ministerio Público realizó, en 169 páginas, un pormenorizado análisis de todas pruebas incorporadas en el expediente que nació con como “autos FMZ 12062/2020-D caratulados Fiscal s/ averiguación secuestro extorsivo” y el Tribunal ordenó que todo el material sea expuesto ante las partes.
Desde los primeros momentos de la instrucción para el fiscal que investigó la causa –en el debate la acusadora es María Gloria André–, Aliaga fue secuestrado, retenido y ocultado la mañana del 28 de julio cuando tenía pensado encontrarse con Diego Barrera en un centro de rehabilitación para chicos discapacitados que estaban construyendo en una propiedad ubicada en un predio de calle Bandera de los Andes, en Rodeo de la Cruz.
Al parecer, durante esa jornada estaba prevista una inspección municipal para intentar avanzar en la habilitación del proyecto. Esta era la versión que Barrera y su familia habían dejado trascender a su entorno. Sin embargo, para los investigadores judiciales esto fue una coartada que tenían planificada Barrera y Sacolle para lograr que Aliaga se dirigiera hasta ese lugar.
De allí parte la acusación contra la mujer. Además de algunas comunicaciones que detectaron y fueron analizadas por los detectives y llegaron a comprometerla con el hecho, por lo que terminó procesada.
Se cree que hubo una discusión en el inmueble y Aliaga terminó muerto horas después. Los detectives policiales y judiciales sospechan que existió un plan para matar con fines económicos al empresario que vivía en el barrio Palmares, de Godoy Cruz.
Explicaron que allí fue reducido y trasladado en una combi hasta un galpón de calle Jujuy, de Ciudad. Lo mantuvieron con vida algunas horas y luego lo asesinaron.
Trasladaron el cadáver y lo enterraron en la zona de Costa de Araujo. Recién el 11 de setiembre, cuando Barrera y su familia llevaban más de un mes detenidos, y gracias a la confesión de Yamil Rosales, los pesquisas encontraron el cuerpo de Aliaga bajo tierra.