Una causa que se inició a partir de denuncias por una maniobra piramidal vinculada a inversiones agrícolas tuvo su desenlace judicial este lunes por la tarde: un acuerdo de juicio abreviado derivó en una condena por el delito de estafa genérica contra el único imputado que tenía el caso.
Minutos después de las 14, en un juicio abreviado inicial, fue sentenciado Fernando Gabriel Delini por una maniobra de estafa que había sido revelada por este diario a fines de mayo del 2022 y que generó fuerte repercusión en ámbitos judiciales y administrativos. El fallo contempló tres años de prisión efectiva tras un acuerdo alcanzado entre las partes.
El entendimiento fue celebrado entre la fiscal de Delitos Económicos Mariana Pedot y la defensa del imputado. También participaron en el proceso los abogados querellantes Federico Ábalos y Alfredo Guevara, en representación de los damnificados, quienes dejaron en claro que no estaban de acuerdo con el monto de la pena. La sentencia fue homologada por la jueza Miriam Nuñez, quien, de esta forma, dio por concluido el proceso que llevaba más de tres años.
Investigan denuncia millonaria por estafa piramidal con siembra agrícola
Las víctimas aseguraron que la estafa es millonaria. Denunciaron que se trató de un engaño típico “piramidal” en Mendoza. Apuntaron contra dos hombres cómo “líderes de la organización” y su falsa promesa de inversión con la siembra de productos agrícolas y…
La investigación se inició a partir de una serie de denuncias que describían un esquema típico de estafa “piramidal” en Mendoza. Las víctimas señalaron que se ofrecían supuestas inversiones vinculadas a la siembra de productos agrícolas, principalmente ajo y zanahoria, a través de una firma denominada “Ajos del Sur”.
La propuesta consistía en aportar capital en dólares con la promesa de obtener ganancias a partir de la producción y comercialización de las cosechas.
Según surge de las actuaciones, se acumularon al menos 10 causas por hechos de similares características. Los denunciantes afirmaron haber entregado sumas que oscilaban entre 5.000 y 10.000 dólares, e incluso montos superiores, a cambio de pagarés y contratos de reconocimiento de deuda.
Sin embargo, con el paso del tiempo, los documentos vencieron y el dinero no fue reintegrado. En varios casos, los propios damnificados sostuvieron que las plantaciones prometidas nunca se concretaron.
Cuando trascendió el caso, las presentaciones habían quedado radicadas en la fiscalía de Delitos Económicos y se hablaba de más de 100 posibles afectados, algunos de ellos vinculados al ámbito de los Tribunales Federales y organismos descentralizados del Estado, además de inversores de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.
La falta de devolución de los fondos y el incumplimiento de los compromisos asumidos derivaron en la judicialización del conflicto.