Walter Bento comenzó con su declaración indagatoria. A dos meses de la imputación en su contra como jefe de una asociación ilícita, lavado de activos, cohecho y enriquecimiento ilícito, el titular del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza se desligó este miércoles en el propio edificio de los Tribunales de todas las acusaciones del fiscal General Dante Vega y el juez sureño Eduardo Puigdéngolas.

Básicamente, desde las 9.30 hasta antes de las 15 –el procedimiento continuó durante la siesta y podría terminar en horas de la tarde noche–, cuestionó la actitud del Ministerio Público que lo viene investigando desde hace más de un año, tal como hizo su mujer, Marta Isabel Boiza, un día antes pero a través de un escrito y sin contestar preguntas.

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“Negué completamente los hechos y brinde explicaciones. Señalé que no conozco a la mayoría de las personas imputadas, me agravié de la detención de abogados del fuero de los cuales el fiscal (Dante Vega) sólo busca conseguir arrepentidos falsos”, contó, de acuerdo con su defensa, el magistrado.

Y agregó: “Recalqué que soy ajeno completamente a actos de terceras personas, que no tuve conocimiento e intervención en hechos de pedido de dinero de otros. Fundé la legalidad de los procesos objetados y mis fallos, avalados por fiscales, la Cámara Federal, y la Cámara Federal de Casación. No se probó en ningún momento una entrega de dinero, ni un enriquecimiento ilícito, ni un acto de lavado de dinero. Cuento con informes contables de reconocidos profesionales que han examinado mi patrimonio y justifican mis bienes y viajes”.

El magistrado está acusado de formar parte de una asociación ilícita con un grupo de abogados y con el señalado nexo para arreglar las causas, el ex despachante de aduanas Diego Aliaga, asesinado a fines de julio del año pasado.

Después de las imputaciones y allanamientos que se realizaron el 5 de mayo, la fiscalía mostró sus pruebas y sostuvo que el juez Bento era quien recibía grandes sumas de dinero a cambio de alivianar la situación procesal de detenidos, principalmente los acusados de contrabando.

Un par de abogados sospechados, Martín Ríos y Matías Aramayo, declararon como arrepentidos y aseguraron que las maniobras existieron.

Otros sospechosos de cometer delitos también aseguraron que pagaron para lograr la excarcelación. Producto de esos ingresos ilegales, la fiscalía sostiene que el juez adquirió autos y casas y que realizó decenas de viajes de placer al exterior.