Saúl Gonzalo Beterette nació en Formosa el 19 de junio de 1984 pero está radicado en Mendoza desde hace muchos años. Vivió en una casa del barrio Smata de Villa Nueva, Guaymallén, hasta fines del 2020, cuando se ordenó su detención por orden de la Justicia. Lo acusaron de un grave hecho ocurrido durante la Navidad en una de las celdas de la U-32, el centro de detención de los Tribunales Federales, y desde ese día continúa encerrado.
Beterette es agente del Servicio Penitenciario Federal y su situación procesal no es para nada simple de resolver: está en el banquillo de los acusados desde hace algunas semanas, sospechado de someter sexualmente a una mujer condenada por venta de drogas (se reserva su identidad), quien fue detenida por violar el régimen de la detención domiciliaria un día después del fallo en su contra.
“Yo soy inocente de lo que me están acusando. Nunca fue un abuso, no hubo abuso. Consensuadamente, me masturbó, sí, me masturbó, pero fue consensuado. Soy inocente de lo que me están acusando, no hubo abuso, no hubo sexo oral. Fue consensuadamente, pero no hubo sexo oral ni abuso”, se desprende del descargo que realizó el procesado.
La fiscalía, por su parte, y, gracias al análisis de las pruebas físicas y testimoniales que se incorporaron en el expediente, creyó más en la versión de la víctima y mantuvo detenido al sospechoso. La mujer aseguró que fue abusada por el guardia mientras se encontraba amenazada en la celda.
El caso, revelado con detalles por este diario, tendrá su fallo en las próximas semanas porque el juicio se encuentra en las últimas etapas: a fin de mes se desarrollarán los alegatos de las partes y luego los camaristas dictarán la sentencia.
Beterette declaró en la causa un par de veces y siempre mantuvo la versión de que tuvo relaciones de común acuerdo con la mujer privada de la libertad. Así lo mantendrá su defensa cuando argumente el caso ante las partes.
Paso a paso
La mujer que denunció al penitenciario federal integraba una organización dedicada al comercio de estupefacientes en el Este provincial. El grupo tenía como máximos referentes a los hermanos Malla.
La Policía contra el Narcotráfico desbarató a la banda por completo a fines del 2018 y terminó de confirmar que había dos policías que actuaban como “soplones” de los líderes de la gavilla a cambio de drogas para consumo personal.
El 18 de diciembre del 2020, la cara más visible como cabecilla de la banda, Leonardo Sebastián Malla, fue condenado a 9 años de cárcel. Cuatro hermanos también fueron hallados culpables en ese proceso oral, al igual que los integrantes de la fuerza.
Entre los sentenciados hubo una mujer, quien recibió 6 años de cárcel y se relacionaba directamente con el jefe narco. Como enfrentó el proceso con detención domiciliaria, continuó cumpliendo la pena con ese beneficio.
Un día después del fallo, a las 17.50, efectivos que realizaban tareas operativas en el departamento de San Martín descubrieron que había violado el régimen mientras circulaba como acompañante en una moto robada.
La mujer ofreció resistencia para evitar ser detenida: insultó y mordió a un efectivo y dijo que era portadora de VIH. Cuando la requisaron, hallaron entre sus pertenencias 10.000 pesos. Cuando declaró, dijo que salió de la vivienda donde cumplía la pena porque tenía un hijo internado en el hospital.
Lo cierto es que quedó encerrada preventivamente en la U-32, de los Tribunales Federales, mientras se definía si le revocaban la domiciliaria. Allí permaneció varios días a disposición del Tribunal Oral Federal Nº2 y, durante la Navidad, minutos después de las 14.30, habría ocurrido el abuso.
En la presentación que hizo, la detenida dijo que un hombre comenzó a caminar por el pasillo y que ese le llamó la atención. Agregó que se trataba de un uniformado y que se había quitado la identificación correspondiente de la camisa.
Explicó que le pidió un cigarrillo y que el penitenciario le contestó que le iba a dar uno. Luego, según el relato de la denunciante, le dijo: “Vení, vení acá”.
“Yo me bajé de la cucheta y él se bajó el cierre del pantalón y me hizo que le chupara el pene, yo le dije que no quería”, manifestó la denunciante en la presentación. Y describió: “Me dijo que me callara la boca porque tenía hijos y que le iba a pasar algo a mis hijos si yo decía algo, y que no me iban a poder hacer depósito mis hermanas y que me iban a empapelar para el lunes y que no me iba a ir a ningún lado”.
La mujer contó que la obligó a que le practicara sexo oral y que le pasó las manos por los pechos y la vagina “por adentro del pantalón”. Acto seguido, dijo que el guardia eyaculó sobre ella, su ropa y una almohada. “Me dijo que me quede callada, que no diga nada, que me iba a estar mirando y ahí esperé unos diez minutos más o menos y llamé a la celadora para que me saque al baño”, declaró.
Cuando se encontraba en el sanitario, la denunciante declaró que le dijo a una agente que necesitaba ayuda porque un penitenciario había abusado de ella.
Ante la gravedad de la denuncia, las autoridades penitenciarias y judiciales comenzaron a actuar. Secuestraron las prendas de vestir y también hallaron los rastros de semen sobre la cama, una prueba que terminó siendo fundamental porque se realizó un cotejo de ADN con muestras genéticas del sospechoso y terminó dando positivo.
Como las pruebas lo complicaban, Beterette confesó luego el encuentro con la detenida pero negó el abuso. “Decidí darle el cigarrillo y metí la mano en mi bolsillo para sacar el cigarrillo, ella me dijo, mientras se bajaba de la cama de arriba de la celda, estoy dispuesta a todo, sacó las manos por la reja, me agarró del pantalón y me acerco a la reja. En ese momento me bajé el cierre del pantalón y empezó a tocarme. Yo me sorprendí de la situación y, en vez de salirme, me quedé, no sé por qué. En ese momento eyaculé y cayó en la almohada de al lado de la reja, entre la cama y la reja, en el piso y en sus manos. Yo no decía nada, estaba como asustado, después se agachó en la celda y me dijo:‘Yo también quiero’, creo que pretendía que yo ingresara a la celda. Como yo no decía nada ni hice nada, ella me dijo: ‘Quédate tranquilo, que no sos al único al que se lo hice’. Luego agarró un papel higiénico que tenía al lado del colchón y limpió lo que había quedado en la almohada y me lo pasó en la mano y lo tiré en el cesto de basura. En ese momento me asusté y me fui al baño”, se desprende de la declaración del imputado.
Por último, dijo que nunca la amenazó: “(…) Desconozco que tenga hijos, familia, no sé su dirección, no sé nada de eso. No tengo autoridad ni posibilidad de impedir que le traigan cosas o elementos sus familiares. Tampoco tengo posibilidad de intervenir en su libertad o traslados. Yo no tengo las llaves de la reja, no manejo eso, no puedo acceder a las celdas. Yo cumplo la función de requisa y comparendo, nada más…”.
El caso, que generó un fuerte impacto en la Justicia federal, tendrá su definición a partir del jueves 31, cuando la fiscalía y la defensa desarrollen los alegatos de las partes. Beterette está acusado por abuso sexual con acceso carnal agravado por ser integrante de una fuerza de seguridad, arriesgando entre 8 y 20 años de cárcel.