A comienzos de este mes, una ola de allanamientos avanzó contra un grupo de jóvenes dedicados a emprendimientos con criptomonedas y venta de propiedades virtuales en el metaverso.
La sociedad, liderada por los hermanos Giovanni, Gitan y Genaro Caroglio, fue denunciada de estafar por millones de pesos a más de una treintena de damnificados a través de esquemas piramidales o ponzi con las firmas “We Are Capital” y “Cripto Country“, por lo que quedaron detenidos junto a tres presuntos cómplices: Ignacio Manduca, Hans Breuer y Lucas Salazar.
Mientras avanza la investigación en su contra, los padres de los hermanos Caroglio también quedaron comprometidos en una causa de Delitos Económicos, por un presunto fraude con la venta de vehículos de alta gama.
Este jueves, Daniel Tomás Caroglio y Mónica Nélida Santecchia, fueron imputados por el delito de estafa genérica por el fiscal Flavio D’Amore.
La información judicial sostiene que a principios de junio del año pasado el denunciante de la causa acordó con el matrimonio la compra de dos rodados de lujo: un auto Ford Mustang y una moto BMW R1200 GS.
Posteriormente, el 12 de julio se reunieron ambas partes en una escribanía de avenida Mitre de Ciudad, donde suscribieron los boletos de compraventa de ambos vehículos y acordaron el precio en un total de 100.000 dólares (más de 50.000.000 al cambio blue actual).
Ese mismo día, pactaron que el auto y la moto iban a ser entregados al comprador al día siguiente. Incluso, para avanzar con el papeleo, firmaron los formulario 08 de transferencia de dominio y luego se dirigieron hasta la casa del denunciante, en Godoy Cruz, donde hizo entrega del dinero estadounidense.
No obstante, Caroglio y Santecchia no cumplieron y jamás le entregaron los rodados al comprador. Es más, con el paso del tiempo, la moto fue vendida a un hombre en octubre de 2022 y el auto a una empresa en abril de 2023, de acuerdo con las averiguaciones practicadas.
Lo cierto es que el fiscal D’Amore avanzó en la pesquisa y considerando las pruebas aportadas por el denunciante, a través del querellante Federico Ábalos, decidió imputar al matrimonio, a quien le otorgó el mantenimiento de la libertad sujeto a reglas de conducta.