La causa por presuntas estafas inmobiliarias en el departamento de San Rafael registró un nuevo avance judicial en los últimos días, luego de que la fiscal Andrea Rossi dispusiera una caución real de 10 millones de pesos para el principal imputado, Mauricio Darío Alba, quien continuará sometido al proceso en libertad mientras el expediente se encamina la elevación a juicio.
La resolución ratificó la imputación contra Alba como autor de los delitos de estafa genérica en concurso real con estelionato por una maniobra vinculada a la venta irregular de terrenos.
Según el criterio del MInisterio Público, el imputado se ha presentado a todas las citaciones judiciales, tiene domicilio fijado y acreditó arraigo en el departamento sureño, por lo que no se consideró procedente solicitar su detención preventiva.
No obstante, Rossi entendió que la magnitud del daño denunciado y el impacto social del caso justificaban el refuerzo de las medidas cautelares. Por ello, fijó una caución real por 10 millones de pesos, que deberá cumplirse mediante depósito judicial, embargo, prenda o hipoteca, y otorgó un plazo de cinco días hábiles para su acreditación.
Además, hizo lugar al pedido de la querella, representada por el abogado Emmanuel Apolo, y ordenó la prohibición de salida del país para Alba, medida que deberá ser tenida en cuenta con el objetivo de asegurar su sujeción al proceso.
Imputaron a un empresario por millonarias estafas inmobiliarias con la venta de lotes
Mauricio Darío Alba, un empresario godoicruceño del rubro inmobiliario de 47 años y asegurando ser titular de la firma Ecogrup, fue formalmente imputado este miércoles por estafa genérica y estelionato concurso real, en una causa vinculada a la venta fraudulenta de…
En la misma resolución, la fiscal amplió el decreto de avoque y detalló la maniobra investigada, que se remonta a agosto de 2021, cuando Alba, presentándose como empresario inmobiliario y vinculado a la firma Ecogrup, firmó un contrato de fideicomiso con los propietarios de un terreno ubicado sobre calle Florida, donde se proyectaba un desarrollo de 28 unidades funcionales.
La instrucción sostiene que el imputado nunca adquirió el dominio fiduciario del predio, pero aun así comenzó a vender los lotes como propios a terceros, apoyándose en planos precarios y sin contar con mensura ni habilitación municipal, apropiándose del dinero obtenido y generando un perjuicio patrimonial tanto a los dueños originales como a los compradores.
En ese contexto, la fiscalía atribuyó participación necesaria a otras personas, entre ellas un escribano que certificó firmas y adhesiones al fideicomiso y dos mujeres vinculadas a la empresa, quienes habrían intervenido en la comercialización de los lotes. También quedó complicado un empleado municipal por la emisión de una prefactibilidad sin respaldo administrativo.
Rossi dispuso imputar a estas cuatro personas y así avanzar con su situación dentro de la causa.
Por lo que detallaron fuentes del caso, el expediente se encuentra con la prueba prácticamente producida y a la espera de los próximos pasos procesales, ya que acumula denuncias de varias familias y que mantiene expectativa en el ámbito judicial de San Rafael por su posible elevación a juicio.