La Justicia provincial desestimó una demanda presentada por familiares de Tilma Tovar Macuare y Rodolfo Valentino González Tovar, los turistas venezolanos que fallecieron el 9 de enero de 2022 por intoxicación con monóxido de carbono en el hotel Reina Victoria, ubicado en calle San Juan de Ciudad.
La acción judicial fue iniciada por familiares de las dos víctimas fatales y del menor de edad que los acompañaba y sobrevivió a la tragedia, con graves secuelas en su salud.
Los demandantes exigían una indemnización de $389 millones contra el Ministerio de Salud, señalando una presunta responsabilidad estatal por la falta de asistencia oportuna tras una llamada de auxilio realizada por González Tovar al servicio de emergencias 911.
Según la demanda, el operador del 911 no envió una ambulancia al hotel y cortó la comunicación, lo que fue interpretado por los denunciantes como abandono de persona y falta a los deberes de funcionario público.
Sin embargo, la defensa de la Provincia argumentó que la causa del fallecimiento fue la intoxicación por un artefacto defectuoso en un establecimiento privado, ajeno a la responsabilidad estatal.
En el curso del proceso, la Fiscalía de Estado tuvo un rol clave al detectar que los demandantes ya habían alcanzado un acuerdo indemnizatorio previo con el propietario del alojamiento y la plataforma Airbnb, por 135.000 dólares. Dicho acuerdo, celebrado en el marco de una mediación en sede penal, incluía una cláusula de renuncia a iniciar o continuar cualquier otro reclamo, incluso por causas desconocidas en ese momento.
Ante la omisión de este antecedente en la demanda, la Fiscalía de Estado denunció la maniobra como una posible estafa procesal, dado que los mismos abogados que participaron en la mediación ahora impulsaban el juicio contra la Provincia sin mencionar la compensación ya recibida. En una audiencia posterior, los demandantes se vieron obligados a presentar el acuerdo.
El Cuarto Tribunal de Gestión Asociada, en su sentencia, hizo lugar a la presentación de la Fiscalía de Estado y concluyó que los rubros reclamados ya habían sido indemnizados, por lo que rechazó la demanda en su totalidad. Asimismo, impuso las costas del proceso a los actores, salvo en lo relativo al menor afectado y a la pretensión de daño punitivo.
La tragedia de los turistas
Irma Tovar y Rodolfo González fueron hallados sin vida la tarde del domingo 9 de diciembre de 2022 en el Hotel Reina Victoria, propiedad de José Mansur. Fue personal de limpieza el que dio aviso a la línea de emergencias 911, debido a que las víctimas no atendían la puerta.
Policías se desplazaron hasta el lugar y con un encargado abrieron la puerta. Al ingresar, se encontraron con los cuerpos sin vida de Tovar y González, en medio de restos de vómitos y orina. Mientras que al pequeño lo hallaron en estado de semiinconsciencia y lo trasladaron de urgencia al Notti.
En primera instancia, se creía que los turistas, que residían desde hace un tiempo en Buenos Aires, habían consumido algún alimento en mal estado. Pero los peritajes en la escena determinaron que la causa de las muertes fue una fuga de gas en el alojamiento.
Además, las autopsias revelaron que el joven tenía un nivel de monóxido de carbono del 85% en su cuerpo, mientras que a su madre le detectaron un 75%.
El niño de 5 años se salvó de milagro: ingresó al hospital Notti con un cuadro severo de intoxicación al que se le sumó otro de coronavirus, aunque logró reponerse.
El llamado al 911
Los familiares de las víctimas que viajaron hasta la provincia denunciaron que hubo un llamado previo al 911 por parte de González Tovar, quien solicitó una ambulancia por el cuadro que presentaba su madre y su primo.
El joven venezolano describió los síntomas de sus familiares al profesional de la salud, mientras se escuchaba de fondo el sufrimiento de su madre. Pero el operador desistió de enviar asistencia médica y le pidió que se trasladaran al Hospital Central y al Notti, respectivamente.
Sin embargo, las víctimas nunca pudieron ir por sus propios medios a los nosocomios y al cabo de algunas horas fueron hallados sin vida en el interior de su habitación, mientras que el niño sobrevivió.
El radioperador que recibió la llamada fue inicialmente imputado por abandono de persona en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. El Gobierno también tomó medidas y en julio de 2023 lo despidió.
La similitud con el caso Florencia Romano
La actuación del operador del 911 que desestimó el pedido de auxilio de la familia venezolana que murió intoxicada con gas en un apartamento turístico tiene ciertas semejanzas con el femicidio de Florencia Romano, ocurrido en diciembre de 2020, en el que un vecino denunció que había un caso de violencia de género en la casa donde fue asesinada la adolescente.
En esa ocasión, fue una policía que trabajaba como operadora del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) quien no le dio curso a la denuncia y no envió una movilidad a chequear la situación.
Por la diferencia de tiempo que hubo entre la llamada y el hecho de sangre, se determinó que la vida de la chica podría haber sido salvada.
La efectivo, Soledad Herrera, terminó siendo condenada a 3 años de prisión condicional por abandono de persona en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público en contexto de violencia de género institucional, durante un juicio abreviado.