El ahora condenado confesó.

El reconocido oftalmólogo Pedro Reinaldo Miranda (52) fue condenado este martes por la mañana mediante un juicio abreviado a dos años y nueve meses de prisión de ejecución condicional por una serie de estafas que tuvieron como víctimas a 39 pacientes y allegados. El acuerdo entre la fiscalía y la defensa puso fin a una instrucción que se inició en el 2024 y que reveló un perjuicio económico superior a los 185.000 dólares y los 12 millones de pesos.

La pena fue pactada entre el fiscal Luis Guillermo Parigi y la defensa del profesional, mientras que la investigación estuvo a cargo de la fiscal de Delitos Económicos Mariana Pedot, quien reunió las pruebas que permitieron avanzar hacia una resolución del expediente.

Al tratarse de una condena de ejecución condicional, Miranda no deberá cumplir la pena en la cárcel, aunque quedará sujeto a las reglas de conducta que establece la Justicia para este tipo de sentencias.

El caso había generado un fuerte impacto cuando salió a la luz en octubre de 2024, luego de la detención del médico, quien era una figura conocida en el ámbito de la oftalmología local. Miranda había fundado y dirigido el Centro Oftalmológico Dyter y también encabezaba una fundación del mismo nombre, desde donde impulsó distintas campañas solidarias vinculadas con la salud visual.

El caso permitió reconstruir un esquema que se repitió con decenas de pacientes que se atendían en su clínica. Aprovechando la relación de confianza construida durante las consultas médicas, el profesional les ofrecía participar en supuestas inversiones para adquirir equipamiento destinado al centro oftalmológico.

De acuerdo con la pesquisa, solicitaba sumas que generalmente oscilaban entre los 1.000 y 1.500 dólares y prometía devolver el capital en poco tiempo junto con una importante ganancia.

En algunos casos incluso aseguraba que el dinero se duplicaría. Para dar mayor credibilidad a las operaciones, entregaba pagarés, recibos y documentación firmada, elementos que luego se transformaron en una de las principales pruebas de la causa.

Con el avance de la causa, comenzaron a multiplicarse las denuncias. Lo que inicialmente eran algunos expedientes terminó convirtiéndose en una causa con 39 hechos de estafa, cuyo perjuicio económico fue calculado y terminó siendo millonario.

La causa también incluyó otras líneas investigativas durante la instrucción, entre ellas la situación de su título profesional y su matrícula habilitante, además de algunas intervenciones médicas cuestionadas por pacientes. Sin embargo, el acuerdo alcanzado en el juicio abreviado se centró en los hechos de estafa que logró acreditar la Fiscalía.

Con la homologación del convenio entre las partes, Miranda confesó y no hizo falta realizar un debate oral y público, poniendo fin a uno de los expedientes por delitos económicos que mayor repercusión tuvo en Mendoza durante los últimos años.