El "Colorado el día del crimen, entrevistado por una policía en la puerta del lubricentro. La fiscal Claudia Ríos, a la izquierda.

“Cuando llegamos al lubricentro, todos los chicos se bajaron, y me piden que me baje, ahí me pidieron que me quede adelante con el Colorado, que no necesitaba amenazarlo ni apuntarlo con el arma, porque él estaba con nosotros, él era el que había pasado el dato. Eso no lo sabía, entonces no estaba confiado si estaba con nosotros o no. Una vez dentro del lubricentro, yo le pregunté al Colorado, le decía Gordo, y cuando le dije Colorado, ahí me contestó: ‘¿Qué pasó?’. Y ahí me di cuenta de que era verdad lo que me habían dicho, que estaba con nosotros. Ahí le dije que si llegaba a venir alguien del negocio, que lo atienda, y que de hecho llegaron a comprar, y le dije que fuera y lo atendiera. Y me dijo que le desatara las manos”. Entonces yo le desaté el alambre de una mano, y le quedó colgando alambre de la otra mano, y se fue a atender así, entonces, y cuando él escondió la mano para que no se la vieran, ahí confirmé que él estaba con nosotros. Lo termina de atender, volvemos para atrás, le vuelvo a poner alambre en las manos, se queda agachado; pasaron dos minutos y escuchamos el disparo, y pasaron como tres minutos, y yo no sabía qué hacer. Entonces fui a mirar hacia afuera, para ver qué había pasado, y cuando salieron ellos, salieron normal. Le pregunté qué había pasado, y me dijeron que habían disparado para asustarlo, y nunca los vi asustados. Salieron rápido, nos subimos a la camioneta, y nos fuimos.”

Con esa declaración de instrucción, el confeso malviviente Brian Exequiel Garro cambió el eje de la causa y colocó en el centro de la escena a Ariel Iván “Colo” Quarñolo (31), el único acusado que no admitió su participación en el asalto que terminó con el asesinato del comerciante Norberto Martín Salzmann (51) en febrero del 2023 en Guaymallén y que desde el lunes enfrenta un jurado popular.

El debate oral se desarrolla bajo la dirección del juez técnico Mauricio Juan. La acusación es sostenida por el jefe de la Unidad Fiscal de Homicidios, Fernando Guzzo, mientras que la querella que representa a la familia de la víctima está a cargo de Claudia Vélez. La defensa del imputado la ejerce Fernando Peñalosa, quien aseguró desde el primer día de proceso que su cliente, que trabajaba como empleado de Salzmann, también fue víctima del hecho de inseguridad.

Los otros cuatro integrantes de la banda ya fueron condenados en un juicio abreviado que se desarrolló en noviembre del pasado. Martín Carlos Falcón recibió 23 años y seis meses como autor del disparo; Sebastián Palacio Masmutti y Jorge Romero, 22 años y seis meses cada uno; y el propio Garro, 15 años y medio.

Todos reconocieron su responsabilidad en el homicidio en ocasión de robo. Quarñolo, en cambio, rechazó un acuerdo que contemplaba 13 años y seis meses y optó por someter su caso a la decisión de doce ciudadanos.

Si bien está previsto que el Colorado declare este jueves (como así también otros cuatro testigos), la última jornada también fue importante para el proceso: Palacio Masmutti también declaró que Quarñolo había sido quien aportó el dato de cómo ingresar al lubricentro, la ubicación de las cámaras y el dinero que había. Justamente, se hizo una relación con teléfonos celulares y había un especio de nexo entre estos dos hombres.

La teoría de los investigadores

La hipótesis fiscal es concreta: sostiene que Quarñolo fue quien aportó información determinante para que el grupo actuara con precisión quirúrgica en el lubricentro de calle Mitre casi Mathus Hoyos.

No se trató, según esa teoría, de un robo al voleo. Los asaltantes sabían cómo estaba distribuido el local, dónde se ubicaban las cámaras, que existía un candado que unía el comercio con la vivienda y que ese jueves había dinero en efectivo disponible tras una operación de compra de dólares que el comerciante había concretado horas antes, debido a que estaba juntando dinero para hacer un viaje familiar.

En ese punto, remarcó un dato temporal: el 16 de febrero, a las 15.04, las cámaras captaron a Quarñolo salir a la vereda y encender un cigarrillo. Para los detectives, esto se trató de un “aviso” para la organización criminal.

A las 15.06, la camioneta Chevrolet S-10 robada en la que se movilizaba la banda estacionó frente al negocio. Para el Ministerio Público, ese lapso de dos minutos no fue azaroso, sino parte de una coordinación previa.

Durante el atraco, siempre según las imágenes de las cámaras incorporadas a la causa, Garro debía “custodiar” al empleado. Sin embargo, no se observa que le apunte con un arma ni que lo mantenga bajo control constante.

Por el contrario, Quarñolo atendió a un cliente con una mano atada con alambre y la otra parcialmente liberada, y en al menos dos momentos quedó solo cuando el conductor se dirigió hacia el sector posterior del inmueble. Para la fiscalía, esas secuencias reforzaron el relato que Garro plasmó en su segunda declaración, la que cortó por recomendación de su abogado por las amenazas que había sufrido en condición de encierro.

La víctima tenía 51 años.

El expediente, instruido desde el primer momento por la fiscal de Homicidios Claudia Alejandra Ríos, también indagó en el vínculo laboral entre víctima e imputado. Testigos señalaron que la relación estaba deteriorada y que el comerciante había decidido registrarlo formalmente con la intención de reunir antecedentes para un despido con causa.

Ese mismo día le notificó un apercibimiento por ausencias y llegadas tarde. Declarantes mencionaron, además, problemas vinculados al consumo y deudas asociadas al juego. La acusación consideró que ese contexto aportó un posible móvil.

Otro capítulo relevante gira en torno a las comunicaciones telefónicas. La línea de Quarñolo dejó de estar activa el 6 de febrero, diez días antes del crimen. Él declaró que le habían sustraído el aparato, pero los informes técnicos incorporados indicaron que la línea fue dada de baja y no denunciada como robada. Para los investigadores, ese movimiento previo al hecho no resultó inocuo.

En paralelo, se analizaron conexiones con el entorno de Sebastián Palacio Masmutti, quien declaró este miércoles. De acuerdo con la pesquisa, el celular de la esposa de este último habría sido utilizado por él en la antesala del asalto.

Esa mujer es media hermana de otra que mantiene una relación con un primo de Quarñolo. La fiscalía entiende que ese entramado familiar y los cruces telefónicos constituyeron un eslabón más en la reconstrucción de contactos previos al golpe.

Las escuchas a allegados de los condenados también aportaron referencias a visitas anticipadas al lugar y a la existencia de dinero en el comercio. En esas conversaciones surgió la intención de “robar la caja fuerte”, lo que demostró planificación y conocimiento específico del objetivo.

El fiscal Fernando Guzzo. A la derecha, sentado en el banquillo, Ariel “Colorado” Quarñolo.

La defensa, por su parte, sostuvo que no existe prueba directa que ubique a Quarñolo como entregador. La defensa cuestionó en instrucción la credibilidad de Garro al señalar que declaró después de acordar su propia condena y afirmó que las imágenes admitían lecturas alternativas.

El letrado dijo en el debate que su cliente mantendrá que fue reducido por los asaltantes y que no tuvo injerencia alguna en la organización del hecho que culminó con el disparo calibre 9 milímetros que terminó con la vida de Salzmann frente a su hija.

Así las cosas, el jurado deberá definir este viernes si las piezas reunidas -las declaraciones que lo señalan, los registros fílmicos, los movimientos telefónicos y el contexto previo- alcanzan para tener por probado que fue quien facilitó la información clave, o si, como plantea su defensa, se trató de un empleado que quedó atrapado en un asalto ajeno.