El llamado Bentogate no es una causa más. Salpicó a un juez federal y también a un grupo de abogados y hombres acusados de cometer delitos, entre otros personajes que habrían pagado coimas a cambio de que se alivianara su situación procesal en los tribunales de calle España.
Ante la repercusión que ha generado en el mundo judicial y por informaciones que llegaron a manos de los investigadores de la causa, en las últimas horas se decidió que el fiscal general Dante Vega y su grupo de trabajo permanezcan con custodia policial en sus viviendas y en el ámbito laboral.
De acuerdo con fuentes consultadas por El Sol, se tomó la decisión de resguardar la integridad física del representante del Ministerio Público y de su personal por unas presuntas amenazas que surgieron del círculo íntimo de personajes que son investigados en el expediente que tiene como imputado principal al juez federal Walter Bento.
Se trata de material al que se le ha dado trascendencia por la sensibilidad del tema, aunque por ahora no se ha hecho ninguna denuncia al respecto, más allá de las medidas de precaución lógicas para un caso así.
La información surgió a partir de tareas de inteligencia y hace referencia al contacto que habría existido entre un abogado y hombres que se dedican al sicariato en Mendoza. En limpio: alguien no dudaría en contratar asesinos a sueldo si su situación se complica.
Hace siete días, la Fiscalía y el juez sureño Eduardo Puigdéngolas decidieron desplegar una batería de allanamientos en diversos puntos del Gran Mendoza y el Este para concretar la detención de los sospechosos y secuestrar material de prueba.
También se ordenó la detención del juez Bento como jefe de una asociación ilícita.
Al tener fueros, el magistrado continuó en libertad y declararía en los próximos días.
También fueron detenidos tres abogados -dos de ellos recuperaron la libertad al confesar los hechos investigados-, contrabandistas y fueron citados la mujer del juez (acusado de lavado de activos) y otros personajes acusados de falso testimonio.