La estrategia defensiva del policía Sergio Joel Antúnez, uno de los principales acusados en la megacausa que investiga una presunta asociación ilícita dedicada a cometer robos y escruches en el Gran Mendoza, sufrió este miércoles un duro revés judicial. Con un nuevo abogado al frente de su representación, el efectivo buscó recuperar la libertad mediante una serie de planteos, pero la jueza Claudia Tula rechazó todos los pedidos y continuará alojado en la cárcel.
El cambio de defensa marcó el inicio de una nueva estrategia procesal. El letrado solicitó el sobreseimiento de Antúnez en cuatro causas acumuladas al expediente principal y, además, requirió el cese de la prisión preventiva. Como alternativa, pidió que se le concediera el beneficio de la detención domiciliaria, como ya había sucedido en octubre del año pasado.
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Ninguno de los planteos prosperó. La magistrada desestimó el pedido de sobreseimiento, rechazó el levantamiento de la medida cautelar por el riesgo procesal que existe y también negó la posibilidad de que el policía abandonara el penal para cumplir el encierro en su domicilio. La resolución representó un golpe para la nueva línea defensiva y mantiene sin cambios la situación procesal del miembro de la fuerza, quien todavía no ha sido exonerado.
Antúnez se encuentra imputado como uno de los supuestos organizadores de la estructura criminal que investiga el fiscal de Robos y Hurtos José Manuel García Mango.
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Según la hipótesis de la acusación, compartía el liderazgo de la asociación ilícita con Darío Emiliano Zuleta Sosa, alias Huevo o Hitman, y aprovechaba su condición de policía para aportar información sensible, facilitar los golpes y coordinar parte de la logística de los hechos investigados.
El recorrido judicial del efectivo tuvo varios cambios desde el año pasado. El 14 de octubre, durante la audiencia de prisión preventiva, la jueza Tula ordenó que permaneciera detenido, aunque le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria tras un pedido de su entonces defensa.
Esa decisión duró poco: el fiscal García Mango apeló la medida al sostener que existía un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación y que la gravedad de los hechos, sumada a la condición de funcionario policial del acusado, justificaba el alojamiento en un establecimiento penitenciario.
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Un mes después, la jueza Claudia Vallejos hizo lugar al recurso del Ministerio Público, revocó la domiciliaria y ordenó su regreso a la cárcel, donde permanece desde entonces.
La investigación, revelada por este diario, sostiene que la organización habría operado de manera sostenida desde 2023 y llegó a contar con cerca de 30 integrantes, a quienes se les atribuyen escruches, entraderas, salideras y otros robos de alto impacto económico en distintos puntos del Gran Mendoza.
La acusación se apoyó en intervenciones telefónicas, peritajes sobre teléfonos celulares, seguimientos, análisis de antenas y una serie de allanamientos que permitieron secuestrar armas, dinero, vehículos y otros elementos considerados clave para la causa.
En marzo de este año, luego de seis meses de audiencias, la misma jueza Tula dictó la prisión preventiva para el resto de los sospechosos que tiene la organización.