El sospechoso está preso desde hace más de un año.

La jueza Mirna Montaldi, del Juzgado Penal Colegiado Nº2, rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa del comerciante santafecino de 60 años acusado de abusar sexualmente de su sobrina política durante más de un año.

La defensa, encabezada por el abogado Pablo Cazabán, había fundamentado el pedido en problemas de salud que presenta el imputado en situación de encierro. Sin embargo, la magistrada consideró que aún existen riesgos procesales que ameritan el mantenimiento de la prisión preventiva en un centro de detención.

Pese al rechazo durante la audiencia del jueves pasado, Montaldi ofició a la cárcel para garantizar que el detenido reciba el tratamiento médico ordenado por su médico de cabecera, estableciendo que si el Servicio Penitenciario no cuenta con los recursos necesarios para efectivizar dicho tratamiento, debe ser notificado inmediatamente

Según el expediente judicial, los abusos sexuales habrían ocurrido durante gran parte del 2023 y hasta el 27 de julio del año pasado cuando la familia de la menor, de 10 años, decidió radicar la denuncia.

Los episodios se habrían registrado en múltiples ubicaciones: en la vivienda del imputado ubicada en calle Ramos Mejía del barrio Batalla del Pilar de Godoy Cruz, en su local comercial de la Quinta Sección de Ciudad, y también en su vehículo particular

La víctima, quien tenía entre 8 y 9 años al momento de los hechos, es hija de una hermana de la esposa del acusado. Fue la propia menor quien relató a su madre los padecimientos que venía sufriendo, lo que derivó en la posterior denuncia penal.

El comerciante, dueño de una reconocida panadería ubicada sobre calle Coronel Rodríguez de la Quinta Sección, fue detenido el 26 de agosto del año pasado. Desde entonces, su defensa ha presentado múltiples recursos cuestionando las medidas cautelares que afectan su libertad.

En esas presentaciones, el abogado argumentó que no existía riesgo de fuga y mencionó que su cliente había intentado quitarse la vida arrojándose desde una planta superior del establecimiento carcelario, episodio que le provocó fracturas en las costillas aunque sin poner en riesgo su vida.

El imputado enfrenta una calificación penal de gravedad: abuso sexual simple agravado por ser cometido contra un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente, y abuso sexual con acceso carnal agravado reiterado en un número indeterminado de hechos.

De ser encontrado culpable, el comerciante podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión.

La instrucción, que continúa en la fiscalía a cargo de Gonzalo Marzal, sostiene que los abusos incluían besos en la boca, tocamientos con acceso carnal y la práctica de sexo oral. Algunos de estos episodios habrían ocurrido mientras la menor se bañaba en el domicilio del acusado, utilizando elementos del baño para vejarla, y también cuando la pequeña dormía en un sillón de la vivienda.

El caso continuará su curso en el Ministerio Público con el sospechoso permaneciendo en prisión preventiva hasta que se desarrolle el juicio oral correspondiente.