A comienzos del mes pasado, un policía de Investigaciones fue blanco de una denuncia penal en el marco de las tareas que estaba desarrollando para localizar a un prófugo en dos causas de violencia de género.
La presentación judicial fue realizada por el padre del sujeto que se encuentra en la orden del día, quien apuntó contra un oficial ayudante de la Unidad Investigativa Departamental Guaymallén (UID) por supuestas amenazas.
Pese a que el efectivo jamás mantuvo contacto de ningún tipo con los familiares de ese individuo y sólo estaba cumpliendo con las tareas de campo pertinentes para la detención del sospechoso, la Justicia hizo lugar a la denuncia y desde la Inspección General de Seguridad (IGS) se activó el protocolo correspondiente frente a este tipo de situaciones.
Todo eso desembocó en que el funcionario policial fuese desafectado de sus tareas, ya que por recomendación de Sanidad Policial, dependiente de la Dirección de Capital Humano del Ministerio de Seguridad, le retiraron el arma reglamentaria y le dieron varios días de licencia.
El caso generó un fuerte malestar en la fuerza y encendió las alarmas, principalmente, en la Dirección de Investigaciones, puesto a que, no sólo afectó el trabajo del policía denunciado, sino también podría terminar generando un antecedente negativo y una herramienta para que sujetos investigados en diferentes causas judiciales entorpezcan las tareas de los detectives que integran las diferentes divisiones.
A partir del revuelo que generó la denuncia, que fue calificada por altos cargos de la Policía como “insólita” y “atípica”, desde la Asociación Mutual del Personal Policial (AMUPPOL) presentaron un escrito ante la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura de Mendoza.
En la presentación firmada por el titular, Omar Felipe Alcalde, denunciaron que desde la IGS y Sanidad Policial incurrieron en “arbitrariedades y falta de criterio” a la hora de tratar el caso del detective de la UID Guaymallén.
También sostiene que a partir de la aplicación del protocolo del citado ente de control policial, sin un debido analisis de las denuncias contra el personal, se afectan gravemente sus derechos como trabajadores y también generan una desmotivación para las tareas que deben llevar adelante, favorenciendo a la delincuencia, apunta el texto.
Además, Alcalde destacó que el funcionario perjudicado es un “muy buen policía” especializado en la búsqueda de personas -integró la extinta División Búsqueda de Prófugos– y que ayudó a atrapar malvivientes que protagonizaron casos resonantes en la provincia.
La presentación frente a la Bicameral de Seguridad también aclara que, tanto el prófugo que estaba siendo buscado por el ayudante oficial de Investigaciones como su padre, cuentan con antecedentes por diferentes delitos. Por eso, considera que no es una persona de fiar y que el único objetivo de su denuncia fue proteger a su hijo y entorpecer el trabajo policial.
En ese sentido, considera que adoptar el protocolo en este caso no sólo afectó al detective, sino también a la víctima de violencia de género que había denunciado en dos oportunidades a su ex pareja por amenazas y hurto simple, en enero y febrero, respectivamente.
Teniendo en cuenta esos argumentos, desde Ammupol solicitaron que se analice una modificación en la normativa de la IGS, modificar el rol de Sanidad Policial en materia de los diagnósticos psicológicos a los policías y dotar de cámaras personales a los efectivos para que se registren los procedimientos para que puedan demostrar su inocencia frente a este tipo de acusaciones.
Los chats con el informante, una prueba clave
En la denuncia que Ammupol presentó en la Legislatura provincial, también se hace referencia a los diálogos que mantuvo el policía con un informante que le estaba aportando información sobre el prófugo.
Justamente, ese vecino que estaba colaborando con el efectivo fue quien le contó al padre del acusado de violencia de género, que su hijo estaba siendo investigado por un detective de Investigaciones.
Una supuesta charla entre el informante y el progenitor del sujeto buscado, fue lo que motivó la denuncia por presuntas amenazas contra el ayudante oficial de la UID Guaymallén. De acuerdo con la presentación que se hizo en la Oficina Fiscal Nº 6, el efectivo le habría dicho que “iba a reventar” la casa a la familia del sospechoso.
Por eso, fueron ofrecidos como prueba los chats de WhatsApp que mantuvo el policía con el colaborador. El Sol tuvo acceso a ese registro de la aplicación de mensajería y en esas conversaciones no se aprecia que haya habido alguna actitud intimidatoria por parte del funcionario policial hacia el vecino y mucho menos hacia el entorno del prófugo.
Con ese material, se espera que la situación del efectivo se resuelva rápidamente, tanto en el ámbito penal como en el administrativo y pronto pueda volver a cumplir con sus funciones.