La Cámara Federal de Casación Penal de la Nación declaró inadmisibles los recursos presentados por las defensas de dos de los abogados más complicados que tiene la causa bautizada como Bentogate para intentar conseguir una serie de beneficios que les permitieran dejar la cárcel.

De acuerdo con información a la que accedió El Sol, Jaime Alba y Luciano Ortego, procesados con prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita en calidad de organizadores en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautores en tres y seis hechos, respectivamente, buscaron la excarcelación o, en su defecto, la detención domiciliaria mientras continúa la instrucción en su contra, pero la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza no hizo lugar a los recursos a principios de noviembre del año pasado.

Ante esto, los abogados de los detenidos en la cárcel federal de Chacheuta hicieron nuevas presentaciones para que sea Casación Penal la que tenga la última palabra.

A pesar de esto, con los votos de los camaristas Juan Carlos Gemignani y Eduardo Rafael Riggi –el juez Gustavo Hornos votó en disidencia–, se declararon inadmisibles los recursos presentados.

Básicamente, Gemignani y Riggi entendieron que las defensas no lograron “demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que permita hacer excepción a dicho principio general, toda vez que se ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el a quo consideró relevantes para rechazar la petición”.

Los camaristas analizaron la situación procesal de Alba y Ortego y tomaron el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, cuyos integrantes entendieron que debían continuar encerrados en una cárcel porque, ante la gravedad de los hechos que les imputan, existe riesgo de fuga y entorpecimiento de la instrucción en caso de ser liberados.

Esto sumado a la presunción de que pertenecían a “una organización criminal con actores de diversa índole –integrada por funcionarios públicos (el caso del juez Walter Bento, señalado cómo jefe de banda–, y agentes policiales– y que podrían recibir penas de cumplimiento efectivo en caso de ser hallados culpables.

Así las cosas, Alba y Ortego son los únicos dos abogados procesados en el Bentogate que continúan en la penitenciaría federal.

Los otros tres letrados con mayor trascendencia pública –Martín Ríos, Matías Aramayo y Francisco Chato Álvarez– lograron dejar una celda a pocos días de sus capturas.

Ríos y Aramayo declararon como arrepentidos y esto les permitió recuperar la libertad luego de los allanamientos masivos que se desarrollaron en mayo del año pasado, cuando estalló mediáticamente la instrucción potenciada por el fiscal general Dante Vega.

Por su parte, el Chato Álvarez, quien fue capturado en Capital Federal en diciembre del año pasado, logró el beneficio de la detención domiciliaria luego de que el juez Eduardo Puigdéngolas lo procesara con prisión preventiva sólo por tres casos de cohecho, dejándolo afuera de la imputación como integrante de la asociación ilícita.

Ver también: Sorpresa en el Bentogate: uno de los abogados dejó la cárcel

Esta sentencia de Puigdéngolas fue apelada por el representante del Ministerio Público y será el tribunal de alzada federal de la provincial el que defina la cuestión de fondo.

Todos complicados

El juez Walter Bento (titular del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza) está sospechado de ser el jefe de una banda dedicada a otorgar beneficios a ciertos detenidos de las cárceles locales a cambio de coimas de miles de dólares.

Para el fiscal Dante Vega –investigación confirmada por el juez Eduardo Puigdéngolas– existía una organización vertical en la que el magistrado utilizaba a ciertos nexos o manos derechas –como el asesinado a fines de julio del 2020 Diego Aliaga– para contactarse con abogados defensores particulares y así arreglar el pago de las coimas.

Todo saltó a la luz gracias a la detención de un narco identificado como Walter Bardinella Donoso, quien fue apresado en marzo del 2020 por un millonario cargamento de marihuana.

Al secuestrar y peritar su teléfono celular, efectivos de la Policía contra el Narcotráfico de Mendoza descubrieron que había llamadas y mensajes con Aliaga y abogados, y los investigadores entendieron que se trataba de arreglos para morigerar la situación procesal de los delincuentes, principalmente acusados por contrabando.

El avance de la causa permitió detener e imputar a más de 25 sospechosos.

El juez Bento, que está en la mira como el último eslabón de la presunta organización, es quien más imputaciones tiene.