Las repercusiones continúan en la Justicia federal tras la imputación del juez Walter Bento, acusado de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de otorgar beneficios a imputados en causa que se encontraban bajo su órbita.
En las últimas horas comenzaron a presentarse nulidades y pedidos de revisión sobre resoluciones que fueron dictadas en el último tiempo por el magistrado sospechado en la investigación por las maniobras ilegales, que investigan el fiscal General Dante Vega y el juez Eduardo Puigdéngolas.
Se espera que durante la semana diferentes letrados de la provincia se sumen a los reclamos sobre los fallos del juez que quedó en el centro de la polémica.
En uno de las presentaciones que se realizaron, a la que tuvo acceso El Sol, el defensor de un acusado en una causa de drogas, Maximiliano Legrand, planteó un incidente de nulidad sobre el rechazo de una prisión domiciliaria por parte de Bento.
El escrito, dirigido a un Tribunal Federal local, sostiene que los imputados en causas a cargo de Bento “no recibían un trato jurisdiccional basado en el elementos objetivos de convicción sino en la capacidad económica que tuviera o no el imputado para ‘pagar su libertad’”.
El letrado también argumenta que, ante las sospechas que pesan sobre el juez, pudo haberse vulnerado el derecho a la imparcialidad. Esto porque la doctrina señala que un magistrado debe “carecer de todo interés subjetivo en la solución de un litigio”.
Ante eso, considera que, debido al impacto que tuvo la imputación de Bento, esa garantía de desinterés “ha desaparecido totalmente” y que, más allá de que en el futuro Bento sea liberado de toda culpa, “su imagen de imparcialidad no puede ser sostenida porque uno de sus pares lo ha imputado de vender libertades y graves hechos de corrupción”
La presentación también explica que se existe una violación de la garantía de igualdad, ya que “los hechos de supuesta corrupción ponen en desventaja aunos imputados por sobre otros no han ofrecido ni pagado” para obtener beneficios.
El representante legal pone como ejemplo el caso de un interno al que Bento le otorgó la domiciliaria por un problema de hemorroides, pero rechazó el pedido de su cliente que se sustentaba en que debía cuidar a sus hijos mientras su esposa trabajaba, para poder sostener la economía de su hogar.
Eso pese a que desde el Ministerio Público Fiscal se realizó una encuesta ambiental, a través de las cuales los especialistas aconsejaron otorgar el beneficio para respetar el derecho de los hijos del imputado.
Finalmente, el pedido concluyó que no existe legitimidad en los fallos dictados por Bento, en caso de que se demuestre que hubo una situación de cohecho habitual que beneficiaba sólo a quienes pagaban las coimas.