Pura resignación. Sin emitir palabra alguna cuando los efectivos de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) irrumpieron en su domicilio de Pablo Iglesias 2738, de Godoy Cruz. El comisario Dino Rossignoli fue separado de su cargo jefe de la Policía Federal de Mendoza, sospechado de cobrar coimas a los propietarios de una cadena de joyerías que hacían de cuevas para el cambio ilegal de divisas.

La noticia revelada por El Sol fue una bomba en la fuerza de seguridad nacional. Además de Rossignoli, fueron detenidos Ernesto y Nicolás Bazán, señalados como los responsables de la razón social Estefano Cannella. Ambos habían sido allanados el 6 de julio por la misma PCN y esto generó que se encontraran pruebas que los relacionan con el pago de sobornos al jefe máximo de la Policía Federal.

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Durante semanas, los efectivos de la PCN analizaron y trabajaron las pruebas recolectadas a principios de julio, cuando se clausuraron los locales en el microcentro mendocino.

El día citado se desplegaron 22 allanamientos en joyerías y bares que poco tenían que ver con la actividad que mostraban. Además de evasión fiscal, para los detectives, se trataba de una pantalla para la compra y venta de oro y cambio de moneda extranjera, lavado de dinero y hasta contrabando y narcotráfico. De esas medidas surgieron datos reveladores de encuentros entre Rossignoli y los Bazán.

Con todo el material probatorio incorporado en el Juzgado Federal Nº3, a cargo de Marcelo Garnica, este miércoles por la mañana se ordenaron los allanamientos. Y el resultado no dejó de sorprender a los pesquisas: hubo medidas en las casas particulares de Ernesto Bazán y su hijo Nicolás, en calles Zapiola y Monseñor Andrea, de Guaymallén y Luján, respectivamente.

Los allanamientos siguieron en el hogar de Rossignoli en calle Pablo Iglesias, de Godoy Cruz, y en su oficina, ubicada en la sede de la Policía Federal de Mendoza, en Perú 1049.

El resultado de los procedimientos sirvió para sostener la investigación: en el despecho del comisario hallaron 21.560 dólares en una caja de seguridad. También secuestraron 31.020 pesos, dos teléfonos celulares y, llamativamente, 3 relojes y dos pulseras de joyería, que iban a ser analizados para conocer si eran comercializados por Estefano Cannella.

También incautaron documentación de varias transacciones de automotores y una declaración jurada. Por su parte, en el domicilio particular había 213.880 pesos, siete teléfonos celulares y un pen drive.

Los policías de la PCN se llevaron de la casa de Ernesto Bazán un BMW gris y una camioneta Mitsubishi, además de un DVR y un teléfono celular. De la vivienda de su hijo, un moderno BMW blanco y, 14.020 pesos, 8 frascos con marihuana (peso total de 169,7 gramos), 4 teléfonos celulares, documentación, dos plantas de cannabis y 15 cajas de vapeadores importados.

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Con todo este material, el juez Garnica analizará el delito que, en principio, le endilgarían. En el caso de Rossignoli, la indagatoria sería por estar sospechado del artículo 256 del Código Penal, cohecho: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”.

En el caso de los Bazán, la acusación es por el 258: “Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256 y 256 bis, primer párrafo (…)”.

Así las cosas, el caso generó un cimbronazo en la provincia y tuvo repercusión nacional. Es más, hasta el jefe regional Cuyo (San Luis, Mendoza y San Juan), Fabricio Britos, pidió el inmediato pase a disponibilidad de Rossignoli, el que no tardó en llegar desde Buenos Aires. 

Los investigadores esperan recolectar más información con una serie de trabajos tecnológicos que se iniciarán en las próximas horas, gracias al secuestro de teléfonos celulares.