En la última jornada del juicio federal por el secuestro extorsivo y asesinato del ex despachante de aduana e informante policial Diego Aliaga antes de la feria judicial, declararon dos testigos –una arquitecta y un subcomisario–hubo una serie de escuchas telefónicas que se ordenaron a las pocas horas de denunciado el hecho, a fines de julio del 2020.
Las conversaciones que registraron efectivos de la División Escuchas Telefónicas de Investigaciones de Mendoza, por pedido del fiscal federal Fernando Alcaraz, fueron al círculo familiar más cercano del hombre, que por aquellos días estaba desaparecido, y de la persona apuntada desde el comienzo como sospechoso, Diego Barrera. El objetivo era claro: obtener pistas para conocer qué había pasado con el sujeto de 51 años.
Gracias a los diálogos que recogieron de Barrera y su entorno, el representante del Ministerio Público elaboró una hipótesis inicial del caso y la potenció al solicitar detenciones por sospechas de participación en el hecho, el lunes 3 de agosto del citado año, cinco días después de que el hermano de la víctima, Gonzalo Aliaga, contara a la Justicia que había recibido un llamado extorsivo en el que le dieron a entender que debía juntar un millón de dólares a cambio de volver a ver a su familiar con vida.
De esta forma, Barrera; su esposa, Bibiana Elizabeth Sacolle y los hijastros de ella, Gastón y Lucas Curi, quedaron complicados en la investigación. Espiar sus teléfonos celulares, analizar cámaras de seguridad y tomar una serie de declaraciones testimoniales los ubicaron en la cima de la pirámide de sospechosos.
Semana después, cuando los pesquisas tenían la certeza de que Aliaga había sido asesinado y su cadáver descartado fuera del Gran Mendoza, se sumó como imputado Washington Yamil Rosales, un empleado de la citada pareja en su empresa de transportes para chicos con discapacidad que terminó siendo el “arrepentido” de la causa.
Básicamente, Alcaraz sospechó desde un principio –y así lo sostendrá cuando sea el turno de los alegatos la fiscal del debate, María Gloria André–que Barrera y otras personas mataron a Aliaga –podría ser Rosales– en un encuentro que mantuvieron en una propiedad de calle Bandera de los Andes de Rodeo de la Cruz, y que su mujer y los dos hijos de ella sabían del hecho y tuvieron algún grado de actividad en la planificación para el ocultamiento y la desaparición del cuerpo de la víctima.
Justamente, en la última audiencia de debate oral del martes 4 de este mes, frente a los jueces Alberto Daniel Carelli, Alejandro Waldo Piña y María Paula Marisi, reprodujeron, entre otras, una comunicación telefónica entre Rosales y Sacolle captada la tarde del 1 de agosto del 2020, el día que, entienden los pesquisas, habrían sido enterrados los restos de Aliaga en la localidad norteña de Costa de Araujo, Lavalle.
Ese diálogo, que no supera el minuto de duración, terminó complicando a Sacolle de cara al proceso que se reanudará los primeros días de agosto, mes en el que está previsto que se conozca la parte resolutiva de la sentencia.
La mujer, de 49 años, nunca declaró en el expediente (lo hará luego de la feria de invierno) y se ha mostrado consternada por la situación que viene atravesando desde más de tres años. A pesar de esto, dejó trascender que nada tiene que ver con el hecho de sangre y su organización y así lo explicará ante las partes.
Este diario accedió a la conversación registrada a las 19.16 del sábado 1 de agosto, cuando Rosales se comunicó al celular de Sacolle tres minutos después de haber llamado y mantenido una charla similar con Gastón Curi.
Sacolle: Hola, Yamil.
Rosales: Hola.
S: Pará un cachito, que acá en mi casa no hay señal, pará…
R: Bueno, dale…
S: Ahora sí, decime, ¿me escuchás bien vos?
R: Sí, yo te escucho bien, ¿me escuchás?
S: Sí, yo, bien…
R: Bueno, ahí entregué la mercadería, está todo listo, ¿nos vemos el lunes?
S: ¿Y te firmaron todo…?
R: Sí, me firmaron todo, tengo todo firmado, ya declaré.
S: Claro, porque el tema que esa gente de la obra social la van a llamar y le van a decir si le hemos estado prestando asistencia.
R: No, sí, ya está todo firmado. Es más, dijo la señora que iba a colaborar…
S: Listo, buenísimo, entonces, genial.
R. Así que, lindo fin de semana, ¿nos vemos el lunes, ah?
S: Dale, Yamil. ¿Ya le avisaste al Gastón?
R: Le llamé al Gastoncito, sí.
S: Bueno, dale, listo, dale, nos vemos el lunes, Yamil.
R. Dale, buen finde.
S. Igualmente, chau.
Los investigadores consultados por El Sol señalaron que Barrera y su familia sospechaban que tenían el teléfono pinchado y por eso hicieron una serie de comunicaciones después de la denuncia por la desaparición de Aliaga para intentar despistarlos o cambiarles el eje de la teoría que habían construido.
Detectaron diálogos entre Barrera y Gastón Curi a las pocas horas de que personal policial y judicial trabajara en la causa (Gastón declaró en el juicio y reconoció que le había seguido el juego a su padrastro) y también los días previos a su detención.
Todo quedó demostrado en la otra comunicación registrada al sábado 1 de agosto, minutos antes del llamado de Rosales a Sacolle. El empleado de la empresa de transporte llamó a las 19.13 a Gastón Curi y la antena de teléfono de Costa de Araujo confirmó su presencia en el lugar.
Primero se saludaron y luego Gastón dijo: “Hola, pichi, cómo estás…”. Rosales contestó y señaló: “Escuchame, ya terminé con la mercadería…ya la entregué toda”. Gastón mantuvo una postura similar a la de su madre, quien recibió el llamado pocos minutos después. “¿Bueno, firmaste todas las declaraciones? ¿Todo bien?; a lo que Rosales contestó. “Está todo firmado”. Por último, Curi expresó: “Bueno, papito, te paso la ubicación así vas a buscar la bici”, a lo que Rosales finalizó: “Dale, la paso a buscar de pasada y nos vemos el lunes”.
Tanto en la instrucción como en el debate, a la fiscalía le llamó la atención que Gastón Curi, su madre y Rosales hablen de cuestiones laborales, especialmente entrega de mercadería, un sábado en la tarde, entrando la noche y en los momentos más calientes de la búsqueda de Aliaga.
Por eso, el Ministerio Público sostendrá que, cuando sea la etapa de alegatos, contaron fuentes judiciales, que las comunicaciones de Rosales tenían como objetivo confirmarles a Sacolle y a Curi que el cadáver de Aliaga ya había sido descartado en el lugar acordado previamente con Barrera a cambio de una importante suma de dinero, siempre estimando que las palabras elegidas para certificar que el “trabajo” se había cumplido eran “entregar la mercadería”.
Alto impacto
Diego Alfredo Aliaga desapareció en la mañana del martes 28 de julio luego de pasar la noche con su socio y amigo Diego Barrera en su casa del barrio privado Palmares de Godoy Cruz. Aliaga era un hombre conocido en el mundillo judicial-federal; a tal punto que, luego de su asesinato, se lo ubicó como mano derecha del juez Walter Bento o nexo con abogados para los presuntos arreglos a cambio de coimas para beneficiar a ciertos detenidos de causas de contrabando.
Aliaga y Barrera tenían pensado abrir una clínica para el cuidado de niños con discapacidades en un predio de calle Bandera de los Andes de Rodeo de la Cruz. Algo pasó entre ellos y Aliaga terminó asesinado. Después de ser detenido, Barrera confesó que el ex despachante de aduana “se me murió” pero no brindó mayores detalles.
La hipótesis sostiene que el hecho tiene un móvil económico. Aliaga habría sido retenido con el fin de obligarlo, mediante amenazas y coacciones, a entregar determinados escritos a favor de Barrera y Sacolle para que estos se quedaran con algunos bienes muebles e inmuebles (vehículos y casas) sin la debida contraprestación de dinero. Entienden que fue obligado, mientras se encontraba cautivo, a firmar algunos documentos que les daban el poder de control a los sospechosos.
Siguiendo con la reconstrucción del Ministerio Público, Aliaga habría permanecido algunos días cautivo en el galpón donde Barrera y su familia guardaban los vehículos de la empresa, en calle Jujuy de Ciudad. En ese lugar, habría muerto para luego ser trasladado el cadáver hacia un descampado de Costa de Araujo.