Crueles, impiadosos, descarnados, híper críticos. ¿Habrán sido, también y al mismo tiempo calumniadores e injuriadores por faltar a la verdad para con los bodegueros mendocinos y la industria vitivinícola si no toda, al menos de una parte de ella? Horas atrás y usando su cuenta oficial de X (ex Twitter), el grupo de profesionales que promueve el desarrollo minero desde San Juan hacia el resto del país, también en Mendoza, conocido como Grupo Sarmiento, publicó un hilo lacerante, todavía humeante, golpeando al medio de un comportamiento político y cultural de la provincia, muy fuerte e influyente, claro está expulsando al aire sus contradicciones.

“Dijeron que la ley 7722 se sancionaba para defender los viñeros evitando que las aguas se contaminaran. Resulta ahora que los viñateros se quejan porque los bodegueros importan vinos de Chile tirando al subsuelo el precio de la uva de los pequeños y medianos productores. Los vinos que compran en Chile están aguas abajo de donde el mayor productor mundial de cobre explota sus minerales. El agua alcanza para ambas actividades. Si nos atenemos a las declaraciones del presidente de bodegas argentinas, debemos concluir que decidieron importar vinos envenenados. La Industria Minera fue atacada por la política de la mano de sectores económicos que al hacerlo escondían sus verdaderos temores, inconfesables por el egoísmo implícito, a la vez que se blindaban frente a una pobreza que supieron conseguir para miles de familias mendocinas”.

Para encabezar y titular el hilo en la red social, el Grupo Sarmiento usó una frase más provocadora, todavía: “Importando vinos envenenados”. Si bien es cierto que los sanjuaninos llevan años explorando su porción de la cordillera detrás de reservas de cobre más que prometedoras, no es menos cierto que se han pasado toda esa pila de años, precisamente explorando. Para comenzar la explotación de los emprendimientos allí asentados, aún falta un trecho. Pero pareciera que le llevan a Mendoza años luz si se compara el desarrollo minero en uno y otro territorio. Y es así: la distancia entre una y otra es importante y en la vecina San Juan –con cierto aire de teatralización hay que decir, como quien se rasga las vestiduras–, suelen gritan de tanto en tanto a los cuatro vientos las oportunidades perdidas de su hermana cuyana, mostrándose incomprensibles ante tanta tozudez que no permite la explosión de un desarrollo minero integral de la cordillera central. Un desatino y un sinsentido.

Los sanjuaninos han dado en la tecla al señalar uno de los factores, de los tantos, que ha impedido el avance minero en Mendoza. A los ambientalistas históricos y tradicionales –hoy decididamente antimineros más que ecologistas–, se le suma el costado inoperante y especulador de la política, más el cinismo del agro y, desde ya, la vitivinicultura como apunta el Sarmiento. No sólo parece ser el uso del agua y esa supuesta amenaza sobre los glaciares que hace la minería lo que motivaría a los dos últimos factores a oponerse al desarrollo de la actividad: los mineros argumentan que son los salarios que ellos podrían pagarles a sus empleados lo que espanta al resto de los competidores económicos de la provincia. Como fuera y lo que fuera, el lobby anti minero es fuerte y frente al escepticismo de muchos, en el gobierno aseveran que hay un cambio en la estrategia, que lo que han cosechado o recibido en la reciente feria del sector a nivel mundial en Canadá es promisorio.

En la administración provincial aseguran moverse con optimismo y que conseguirán el objetivo de conseguir la licencia social para desarrollar el sector. Como cada gobierno, la segunda gestión de Alfredo Cornejo arrancó con la idea de capitalizar la fortaleza de Malargüe tomado como distrito minero y con esa experiencia, la que descarta será positiva, extender la experiencia hacia el norte. Eso parece. A los cambios en el procedimiento del Código Minero que está en plena discusión, desburocratizando los trámites y asegurando o prometiendo más agilidad en todos ellos, el gobierno se apoya en ese Plan Pilares que el CEM, parte del sector minero, el propio gobierno a través de Impulsa y la UNCuyo, presentaron a comienzo de año.

El plan parece ciertamente un bosquejo de todo lo que ya se sabe y que da vueltas entre los que están de acuerdo con el desarrollo minero, y a la vez se muestra como una suerte de renovación del ánimo para ahora ir en serio y hacia delante. Lo que se terminará viendo como siempre hacia más adelante.

Por caso se reafirman los objetivos globales hacia el 2050 de un mundo movido por energías limpias, cero emisiones de carbono y un desarrollo tecnológico superior. Para ello se necesitará cobre, el mineral crítico de la transición. Se da un ejemplo: se afirma que un tercio de la necesidad energética mundial será movida por la energía eólica; que se necesitarán 2 millones de aerogeneradores de 3 mega watts cada uno y que cada uno de ellos requiere 4,7 toneladas de cobre. Por lo tanto, se requerirán 9,4 millones de toneladas y Mendoza, con su potencial aparente, no puede perder la oportunidad de proveerlo, como lo hace Chile, por caso.

En el gobierno admiten que todo lo que se está ventilando como oportunidades, en Malargüe básicamente, tiene que ver con estudios de prospección y exploración. Y reconocen que pasarán varios años, si toda marchara sin contratiempos, para comenzar a explotar algo en concreto. Pero aducen que lo primero que hay que hacer es saber, a ciencia cierta, con lo que se tiene. Un cálculo real que no se conocen con fineza, aunque el optimismo es alto y está justificado en la cordillera que se comparte con Chile, el gran país del cobre a nivel mundial; un Chile, por caso, que vio incrementar la inversión minera al 200 por ciento en 15 años; que son alrededor de 1,1 millón los trabajadores empleados en la explotación minera y que llega al 15 por ciento del PBI todo lo que produce el sector. Números impresionantes, desde ya.

Por el momento, la vista está puesta sólo en Malargüe, lo que para algunos integrantes del sector minero es motivo de crítica. En verdad lo que se cuestiona, además, es el estilo gradualista asumido por la administración Cornejo cuando creían que en el segundo mandato se apretaría con fuerza el acelerador, avanzando en la modificación definitiva de la 7722, la ley antiminera. Y se reconoce, por otro lado, la inmadurez de la provincia en la mayoría de los pilares que deberían sostener el desarrollo de la actividad, arrancando por el desarrollo, siguiendo por los factores ambientales, los de infraestructura, el factor de la gobernanza y terminando por lo que denominan el encadenamiento del clúster minero para el que habría un poco más de avance que en los cuatro anteriores. Todo un desafío y un nuevo intento para domar un monstruo de varias cabezas.