En los tres años de gobierno, Celso Jaque no ha podido llevar adelante un proceso de transformación y mejora en ninguna de las áreas del Estado. Por el contrario, se ha notado un evidente retroceso en materias tan sensibles como seguridad, salud pública, educación, obras y manejo de las finanzas. El estigma de haber faltado a la verdad durante la campaña electoral lo ha colocado a la defensiva todo el tiempo, sin poder articular ninguna visión estratégica y, muy por el contrario, consolidó un proceso de achacar culpas a terceros frente a la negligencia de su propia administración. Si nos referimos a la seguridad, lo preocupante es que sigue manteniendo un discurso que, a los pocos días de haber asumido la conducción de la Provincia, destruyó la confianza de la gente rompiendo desde la política el imprescindible valor de la palabra empeñada. Dice que “hubo un cambio (en seguridad) y nadie lo puede negar”.

      Sin duda lo hubo, pero no del todo positivo, ya que tiró por la borda todo un sistema de relevamiento de estadísticas, lo que imposibilita tener datos ciertos de la realidad. Para dar un ejemplo: según el Gobierno nacional, del que es afín el Ejecutivo provincial, Mendoza está en el podio de las provincias más inseguras, detrás de Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires, con 5.866 delitos cada 10 mil habitantes. Estos números responden a lo sucedido en el 2008, porque a la fecha no hay ninguna estadística publicada. En este sentido, han crecido en los últimos años los robos agravados por uso de armas de fuego y la aparición de bandas. Esto deja traslucir, además de números preocupantes, un problema social que nos pone a la par de ciudades y países con inconvenientes de violencia inusitados, donde las pandillas o las maras son dueñas de las calles.

      Para dar un ejemplo, de los cerca de 150 delitos que han sido publicados en los medios de comunicación locales en noviembre del 2010, la mayoría fueron protagonizados por motochorros o boqueteros, y todos con armas. No existe un plan claro sobre la prevención del delito, la lucha contra la impunidad y la agilización de los procesos penales. Es más, un informe elevado por el Gobierno nacional sostiene que del total de delitos contra las personas denunciados, la percepción de la sociedad es que sólo 0,96% termina con una condena, y en cuanto a los delitos contra la propiedad, 1,32% concluye con un responsable. Otro tema más grave es la pésima administración de los fondos destinados a Seguridad. Para seguir con “las mejoras” que plantea Jaque, basta con recordar los escándalos que se han protagonizado con el helicóptero de la Policía de Mendoza, donde se utilizó un bien público para fines privados, como los viajes turísticos o el alquiler de la nave a la agencia de publicidad que le realizó la campaña del mapa del delito para que hiciese una publicidad en la provincia.

     Además, el gobernador Jaque anuncia que dejará “megaobras” en marcha para que quien lo suceda pueda cortar las cintas. No hay archivo que resista sus palabras, ya que nombra el gasoducto Beazley- La Dormida, que fue iniciado en la gestión de Julio Cobos y que fue falsamente inaugurado con la presidenta Cristina Kirchner y siete gobernadores en agosto del 2008. La línea Comahue-Cuyo también fue iniciada durante la gobernación radical, y las dobles vía a Tunuyán y a Desaguadero, que después de tres años de gobierno de Jaque aún no se terminan. Y así podríamos seguir con la construcción de viviendas, donde aún siguen entregando barrios que se empezaron a levantar hace más de cuatro años.

    La clase media mendocina continúa esperando que lleguen los recursos para tener su ansiado techo y no se ha implementado una sola acción en este sentido para dar una solución habitacional que esté acorde a la demanda actual. Recordemos que en agosto se debieron haber entregado 5.500 viviendas financiadas por un fideicomiso que nunca se constituyó, por lo que no hay una sola vivienda de las prometidas. También es sumamente preocupante la discrecionalidad con que se envían los fondos de la Nación a las provincias, y en este sentido, el gobernador no ha logrado, a pesar de ser del mismo color político del Gobierno nacional, tener una respuesta a esta necesidad imperiosa de la sociedad. En salud, la situación está a la vista.

      El sistema público está paralizado, lo que es un profundo castigo hacia los que menos tienen. No ha existido una política integral que tome la salud vinculada a la educación, al deporte y a la pobreza, entre otros temas. Es más, lo único que se ha dejado ver es el cambio de ministro en el área y las constantes denuncias de falta de insumos en los hospitales y centros de salud. Y si de falta de políticas estamos hablando, también hay que mencionar la educación, donde ha crecido el nivel de repitencia (dato ratificado por la DGE) y la falta de articulación para una verdadera inclusión en el sistema de los sectores más vulnerables. Obviamente que a esto se suma el salario de los docentes, que influye en la desmotivación de los maestros y sus consecuencias en el aula. Pero hay otro dato que muestra a las claras que no existe una coherencia en el Gobierno provincial: fue el mismo mandatario quien convocó a los partidos políticos con representación parlamentaria para conformar una mesa de trabajo a fin de elaborar una ley de educación que surgiera fruto del consenso, pero hace pocas semanas la DGE ha encarado una embestida contra este trabajo, tratando de imponer un anteproyecto que nada tiene que ver con lo que se estaba haciendo.

    Es más, la miopía que padece el Gobierno provincial provocó no sólo problemas puertas adentro del Ejecutivo, sino que también terminó alterando a toda la comunidad educativa, manteniendo en zozobra a alumnos y docentes a pocos días de terminar las clases. Ahora, sin duda, uno de los mayores fracasos fue la anunciada promoción industrial. Pese a la formalidad de sus palabras y las contradicciones entre la gente de su gobierno, Jaque no logró que Mendoza obtuviera este beneficio y, peor aún, levantó la demanda existente contra la Nación, lo cual nos dejó indefensos y sometidos a la voluntad del poder central. ¿En qué terminó esto? En muy poco: el fiscal de Estado atravesando un Jury de Enjuiciamiento, miles de promesas y ningún resultado positivo para nuestra provincia, el anuncio de un decreto nacional que nunca existió y de dos decretos provinciales que tampoco fueron publicados, uno de ellos secreto.

    En lo que respecta a las finanzas públicas, fue esta administración la que comenzó a tener déficit después de ocho años, a tal punto que la única metodología para obtener fondos es seguir endeudando a la Provincia. Mendoza se encuentra hoy entre las provincias que menos aumentaron su recaudación, por lo que es evidente que nada se hace al respecto para obtener recursos genuinos y así hacer frente a los gastos corrientes y de capital. El balance de gobierno es negativo. Falta una visión de conjunto, un sistema de ideas y respuestas a los problemas coyunturales y estructurales que una provincia dinámica como la nuestra requieren. Es natural que el gobernador se defienda con frases como: “No estuvimos durmiendo la siesta”. Frente a ello, el peso de la realidad lo está llamando a despertarse. Ante este panorama, seguiremos imponiendo nuestro control legislativo a fin de que Mendoza tenga, a partir del próximo año, un proyecto que sea capaz de construir un sueño colectivo que sintetice las aspiraciones de una sociedad que claramente reclama más de su gobierno.