Dalmiro Garay no sentirá el impacto del cambio de temperatura. A su regreso a Mendoza, el presidente de la Suprema Corte pasará del calor agobiante europeo al clima espeso y denso que lo está esperando en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.
Su comité de bienvenida está conformado por cinco ministros que quieren que dé explicaciones y que tome las riendas del máximo tribunal en temas que lo han puesto en jaque desde el punto de vista institucional. En uno, con un rol protagónico. En otro, la que está en la mira es su ladera, María Teresa Day.
Lo que está ocurriendo en la Corte parece una pelea corporativa, pero afecta al andamiaje judicial de Mendoza. Se está poniendo en juego la transparencia de todo el sistema, con decisiones polémicas que, como misiles guiados políticamente, salen del edificio de calle Patricias e impactan en el Polo Judicial donde funciona el Ministerio Público Fiscal, corazón de la justicia penal.
El titular del máximo tribunal de la provincia llevaba pocos días en el Viejo Continente cuando explotó el escándalo por los exámenes para ingresar a la carrera administrativa dentro del Poder Judicial. Las sospechas claras de una filtración alertaron al resto de los integrantes de la Corte y, tras un pedido de informar a la Universidad Nacional de Cuyo, garante y responsable de la toma de las evaluaciones, decidieron suspender la segunda prueba hasta tanto no se aclare la situación y exista una respuesta a las casi 300 impugnaciones.
De todos modos, con su complejidad y polémica, no es el episodio que más preocupa. Para el resto de la Corte (José Valerio, Mario Adaro, Julio Gómez, Omar Palermo, Pedro Llorente), el hedor sale del Consejo de la Magistratura de Mendoza, organismo a cargo de la evaluación y selecciones de los futuros jueces y fiscales de la provincia.
El conflicto se remite a la abrupta decisión de disolver a la Comisión Asesora para la Justicia Penal, Ejecución y Faltas el 7 de julio. Fue una determinación que suponen de facto, a partir de un planteo hecho por el diputado José Luis Ramón, que había sido invitado a presenciar el examen como miembro del Consejo, y luego avalada por unanimidad por todo el cuerpo.
En concreto, Ramón entendió que los exámenes para un cargo de fiscal no se habían apegado al reglamento, y decidió levantar todo. Detrás de su propuesta, el resto levantó la mano. Y así, sin más, eliminaron la Comisión. No hubo ni pedido de descargo ni posibilidad de explicación; o de, al menos, confirmar si había sucedido tal cual lo había expuesto.
Cuando la noticia trascendió y llegó hasta la Corte, la temperatura subió de manera intempestiva contra Teresa Day, representante del tribunal en el Consejo. Los ministros esperaban que, mínimamente, los hubiesen puesto al tanto. Nada de eso pasó. Y la grieta institucional se hizo más visible. La separación ya no es entre los supremos filoradical y filoperonistas; lo que está en debate es quiénes realmente responden y se sienten parte del Poder Judicial. Y ahí, los dardos apuntan a Garay y Day.
Uno de los más afectados por los ocurrido en el Consejo fue José Valerio. Es un ministro que está a favor de las reformas y de la modernización del sistema penal. Varios de los integrantes de la Comisión que fue desintegrada sin previo aviso son de su palo desde el punto de vista jurídico. Haber tomado semejante medida sin al menos consultarlo, molestó.
También se cuestiona por qué, si el Consejo entendió que los responsables del examen violaron el reglamento y cometieron irregularidades, no sacaron una compulsa para que el Jury de Enjuiciamiento evalúe sus conductas. Entre quienes conformaban la Comisión había varios magistrados, como los fiscales Laura Rouselle y Darío Tagua; la defensora oficial Mariana Silvestri, y los jueces Marcelo Gutiérrez del Barrio y Ariel Spéktor.
La polémica también salpica al Poder Ejecutivo, en la figura de Marcelo D’Agostino, subsecretario de Justicia y miembro del Consejo; no solo porque es visto como operador judicial, sino porque, entienden, en este caso, por su cargo, debería haber advertido los coletazos de la medida.
“Los hechos descriptos revisten gravedad institucional atento a que, conforme lo difundido por los medios masivos de comunicación, se ha erigido un manto de sospecha y duda sobre el proceder del Órgano Constitucional en cuanto al respeto de la garantía de defensa, el debido proceso legal previo y el respeto a la presunción de legitimidad de las decisiones de la Comisión Asesora para la Justicia Penal, Ejecución Penal y Faltas; atentando contra la credibilidad y transparencia que debe transmitirse a la ciudadanía en los procesos de selección de magistrados”. El entrecomillado se desprende de un pedido de informe hecho por el diputado Germán Gómez.
La solicitud del legislador peronista va más allá y apunta a saber si una de personas que rindió aquel día tiene parentesco con algún integrante del Consejo de la Magistratura. Es una pregunta retórica que busca como respuesta confirmar que entre las aspirantes estaba la pareja de Fernando Guzzo, el fiscal que forma parte del organismo y avaló la remoción de la comisión evaluadora. Y ahí entra en juego la definición de “las generales de la ley”, por lo cual debería haberse abstenido de votar.
Lo que escuchará Garay al retornar a su despacho será un pedido sutil para que Day deje su lugar en el Consejo y que se elija a un nuevo delegado. Y le harán saber de manera explícita que, más allá de que a la ministra le queda un año como representante, ya no cuenta con avales.