La Suprema Corte de Justicia debería funcionar como un bloque. Con diferencias internas, claro, para tener apertura de pensamiento y enriquecer los debates. Pero, hacia afuera, no debería mostrar ni fisuras ni divisiones.
Esa es, a grandes rasgos, la diferencia entre el Poder Judicial y el Legislativo. En la Justicia, la tensión entre mayorías y minorías debería ser puertas hacia adentro, en el marco de las discusiones jurídicas para que los mendocinos sepan que, detrás de cada sentencia, existió tensión y dedicación para que sea realmente justo.
Bueno, nada de eso pasa.
Hasta hace algunas semanas, o quizá meses, las diferencias en el máximo tribunal provincial tenían que ver con la simpatía política de cada uno de los siete integrantes y el riesgo siempre latente de tener una mayoría capaz de imponerse en temas clave, tanto en fallos plenario como en la conformación de la Salas. Para un lado o para el otro. Por eso se buscó algo de equilibrio con una nueva ley orgánica, cuya aplicación total todavía está pendiente. Fue una manera de evitar desarreglos y sospechas.
Con esa grieta, la Justicia parecía ser también un reflejo social. Sin embargo, la situación empeoró. Ya no es política la cuestión. La ruptura en la Suprema Corte es institucional. Tiene que ver con la injerencia de la política en cuestiones de fondo, en el manejo de un poder que debería ser contrapoder. Y eso está ocurriendo desde la Corte hacia abajo; con especial foco en el Ministerio Público Fiscal, la pata acusatoria de la justicia mendocina y convertido en la chica linda del baile, con la que todos quieren tener una historia.
La Procuración, hoy encabezada por Alejandro Gullé, debería ser una pieza determinante a la hora de establecer estrategias de seguridad. Pero la intromisión política no viene por ese lado. No tiene que ver con el acompañamiento en la lucha contra el delito: al contrario. Lejos de eso, hay fiscales que han decidido prestarse al intercambio de favores. Imputo por acá para ganar terreno para allá. Es un “Antón Pirulero” que va degradando a la Justicia desde adentro.
La Corte, resquebrajada
El examen de ingreso al Poder Judicial terminó de desnudar la crisis en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. La filiación partidaria pasó a un segundo plano. La proporción de fuerzas de 4 a 3 entre los ministros filo radicales (Dalmiro Garay, Teresa Day, José Valerio y Pedro Llorente) y los filo peronistas (Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez) es ya casi anecdótico. La puja viene por otro lado, y es por el manejo estricto de la Corte.
Los cuestionamientos son directamente contra Garay, presidente del tribunal, por la toma decisiones inconsultas. La crítica venía escalando, hasta que la relación terminó de romperse.
“Hay atribuciones que son estrictamente del presidente, y es lógico que así sea. Pero, en general, la Corte debería funcionar como un equipo. En realidad, en la Justicia debería ser así. El tema es que, o no juegan en equipo o no se sabe para qué equipo juegan. Los que pierden son todos los mendocinos”. El que habla es uno de los magistrados con más historia en los rincones del edificio de Patricias Mendocinas. Y advierte: “Hay que saber decir ‘no’, y hay que hacerlo de entrada. Cuando vienen a pedir algo por izquierda, difícilmente sea para hacer algo por derecha”.
La pelea en la Corte tuvo un nuevo round tras las sospechas de que se había roto la cadena de custodia del concurso para cubrir 200 vacantes. Algunos ministros creen que Garay estaba al tanto de que la persona que obtuvo el máximo puntaje era familiar de uno de los responsables de la confidencialidad del examen, y que, en lugar de advertirlo con el resto de la Corte, sugirió no rindiera la segunda evaluación y de esa manera evitar la consumación de un delito.
Por eso la preocupación en la reunión de esta semana sin la presencia de Garay (de licencia) y por eso el pedido de informe a la Universidad Nacional de Cuyo, con quien se había firmado un convenio para este concurso y debía ser garante del sistema de evaluación.
Esa proporción política de 4 a 3 ha devenido a un 5 a 2. De un lado, Adaro, Valerio, Gómez, Palermo y Llorente. A Garay solamente lo sigue a sol y a sombra Teresa Day, protagonista indirecta de estas últimas semanas por las polémicas decisiones de la procuradora adjunta, Paula Quiroga, una de sus personas de máxima confianza.
Entre el fórum shopping y el control de los fiscales
Cuando Paula Quiroga decidió sacar a Daniel Carniello como fiscal de la investigación que tiene como imputado al humorista Cacho Garay por abusos sexuales, amenazas y otros delitos, se levantaron todas las banderas rojas de alerta. La procuradora adjunta había hecho lugar a un planteo de los querellantes (representantes de la denunciante) porque no compartían las decisiones del fiscal, pero sin razones jurídicas de fondo para hacerlo.
De hecho, para reemplazarlo, hizo una designación a dedo. Salteó un par de fiscales que, por lógica del calendario, debían tomar el caso, y se lo dio directamente a Mónica Fernández Poblet. Detrás, vino la inhibición de Alejandra Mauricio, quien debía actuar como jueza a cargo de la supervisión del proceso, pero es conocida su enemistad con la fiscal. Automáticamente, ese cargo lo cubrió el juez Federico Martínez, que a pesar de que en tribunales todos saben que es uno de los amigos que Fernández Poblet tiene en el edificio, continuó en la causa.
Apareció en escena la figura de “perspectiva de género”, algo más ligado con lo ideológico que con los jurídico. Y, justamente, en la arena de tribunales debe imperar la Constitución y las normas que de allí se desprenden; no los prejuicios.
Fernández Poblet hizo todo al revés que Carniello. Puede pasar. Esas diferencias de criterios tienen que ver con la cantidad de interpretaciones jurídicas que existen. La controversia viene por la facilidad con que Quiroga desplazó a un magistrado, solo por el gusto de una de las partes. Se abrió la puerta a lo que se denomina “fórum shopping”, algo así como permitir que los justiciables elijan a los jueces y a los fiscales que más les convienen. Y, si no están de acuerdo con lo actuado, cambiarlos.
La sombra del Consejo de la Magistratura
“El Consejo resuelve por unanimidad disponer la remoción de los Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Asesora para la Justicia Penal, Ejecución Penal y Faltas… por incumplimiento injustificado de las obligaciones a su cargo contenidas”. Así, sin más, el Consejo de la Magistratura de Mendoza borró del mapa a quienes tenían a cargo la toma de exámenes para cubrir cargos de las áreas más sensibles de la justicia local.
El pedido fue hecho por el diputado José Luis Ramón, miembro del Consejo, que presentó un informe y señaló que estuvo como invitado en una de las evaluaciones y detectó irregularidades de forma en el sistema que se estaba aplicando.
Ninguno de los integrantes de la Comisión evaluadora fue consultado. Se enteraron apenas porque les llegó un mail con la notificación. Y la reacción fue inmediata: Gianni Venier, abogado y ex ministro de Seguridad, forma parte del grupo de removidos y presentó un recurso para que se revea la decisión.
El concurso en cuestión era para cubrir un cargo de fiscal de instrucción.
Es en la Procuración desde donde se intenta ganar territorialidad dentro del sistema; donde se da la madre de todas las batallas político-judicial. Es ahí de donde salen gritos cada vez que un fiscal se opone a obedecer órdenes que entiende que no se ajustan a derecho. Es ahí donde todos negocian beneficios personales. Y, tarde o temprano, eso se paga.