Si algo dejó en claro el proceso electoral de medio término que está en curso, ha sido ese quiebre en dos que ha hecho el cuarto gobierno kirchnerista del país: de un lado dejó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) –ese poderoso e influyente conglomerado donde habita el mayor número de votos que el kirchnerismo considera como propios producto del reparto de la asistencia y la distribución de la dádiva estatal–, sumando a ese lote de provincias gobernadas por caudillos populistas que, para mantenerlas en pie, han requerido siempre que la Nación les envíe 9 de cada 10 pesos que se gastan en sus territorios.

Del otro lado dejó, allá lejos y distantes, librados a su suerte, a los estados más productivos del país, muchos de ellos ubicados en la franja central de Argentina y que siempre le demandaron al Gobierno central políticas de desarrollo especiales más un modelo impositivo, entre otras necesidades, que permita crecer y no asfixiar, liquidar y condenar al ostracismo, como viene sucediendo, a miles de pymes de todas características que nacieron en esos estados, trabajando la tierra e industrializando sus productos.

Pocas veces en la historia quedó clara la división y esa discriminación de gestión en un sistema de gobierno que presume de federal. El kirchnerismo decidió enfrentar la inflación persiguiendo empresas a las que considera formadoras de precio sin atacar las cuestiones de fondo. Y, además, dispuso profundizar la política de subsidios, de prebendas y de asistencia automática y discrecional, tan propia de ese modelo basado en el garrote y la billetera que se fue corporizando en la primera década del siglo, con Néstor Kirchner al frente.

Así como el Gobierno mendocino se ha venido quejando sistemáticamente de haber sido discriminado por la Nación, particularmente, durante los meses más duros de la pandemia de coronavirus, en el 2020, y cuando está preparando una demanda millonaria a la Nación por cerca de 18.000 millones de pesos por ese motivo, la Córdoba de Juan Schiaretti se prepara para dar una batalla similar en contra de la administración de Alberto Fernández.

Pero, hay más: empresarios de Mendoza, de Córdoba, de Entre Ríos y hasta de San Juan, nucleados en unas 350 cámaras de actividades tan diversas como industriales, comerciales y del mundo de las finanzas, han conformado un nuevo movimiento económico para reclamarle al Gobierno que promueva políticas que beneficien a la actividad privada y no la castiguen o la sometan, y para controlar el gasto público que se está financiado con emisión y extrayendo cada vez más recursos de un PBI nacional que se va contrayendo.

Si bien los empresarios, entre los que están el Consejo Empresario Mendocino y toda la Mesa de la Producción y Empleo provincial, han evitado enfrentar al Gobierno nacional por su falta de compromiso con la economía genuina y competitiva y sus ataques permanentes al sector privado no alineado, su aparición desde las provincias más castigadas y golpeadas ha sido entendida como una advertencia; una expresión que busca conciliar salidas a los problemas, pero que, a la vez, no dejará de marcar diferencias con la gestión y posición contraria a lo que se hace. Una postura que pocas veces se ha visto por parte de sectores económicos que a menudo han buscado sacar provecho particular o propio y alejarse de los compromisos colectivos.

“Para que vean cómo actúa el centralismo porteño y cómo actúa el kirchnerismo nacional, sólo actúa pensando en el AMBA. ¿Por qué Puerto Madero tiene que estar custodiado por Prefectura? Esto no va más en Argentina y tiene que cambiar. ¿Y quién lo va a cambiar? Los que fuimos capaces de darles al anterior gobierno y al actual las leyes que precisaban para gobernar”, dijo ayer Schiaretti.

El gobernador cordobés reaccionó duramente contra la Nación y contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por criticar un informe de un diario cordobés que, al comparar los subsidios que se reparten por la energía eléctrica, llegó a la conclusión de que en el AMBA se paga 70 por ciento menos de lo que abonan los cordobeses, de luz y de agua. Nada que los mendocinos no conozcan, en verdad.

La nueva demanda de Mendoza contra la Nación está basada en las partidas discrecionales que el gobierno de Fernández ha enviado hacia otras provincias sin incluir a Mendoza. Allí se contabilizan las transferencias del año pasado más las que se suman en el 2021.

Los empresarios de las provincias productivas, y que esperan la respuesta de los bonaerenses y también de las cámaras de Santa Fe, plantearon la necesidad de generar un clima de negocio acorde para la creación de empleo genuino para comenzar a disminuir la pobreza; la defensa de la institucionalidad; la eficiencia del gasto público y una estructura tributaria simplificada para reducir la presión fiscal; una política de empleo genuino y un buen sistema de educación; un sistema sustentable que favorezca las prácticas que incentiven el cuidado del medioambiente y una integración inteligente al mundo, impulsando la inserción y vinculación de las provincias al mundo.