Con un festejo contenido y algún grado de cautela por lo que aún falta cerrar, el gobierno de Rodolfo Suarez ha admitido en las últimas horas que ya recibió la renuncia y el desestimiento por parte de Edemsa –la mayor distribuidora eléctrica de la provincia–, para no cobrar aquella friolera de 146 mil millones de pesos que estaba reclamando por ingresos no percibidos que se originaron con el congelamiento tarifario que operó entre los años 2009 y 2022. Esa demanda, administrativa, se había convertido en el nudo gordiano de un acuerdo buscado por el gobierno y la compañía para resolver los viejos litigios que acompañaron la relación por casi 15 años.

Si la empresa aceptó no reclamar más por aquellos miles de millones de pesos, o el equivalente a casi 800 millones de dólares según la cotización oficial, ¿qué logró a cambio? Es una pregunta todavía no aclarada del todo pero que el gobierno promete develar al final de un tenso proceso de negociación que lleva más de un año y que todavía no está finiquitado, porque una de las patas más importantes de la compañía, la compuesta por los accionistas de Sodemsa, aún no ha firmado la indemnidad que el resto de los socios sí ha hecho. Esa indemnidad tiene que ver, sobre todo, con otra renuncia expresa, en este caso para no acudir al CIADI, el organismo internacional que arbitra en los litigios surgidos entre privados y estados por contratos de diversas concesiones públicas. “Una vez que llegue esa notificación, la de Sodemsa, se analizarán si se han cumplido las condiciones suspensivas del acuerdo”, dijo a este diario Natalio Mema, el subsecretario de Servicios Públicos de la provincia y firmante de los acuerdos con Edemsa, los que comenzaron a discutirse en el 2022 para definir la larga lista de reclamos mutuos de los últimos años.

A grandes rasgos sigue resultando extraña y rara la renuncia al reclamo por los 146 mil millones de pesos. Más cuando probablemente desde la provincia expliquen que todo lo que cedió en beneficio de la compañía ha sido cuantificado en 45.299 millones de pesos.

Por este acuerdo, la provincia le extiende la concesión por 20 años a Edemsa, desde agosto del 2028 en adelante. Esos 20 años tienen un valor estimado que se mueve en un rango que iría de entre 66 mil millones a 90 mil millones de pesos. La provincia le condona el 20 por ciento de valor de la concesión, calculado en 12.864 millones que tendría que pagar y que por este acuerdo no lo hará; se le agrega el plan de obras por 17 mil millones de pesos que serán transferidos a tarifa y un reconocimiento de dos tramos de deudas a Cammesa, uno por 2.300 millones de pesos contraída por la empresa en el 2018 y otro por 4.600 millones de pesos más, por el 2020, en plena pandemia; y por último, a toda esta cuenta se le debe sumar 8.474 millones de pesos por la reducción del canon de concesión de 10 a 6 por ciento. Esos ítems dan como resultado 45.299 millones de pesos a favor de la compañía, muy lejos de los 146 mil millones que estaba exigiendo.

En el gobierno creen que lo que está precipitando el fin de litigio con Edemsa tiene que ver con el contexto nacional que apareció en escena al promediar el año pasado, cuando asumiera Sergio Massa en el Ministerio de Economía. La nueva gestión llegó decidida a resolver las deudas de Edenor y de Edesur, las gigantes del negocio de la distribución eléctrica en el Buenos Aires con Cammesa, la empresa mixta que les provee la energía a estas compañías.

Para cerrar los conflictos, Massa ordenó condonar buena parte de la deuda, más de la mitad, y el resto refinanciarlo a largo plazo y a tasas subsidiadas. Los dueños de Edenor son los mismos que Edemsa, como se sabe. Dicen en Mendoza que Edemsa, para acceder a aquellos beneficios que se le ofrecían para resolver la deuda que tenía con Cammesa, debía también acordar los temas pendientes con la provincia. Esa puede ser una de las razones de un acuerdo que, en principio y si están bien sacadas las cuentas del Estado, le sería muy favorable a la provincia y algo pernicioso para la empresa. Llamativo.

Y si bien el EPRE no ha dado a conocer públicamente sus propias cuentas, habría enviado a la Fiscalía de Estado tres tipos de escenarios distintos respecto de lo que para su entender debiese reclamar Edemsa por beneficios no cobrados; beneficios que, se insiste, son los que precisamente ha renunciado a cobrar de acuerdo con las últimas novedades. Esos escenarios van de uno por 95 mil millones de pesos, otro por 66 mil millones y un tercero, el de mínima, por 47 mil millones. Todos a favor de la compañía que, de igual modo, no serán abonados. O, como está sugiriendo el acuerdo, la empresa se dará por satisfecha con los 20 años de concesión de prórroga y otra serie de beneficios de los que no se conoce cuantificación en pesos.

Y una vez que termine todo el proceso, con el desestimiento de Sodemsa a reclamar ante el CIADI, la provincia promete explicar todo en una audiencia pública que podría llevarse adelante en agosto próximo. Están previendo que el impacto en la tarifa que tendrá el nuevo acuerdo oscilaría el 3 por ciento, según calcula la secretaría de Servicios Públicos. Llevado al plano del bolsillo del usuario, en el gobierno calculan que estará en el orden de los 500 pesos por factura.

Hay que esperar la reacción en la audiencia, y de quienes están cuestionando las condiciones del acuerdo que ha negociado la provincia con Edemsa, cuando se informe que a la distribuidora sólo se le reconocieron un poco más de 45 mil millones de pesos cuando se reclamaban 146 mil millones. Las dudas puede que se centren en la valuación que ha hecho la provincia y el EPRE a sus propias cesiones, como el valor de la compañía; el cálculo del canon y la valuación de las deudas con Cammesa que se le están reconociendo. Y a todo esto, un punto que pareciera no estar del todo lo suficientemente discutido: se trata del compromiso que asume la provincia de no retirar los dividendos que le corresponden al Estado por ser el poseedor del 39 por ciento de la compañía. Esas ganancias, en caso de presentarse, irán a obras en el sistema eléctrico, lo que para no pocos podría ser un error y hasta un posible caso de injusticia con el resto de los ciudadanos no servidos por Edemsa, ya que entienden que tendrían que ser invertidos en educación, salud, seguridad y hasta en obras de infraestructura. Todo está por venir.