En realidad, el “obligado” a quien se presenta como víctima de la Justicia no es otro que Adrián Sánchez, dueño de Campo Grande, ajera exportadora de Rodeo del Medio y una de las más importantes del rubro.
Por algún motivo que desconocemos, no se nombra al empresario por su nombre, aunque sí se mencionan los nombres de todas las personas involucradas en el conflicto.
La obligación del empresario es nada más que acatar un fallo de la Justicia respecto de la violación de todas las normas y leyes nacionales e internacionales sobre la actividad laboral en general de su personal y por la acción gremial de un grupo de trabajadores encabezado por Bravo y Soto.
Recordamos que este conflicto se inicia a fines del 2007 y fue motivado por el hartazgo de los obreros de dicha firma, que reclamaban “el blanqueo” es decir, el cese de la actividad ilegal de la Cooperativa Colonia Barraquero (dicha ilegalidad fue establecida por el INAES y ratificada por el Ministerio de Trabajo de la Nación ), que, junto a Adrián Sánchez, violaban la ley respecto de los derechos de los trabajadores, no hacían los aportes patronales, de obra social, de jubilación ni de salarios familiares o vacaciones, se violaba sistemáticamente todo lo referido a jornada laboral, trabajo de niños y adolescentes, trato a las trabajadoras, falta de baños, lugares para las meriendas e higiene y seguridad en el trabajo. En fin, esclavitud del siglo XXI.
Luego de más de un año de gestiones de todo tipo, los reclamos originarios no se han visto satisfechos. Estamos hablando de la actividad de mayor desarrollo en Mendoza, con empresarios que han hecho fortunas exportando ajos: en el 2008, la cifra alcanzó los 88 millones de dólares.
La nota en cuestión señala un “trasfondo político” que generaría la resistencia de trabajadores en actividad al regreso de Soto y Bravo.
El “trasfondo político” es que Adrián Sánchez extorsiona a sus trabajadores con la amenaza de cerrar la empresa, es decir, dejar sin trabajo a sus empleados si reingresan los citados delegados. El conflicto no es entre trabajadores, sino entre las apetencias desenfrenadas de lucro del empresario y el incumplimiento de parte de este de todo derecho laboral y gremial.
Bravo y Soto representan la lucha obrera por esos derechos, por eso Sánchez no los quiere y atemoriza a los empleados, amenazándolos con dejarlos sin trabajo.