El economista Claudio Zuchovicki suele explicar con un ejemplo tan simple como contundente la necesidad de avanzar en una reforma laboral e impositiva en la Argentina. Dice: cuando un empleado cobra un sueldo de un millón de pesos, el empresario que lo paga debe disponer de 1,8 millones por el impacto de las cargas sociales y patronales, que representan alrededor del 80 por ciento adicional. El trabajador, a su vez, luego de ingresos brutos, tasas y el resto de la carga impositiva, termina recibiendo apenas 800 mil pesos. Entonces surge la pregunta provocadora: ¿por qué no pagarle directamente 1,8 millones al empleado y evitar intermediarios y todo el aspecto pernicioso que conlleva el famoso “costo argentino”?

El ejemplo, por sí solo, justifica la necesidad de avanzar en reformas estructurales de fondo. En todas, no solo en la laboral, aunque esta sea la que hoy muestra mayor grado de avance en la agenda oficial. Javier Milei llegó al gobierno con esa premisa: impulsar cambios profundos que, según su diagnóstico, le han impedido al país generar riqueza, producir, ofrecer empleo formal y de calidad. También asumió con el desafío de estabilizar la economía y ordenarla hasta un punto que permita planificar y concretar objetivos. Un Estado que acompañe la normalidad de un país previsible, con altibajos razonables, y no una economía en permanente montaña rusa, como ocurre desde hace décadas.

Se supone que en contextos de fuerte tensión el juego de la negociación adquiere un protagonismo central, casi de sentido común. En la política, donde se enfrentan intereses diversos y visiones contrapuestas sobre la administración del Estado, la responsabilidad y la sensatez deberían funcionar como resortes básicos. Sin embargo, en la Argentina, donde durante años se consolidó un modelo basado en la lógica del “ellos o nosotros”, lo que luego se denominó grieta, la responsabilidad negociadora se volvió un bien escaso. La oposición intransigente deambula por los andariveles del pasado reciente sin lograr interpretar el nuevo escenario. Y eso, hay que decirlo, es un problema para el conjunto.

No solo porque impide aportar alternativas, sino porque, en un oficialismo que muchas veces se mueve con torpeza, brusquedad y exceso de voluntarismo, una oposición reformista, creativa, formada y responsable podría elevar la vara del debate y obligar al gobierno a hacer mejor las cosas de lo que cree que hace.

Frente al panorama que Zuchovicki describe con crudeza, ¿quién puede negar la necesidad de reformar un sistema vigente desde hace décadas y que hoy convive con entre siete y ocho millones de trabajadores en la informalidad? Con cerca del 50 por ciento de la economía fuera de registro, se agrava además una hipoteca silenciosa: el futuro previsional de millones de argentinos que, de no mediar cambios, solo tienen asegurada la misma penuria que padecen hoy jubilados y pensionados. O incluso algo peor.

Un ejemplo de esta intransigencia es la postura de la conducción de la CGT nacional, anclada en una matriz ideológica hoy asociada al atraso. “Quitar derechos no beneficia; el gobierno sabe que, así como está, la reforma no pasa”, respondió el nuevo triunviro cegetista Cristian Gerónimo, del gremio del vidrio, ante una consulta periodística. La CGT y la principal oposición política suelen admitir que el esquema actual fracasó, con millones de trabajadores en la informalidad y otro tanto sin empleo. Pero su principal propuesta de cambio es, paradójicamente, que nada cambie. Una posición difícil de comprender desde cualquier ángulo.

La reforma laboral tiene aristas que la discusión política debe resolver para que el cambio de statu quo se concrete y empiece a funcionar como una salida al pantano. Son dilemas que suelen sintetizarse en la clásica pregunta sobre qué fue primero, si el huevo o la gallina: cómo producir sin cambios impositivos y normativos; cómo modificar reglas sin empresas que produzcan; o cómo mejorar la producción sin incentivos ni estímulos al consumo.

Desde Mendoza podría surgir una vía alternativa para destrabar uno de los puntos más sensibles de la negociación: el impacto en los ingresos provinciales que implicaría reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias a las empresas para mejorar su competitividad, aumentar producción y productividad y, en consecuencia, crear empleo. La propuesta sería postergar ese impacto fiscal para el ciclo 2027/2028. Es un planteo que el gobernador Alfredo Cornejo le acercará al ministro del Interior, Diego Santilli, en la reunión prevista para este jueves. No es un dato menor: están en juego casi dos billones de pesos de recaudación de un impuesto coparticipable que hoy se ha convertido en uno de los principales focos de tensión entre la Nación y las provincias.