La política en su conjunto, como el universo específico de la Justicia mendocina, así ambos sectores por separado aunque los dos tengan tanto en común que sus actores pueden estar jugando hoy en un lado, luego en el otro, o bien en ambos a la vez–, coinciden en que, a vuelo de pájaro, la composición de la Suprema Corte de Justicia de la provincia ha contado siempre con una impronta radical. Esto es que sus integrantes, a lo largo de la historia y más específicamente desde la recuperación de la democracia hasta nuestros días, han estado ligados a la Unión Cívica Radical (UCR), han sido parte de sus filas como dirigentes, representantes legislativos, militantes o bien como meros simpatizantes del viejo partido que creó Leandro N. Alem más de cien años atrás.

Continuando con los mismos actores (políticos y judiciales), atentos al funcionamiento institucional de la provincia y de la Corte, también en general y mayoritariamente podrían coincidir en el hecho o en la afirmación de que, aunque los miembros del máximo tribunal hayan tenido en su mayoría una extracción radical o simpatía con el partido de donde surgió el padre de la democracia argentina, Raúl Alfonsín, en 1983; el que inauguró un período de normalidad, regularidad y apego constitucional a punto de cumplir ya 40 años y que tuvo a Santiago Felipe Llaver como estandarte en la provincia, nunca se sospechó de la imparcialidad y la independencia del tribunal. Hasta ahora.

¿Por qué ahora se ha comenzado a dudar de la independencia de la Corte? ¿Desde cuándo? Desde que empezó a resolver algunas causas estratégicas en plenario, es decir, con la participación e incumbencia de los siete miembros con que cuenta y desde que asumió la doctora Teresa Day, el 30 de junio del 2020, en un acontecimiento polémico y rodeado de suspicacias y conjeturas varias que se protagonizó, de forma inédita, en el cuarto piso del palacio de gobierno provincial, a pocos metros del despacho del gobernador Rodolfo Suarez. Y los plenos, cuando han sido convocados para definir cuestiones de alto impacto político y social, se han dirimido cuatro a tres a favor de la visión política del elenco gobernante, o bien en línea con el ala filorradical del tribunal. Esa composición, trasladada a la política, tiene a Dalmiro Garay (presidente), Pedro Llorente, José Valerio y Teresa Day votando en bloque en los plenos y siempre de forma conjunta; mientras del otro lado, el del costado filoperonista y que cuenta con Omar Palermo, Julio Gómez y Mario Adaro, actúan también en bloque, aunque siempre en minoría.

Lo que para la oposición política es claramente una falta de independencia de la Corte, para el oficialismo es una característica virtuosa que se habría hecho fuerte y evidente con el ingreso de Day al tribunal. Esa virtuosidad, a la que le suman sentido común, es una característica necesaria para el oficialismo que surgió para frenar en Mendoza la embestida del kirchnerismo cuando intentó, por varios medios y métodos posibles, imprimirle una profunda reforma al sistema judicial argentino a la que llamó la democratización de la Justicia. Así como no logró tener éxito en el plano federal, en la UCR provincial, más precisamente en el sector que comulga fuertemente con la impronta que le dio al partido y a la coalición gobernante Alfredo Cornejo, se ufanan de que fueron ellos quienes lograron detener lo que se pensaba como un plan de colonización de la Justicia por una facción política identificada en este caso con el kirchnerismo. Esa facción, para Cornejo, el líder de la construcción de tal dique de contención, tenía al ministro Omar Palermo como su máximo referente y cercano a la agrupación Justicia Legítima, que creció al lado y amparo del kirchnerismo.

El reciente proyecto de reforma del funcionamiento de la Corte que ha enviado Suarez a la Legislatura ha sido el paso que la oposición esperaba para llamar la atención sobre un total copamiento de Cambia Mendoza de la Justicia. Pero no sólo desde la oposición política comienza a criticarse la jugada sobre el control de la Corte, también lo está haciendo parte de la academia, de los técnicos y especialistas, entre los que están algunos constitucionalistas.

El proyecto avanza en el alumbramiento de un sistema que centraliza, todo indica, la administración y el control de la Corte. Y, si bien el colegio de jueces al que se pretende llegar para evitar que la mayoría de las causas se concentre en una de las salas, detrás de una especulación o conveniencia técnica, jurídica o, por qué no, política, se considera un camino acertado al que, de igual manera, hay que mejorar, lo que ha encendido todas las alarmas está resumido en un artículo, el 6 del proyecto.

Ese artículo enumera las facultades del pleno de la Corte y cuándo se tiene que convocar. Ese pleno, a la luz de la actual conformación, garantiza al Gobierno un resultado previsible cuando estén en juego los intereses políticos. Esa es la sospecha. Por ejemplo, el pleno tiene que resolver las acciones de inconstitucionalidad, las causas que deriven de una Acción Procesal Administrativa (APA) cuando se han agotado las instancias administrativas, claro está, y todas las apelaciones cuando estén en juego derechos de incidencia colectiva como los amparos de usuarios de servicios públicos. También prevé que el pleno sea quien deba elegir al presidente y a las dos vicepresidencias; dictar el reglamento interno y el reglamento general del Poder Judicial; también quien designe a sus representantes en el Consejo de la Magistratura (el ministro titular y suplente) y al administrador general, a los secretarios y prosecretarios judiciales y al director de la oficina judicial de la Suprema Corte. Este artículo, el 6 del proyecto, culmina disponiendo: “La decisión en pleno deberá tomarse por voto de la mayoría simple de los miembros que integran la Suprema Corte, siendo competencia del presidente el dictado de todos los actos de trámite previos a la sentencia o la acordada”.

Este proyecto, está claro, pone en discusión la raíz de un virtuoso modo de convivencia institucional reconocido en todo el país. El oficialismo todavía no ha aclarado qué persigue con los puntos más controvertidos que tiene este proceso de reforma. Tiene la oportunidad de hacerlo en el debate legislativo, poniendo a prueba, por sobre todo, su capacidad para aceptar modificaciones y correcciones. Se trata, más que nada, de su voluntad y de su amplitud de criterio, porque, como ya se sabe, cuenta con los votos para aprobarlo en ambas cámaras. Un punto, este de la mayoría conseguida en las cámaras fruto de los resultados electorales, que llamativamente pareció poner en discusión y bajo crítica la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, la lideresa del peronismo mendocino, cuando en Twitter escribió: “Manejan a dedo el Tribunal de Cuentas, la Oficina de Ética Pública, la Contaduría General de la Provincia, más las dos cámaras de la Legislatura. ¿Qué falta? Adivinaron: la Suprema Corte de Justicia”.