Siempre se puede estar peor; en Argentina siempre se puede estar peor o caer un poco más abajo de lo que se está en el plano de los ejemplos y de los actos que provienen de la política. Una política que se degrada por la propia acción de quienes la protagonizan y le dan vida día tras día, no por las críticas que con razón le destina el resto de la sociedad, que espera, con paciencia oriental o como Penélope, que se recupere, que vuelva a sus fuentes, se restituya, se revincule con los intereses y problemas comunes y se reencuentre con su único objetivo que no es otro que el servicio por el bienestar general.

La política cae hacia sus más oscuros momentos como lo hace también la economía y como se caen o derrumban las posibles salidas hacia una situación normal que mejore las condiciones de vida de las actuales generaciones de habitantes y de las que vendrán. El 2001 pareció ser el punto de inflexión para no volver sobre los mismos pasos que llevaron al país a ese estado de destrucción generalizado, en especial desde lo institucional y cultural, claro está. Pero, cada tanto, en cada una de las crisis cíclicas a las que la nación está condenada, se corren los límites de tolerancia y se juega con la mansedumbre y docilidad responsable de quienes pagan las fiestas y las obscenidades.

¿Puede existir un hilo conductor o un mismo patrón que asimile y amalgame esas fiestas y reuniones que se hicieron puertas adentro de la residencia de Olivos y en las que participó el presidente Alberto Fernández en plena pandemia y encierro con la decisión del oficialismo mendocino de entronizar al gobernador Rodolfo Suarez como candidato suplente a senador nacional cuando la Constitución provincial se lo prohíbe? Si existe un correlato, se trata del convencimiento propio o en conjunto del que todo lo puede, por creerse con el derecho de contar con tales o cuales privilegios para ejecutarlos. Son las características propias de las castas de las que tanto se ha venido hablando en la Argentina de los últimos meses, por los mismos hechos que la dirigencia ha venido cometiendo a espaldas de los ciudadanos. Claro que en uno de los casos, el conocido como el Olivosgate, con el presidente y la primera dama, Fabiola Yáñez, como protagonistas excluyentes, hay una falta que es de carácter ético y moral, además de constituir un hecho que traicionó la confianza y la credibilidad de la gente encerrada en los momentos más duros de la cuarentena.

Para el caso del gobernador candidato a senador, un acto que lo ha transformado en el primero en esa condición desde 1916 a esta parte, puede que se trate de un apuro injustificado y de haber realizado una interpretación forzada de la Constitución y de uno de sus artículos innecesariamente de la forma en la que se ha hecho.

Puede que el artículo 115, que le impide la candidatura a Suarez, esté en desuso y que hoy no sirva y se torne inútil frente a lo nuevo que incorporó la Constitución nacional reformada en 1994 sobre la elección de los senadores nacionales y ante la adhesión de pactos como el de San José de Costa Rica que universalmente incorporaron y ratificaron derechos a los ciudadanos que están por arriba de cualquier otra norma en la provincia.

Todo esto que puede ser cierto y que la Justicia, finalmente, tal vez reconozca luego de las observaciones y apelaciones que se levantaron en contra de la postulación, debió haberse puesto en discusión con otras formas y maneras, lejos de las atropelladas y los pases mágicos y sorpresivos a los que se apeló para anunciarla y decretarla.

Se trata de ser y de parecer; de no violentar ni forzar de puro prepotente, nomás, la interpretación de una norma que con claridad dice una cosa distinta de lo que se hace; de respetar la república y las instituciones y de no quebrantar la confianza y credibilidad que los mismos ciudadanos han demostrado tener, no una sino varias veces, nada más y nada menos, con el mismo equipo gobernante que parece haber cruzado una línea inédita.

Hay otra inquietud para desentrañar en clave política, y es lo que motivó este paso del gobernador o del oficialismo en su conjunto para que Suarez apareciese en la lista como candidato a una categoría que hasta las últimas horas tenía vedada, aunque la Cámara Electoral lo termine habilitando porque considera que quien enumera las condiciones de elegibilidad es la Constitución nacional por sobre la Carta Magna provincial.

La pregunta es si, en verdad, al oficialismo le hace falta que Suarez aparezca en la lista de candidatos para setiembre y noviembre junto con el tándem que han conformado Alfredo Cornejo y Julio Cobos. Suarez cree, con mucha más razón que equivocado, que lo que se va a plebiscitar en las elecciones será su gestión y que, por eso, su nombre debe estar inscripto junto al de Cornejo y Cobos.

¿Era necesario sumar una tensión más a ese estado por demás caótico, inseguro, inestable y desesperante en el que se mueve la sociedad provincial producto de problemas mayores, más importantes y trascendentes que tienen estrecha relación con las economías de las personas, con sus situaciones personales y particulares, su presente y su futuro inmediato más que con una candidatura, simbólica, de su gobernador? Parecería que no, que no era necesario.

En el oficialismo revelan, también, otras razones, además de aquel convencimiento del gobernador de que, como su gestión se pone bajo examen, su nombre debe aparecer en las boletas. Tendría que ver con otro razonamiento del gobernador y que apunta a borrar aquella idea de las divisiones internas del radicalismo, particularmente, que siempre han dominado al partido cuando ha gobernado y en momentos cercanos al recambio institucional. Las fuentes revelan que Suarez compartió con Cornejo, Cobos y algunos de los intendentes su intención de cerrar esas visiones que fueron alimentadas por las diferencias entre Víctor Fayad, Roberto Iglesias y el propio Cornejo. Diferencias que llevaron a que se sabotearan entre ellos, alimentando listas de candidatos opositores que jugaron o apostaron a fatales divisiones, en términos políticos.

Al propio Suarez le atribuyen, en tono de sentencia, haber dicho que, como discípulo de Fayad –conocido por tener a Cornejo como un adversario de fuste y de peligro y al que siempre enfrentó–, será quien termine con esas grietas internas para siempre. Un objetivo que se puede llegar a decir y reconocer como atendible y virtuoso por parte del gobernador, pero con un altísimo precio a pagar del que todavía no se pueden conocer las consecuencias político-institucionales y en el propio electorado en toda su magnitud.