No es raro que los candidatos se llenen la boca de palabras durante la campaña y luego deban volver atrás después de las elecciones. Pero, gracias a su mensaje de cambio,Obama logró el privilegio y también la carga de que el listón sea distinto para él. Esto rige sobre todo en la cuestión de los derechos humanos, que, según dijo, quiere regenerar después de años de una zona gris legal en la lucha contra el terrorismo por parte del gobierno de George W. Bush.
Sin embargo, podría desilusionar fácilmente no sólo al ala liberal de su partido y a las organizaciones de derechos humanos, que el domingo, en el aniversario de la creación de la prisión de Guantánamo, le recordaron que pronto deberá cumplir con sus promesas de campaña.
También los países democráticos del extranjero lo observan de cerca. A Obama se asocia también la esperanza de que se cierre la brecha en los derechos humanos abierta en el marco de la lucha contra el terrorismo y que Estados Unidos tenga no sólo el liderazgo militar en el mundo sino también el moral, que suele invocar una y otra vez.
De hecho, al parecer, Obama subestimó la montaña de problemas que le dejó su sucesor también en este campo. Thomas Friedman, del The New York Times, va incluso tan lejos al hablar del legado más difícil para Obama.
Desde qué sucederá con los presos de Guantánamo después de cerrar la prisión, el futuro de los vuelos secretos de la CIA con prisioneros a otros países hasta los “duros” métodos de interrogatorio, “se trata de una serie de campos minados”, comentó The Washington Post.
De esta forma se refiere a la presión que sufre Obama para realizar un acto de balance riesgoso: por un lado, debe cumplir con su promesa de una clara ruptura con la política de Bush y por otro, debe seguir garantizando la seguridad de la nación. Porque Bush le lega –ojalá– también eso: un país en cuyo territorio no hubo más atentados terroristas desde el 11 se setiembre del 2001, según el gobierno saliente, gracias a medidas antiterroristas consecuentes, entre las que se incluye el waterboarding, la simulación del ahogo durante un interrogatorio.
El planeado cierre de la prisión en Guantánamo es apenas un ejemplo de las exigencias que se ciernen sobre Obama. No sólo debe encontrar países de recepción para los alrededor de 60 presos, cuya liberación ya se decidió hace tiempo.
Habrá que encontrar un nuevo sistema procesal para aquellos presos que deberán presentarse ante un tribunal. Las comisiones militares con sus derechos claramente recortados para los acusados es, según los expertos en Derecho Occidental, una vergüenza, como la prisión misma.
El mayor problema sigue siendo qué hacer con aquellos presos que, según los servicios secretos, son considerados peligrosos pero, que, debido a la falta de pruebas concretas, aún no fueron acusados. En la lectura de Obama deben enfrentarse a los tribunales, aún con el riesgo de ser liberados. Igual de complicadas son las exigencias en cuanto a los métodos de interrogatorio. “No hay dudas de que la CIA no cederá, así como si nada, su flexibilidad para decidir caso por caso cómo obtener la información necesaria para la protección de atentados terroristas”, dijo un funcionario de los servicios secretos a Los Ángeles Times.
“Habrá una gran presión sobre Obama para que no limite a la CIA a determinadas prácticas”. Y la idea también es seguir manteniendo en secreto los métodos: esto es para la CIA una condición para el éxito para que los presuntos terroristas no se puedan preparar para ello. Incluso entre los más duros críticos demócratas de la política de interrogatorios de Bush hay preocupación de que la cosa pueda llegar demasiado lejos si en el futuro se siguen sólo reglamentaciones militares en los interrogatorios, que excluyen las torturas.Hace poco, a la presidenta de la Comisión de Servicios Secretos del Senado, Dianne Feinstein, se le escapó que en caso de una amenaza inminente de un atentado terrorista podrían tomarse “medidas especiales”.
No hay dudas: nadie quiere ser acusado, en el peor de los casos, de que su política respetuosa de los derechos humanos posibilitó un atentado terrorista. John Bellinger, asesor legal de la saliente secretaria de Estado, Condoleezza Rice, tiene su posición al respecto. Ayudó en las últimas semanas a analistas, juristas y expertos militares del equipo de transición de Obama a revisar los legajos de los aún 250 sospechosos de terrorismo que permanecen en Guantánamo y está convencido: “Realmente tienen la intención de cerrar rápidamente la prisión. Pero los alcanzarán los mismos problemas que tuvimos nosotros”.