Casi cuarenta años después de que el paso firme de Santiago Felipe Llaver fuera interrumpido por la Gendarmería cuando intentó tomar posesión de Los Nihuiles para hacer valer un derecho que Mendoza consideraba propio, Alfredo Cornejo volvió al mismo complejo hidroeléctrico para protagonizar otra escena de fuerte contenido político. Todo ocurrió el viernes pasado. A diferencia de aquel día de 1987, esta vez la provincia recuperó el control del sistema. Pero sólo en apariencia.
Porque detrás de esa imagen de reparación histórica y de alguna manera con un guiño de homenaje al viejo líder, hay una realidad bastante menos heroica, grandiosa y memorable. Mendoza volvió a hacerse cargo de la operación de Los Nihuiles cuando ya había decidido, junto con la Nación, volver a entregarlos a un operador privado por 30 años y sin acciones en el directorio. Recuperó un activo estratégico para administrarlo apenas unos meses, el tiempo suficiente para licitarlo nuevamente, hacia fin de año. Una recuperación que nace con fecha de vencimiento.
Se podría decir, incluso, que existe en el acto del viernes una ironía difícil de pasar por alto. Cornejo, un hijo político de aquella generación radical formada bajo el liderazgo de Ricardo Alfonsín y heredera del federalismo que encarnó Llaver en Mendoza, terminó recreando una escena que pareció reivindicar aquella vieja batalla de 1987. Sin embargo, el sentido histórico cambió por completo. Entonces la discusión consistía en recuperar un patrimonio provincial. Hoy consiste en administrar esa recuperación antes de volver a desprenderse de él por urgencias evidentes y claras. Y porque cambiaron los tiempos, claramente. Son, definitivamente, cosas de otra época.
Tras el vencimiento de la concesión de Pampa Energía en junio de 2024, la provincia creó Hidroelectricidad Mendocina SA (HEMSA) para hacerse cargo del sistema. Sin embargo, la transición se extendió mucho más de lo previsto. Primero, por una prórroga anual de la concesión. Después, por una segunda extensión provocada por la emergencia desatada tras la tormenta de enero de 2025, que dejó fuera de servicio las centrales II y III luego de que una avalancha de barro y piedras inundara la sala de máquinas y las turbinas.
Ahora Mendoza anunció que venderá el ciento por ciento de las acciones de HEMSA, la sociedad creada precisamente para administrar el complejo.
Y allí aparecen las primeras zonas grises que llaman a prestarle atención a la operación. Versiones conocidas durante las últimas semanas indican que la intención inicial del gobierno provincial era conservar una participación minoritaria, cercana al 10 por ciento del paquete accionario. Según esas mismas fuentes, habría sido la Nación la que rechazó esa posibilidad con el objetivo de acelerar la licitación y ofrecer un esquema completamente privado. En la Casa de Gobierno desmienten categóricamente esa versión.
Niegan haber sufrido cualquier tipo de presión y sostienen que la decisión fue consensuada en partes iguales entre ambas administraciones. “¿Qué privado querría tener al Estado como socio?”, responden. Son cosas del cambio de época, agregan.
Sin embargo, la presencia de la nación sobrevuela buena parte de toda la operación. Formalmente se trata de un proceso compartido entre Provincia y Nación. Pero la influencia que conserva la administración de Javier Milei sobre la licitación sigue despertando interrogantes. Incluso dentro del propio gobierno de Cornejo admiten cuál sería el límite de esa intervención.
“Si ellos imponen el adjudicatario, porque la Nación tiene la responsabilidad de la generación y nosotros eventualmente no estamos de acuerdo, ¿de qué les servirá elegir un operador sin agua, sin pendiente, sin edificios y sin máquinas, porque esa parte nos corresponde a nosotros?”
Es una definición que revela hasta dónde llegan hoy las tensiones de un proceso que, oficialmente, ambas administraciones presentan como coordinado.
Otro foco de controversia pasa por la información disponible.
Desde la oposición han cuestionado el nivel de reserva con que se manejó todo el proceso, desde la declaración de la emergencia tras las tormentas de enero de 2025 hasta la evolución técnica y financiera de las centrales afectadas. Reclaman informes que, aseguran, nunca llegaron plenamente a la Legislatura.
Pero quizás el capítulo más delicado sea otro.
Detrás de la venta de HEMSA existe una negociación multimillonaria todavía abierta con la compañía aseguradora y las reaseguradoras que debieron responder por los daños ocasionados por el desastre climático. Ese expediente puede modificar sustancialmente el valor final de la empresa.
Las diferencias son enormes.
Mientras algunas estimaciones hablan de indemnizaciones cercanas a los 90 millones de dólares, otras reducen ese reconocimiento a apenas unos 30 millones. Según las fuentes consultadas, la aspiración provincial es que, como mínimo, el seguro permita financiar la recuperación de las centrales II y III. Antes, naturalmente, habrá que secarlas, volver a ponerlas en funcionamiento y comprobar el verdadero estado de los equipos.
Tampoco existe hoy una referencia clara sobre cuánto podría ofrecer un operador privado por el ciento por ciento de las acciones de HEMSA. La valuación depende de variables complejas: el estado real de las centrales, el resultado de la negociación con las aseguradoras, la tarifa futura, la estructura impositiva y el costo operativo del sistema.
Lo que sí se ha establecido es que quien resulte adjudicatario deberá comprometer inversiones cercanas a los 200 millones de dólares durante los próximos treinta años para operar un complejo con una potencia instalada de 290 MW.
Como antecedente cercano aparece la reciente concesión de las centrales del Comahue, donde el Estado nacional obtuvo alrededor de 706 millones de dólares por un conjunto de emprendimientos que totalizan 4.380 MW de potencia instalada –Piedra del Águila, El Chocón-Arroyito, Alicurá y Cerros Colorados–, una escala muy superior a la de Los Nihuiles, aunque útil como referencia para dimensionar el negocio.
Hay, finalmente, una mirada cáustica que atraviesa toda esta historia. En 1987 Llaver pretendía recuperar Los Nihuiles porque entendía que el dominio provincial sobre un activo estratégico era una condición para el desarrollo de Mendoza. Casi cuatro décadas después, Cornejo repite la escena, aunque para administrar los meses previos a una nueva concesión privada en la que la provincia no tendrá acciones.
Una misma escena, o parecida. Pero su significado, en cambio, pertenece a otro tiempo.