De repente, un año y medio después de que venciera el mandato de Teresa Day, en la Suprema Corte de Justicia se dieron cuenta de que el Consejo de la Magistratura no tenía presidente. Fue una de las consecuencias directas tras la denuncia por violencia de género y abuso sexual contra el ex subscretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, que generó una explosión en la gestión de Alfredo Cornejo y una implosión en el Poder Judicial. En el Ejecutivo, el miedo al escándalo ante el temor de que se confirmen las acusaciones que también incluyen hechos de tráfico de influencias. En la Justicia, porque crecieron las sospechas de cierto sometimiento o condicionamiento a otro poder del Estado.
La votación en el plenario del máximo tribunal para que Julio Gómez presida el organismo de evaluación y selección de los jueces mostró lo que parece ser una nueva mayoría automática de 5 a 2, con el titular de la Corte, Dalmiro Garay, secundado por Norma Llatser y Teresa Day, claramente parados en una vereda; Gómez y Omar Palermo fluctuando, pero cada vez más cercanos a la presidencia, y Mario Adaro y José Valerio en el polo contrario. La teoría de alas radicales y peronistas devino en una estructura de oficialismo y oposición, con aliados circunstanciales.
La designación de Gómez para encabezar el Consejo de la Magistratura también fue vista, en parte, como un gesto para Juan Carlos Jaliff, el flamante reemplazante de D’Agostino, que tendrá la difícil tarea de normalizar relaciones entre el Ejecutivo y el Judicial. Y no porque haya pica entre ambos poderes, sino porque la percepción es que la Justicia mendocina pasa por su peor momento en cuanto a independencia, y que culpa de ello es del Gobierno provincial.
El desandar de la causa D’Agostino no ayuda a cambiar esa imagen. Si bien la denuncia no lleva ni una semana, en off, en los pasillos del Palacio Judicial y del Polo Penal, todos coinciden en que cualquier otro fulano ya hubiese estado imputado y detenido. Sin embargo, en este caso –señalaron- hay un apego ortodoxo al proceso y a las garantías del denunciado; algo que debería ocurrir siempre.
A eso se suma una catarata de inhibiciones. El que no es amigo de D’Agostino, fue compañero de facultad o compartió alguna vez una cena en alguna fiesta. Y a la fiscal a cargo, Valeria Bottini, le bajan directivas, pero no todas quedan plasmadas en el expediente.
Como paso de comedia quedó la presentación de la defensa del ex funcionario, que pidió el mantenimiento de la libertad argumentando la inconstitucionalidad de una ley que el mismo D’Agostino impulsó y militó cuando era parte del Ejecutivo.
Se profundiza la interna por el control del Consejo de la Magistratura
El nombramiento del representante de la Suprema Corte al Consejo de la Magistratura reabrió las grietas institucionales en el cuarto piso de Tribunales.
La disidencia de Valerio y la abstención de Adaro tuvieron como trasfondo una fuerte puja por el funcionamiento interno del Consejo. Hay temas que, a casi tres años, todavía no tienen explicación, como la disolución casi de facto de la Comisión Penal, bajo el argumento de supuestos incumplimientos reglamentarios. En aquel momento, los miembros de la Corte se enteraron de lo ocurrido a través de una nota publicada por este diario.
Esa movida se hizo en medio de un cruce de acusaciones sobre tráfico de influencias para imponer nombres y cargos, acompañado de la difusión de audios que exponían diferentes irregularidades en los concursos para jueces y fiscales.
La interna también reavivó las críticas a la Ley 9.047 (cambios introducidos en el 2018), que regula el sistema de concursos.
El aspecto más polémico es que el examen técnico de conocimientos ya no otorga puntaje, limitándose a una calificación de “aprobado” o “desaprobado”.
Bajo este esquema, el 60% de la calificación final de los postulantes queda sujeto a la merituación discrecional de los miembros del Consejo de la Magistratura durante las entrevistas. Así lo ha expresado Valerio, quien ha sido el principal objetor de este sistema. ¿Por qué? Porque sostiene que de este modo no se imponen ni los que rinden mejor ni los que tienen mayores méritos académicos, sino los que están más al calor del poder de turno.