El giro a la derecha que arrojan los resultados de las elecciones generales augura un Ejecutivo israelí que frenará el proceso de Annapolis, iniciado con la moderada Autoridad Nacional Palestina (ANP) a finales del 2007 y el mayor esfuerzo desde el 2000 para que el pueblo palestino tenga su propio Estado.
Con 99,5 por ciento del escrutinio, el conservador Likud de Benjamín Netanyahu lograba 21 por ciento de los votos, frente a 23 por ciento del centrista Kadima de Tzipi Livni, pero se perfilaba como el partido con más opciones de liderar la nueva mayoría parlamentaria.
Traducido en escaños, ese recuento, casi definitivo, otorga 27 al Likud y 28 al Kadima, aunque hasta un total de 65 de los 120 miembros del próximo parlamento se encuadran en lo que los medios de comunicación locales definen como “el bloque de derecha”.
Y, en ese sector, la tónica dominante es la intransigencia que caracteriza a Netanyahu, enemigo de las concesiones territoriales a los palestinos y a quien la aritmética parlamentaria le permite variadas posibilidades para componer un ejecutivo.
Ante su inferioridad en potenciales apoyos en la Cámara, Livni optó por ofrecer a Netanyahu una coalición entre Kadima y Likud, a la que también se uniría el izquierdista Partido Laborista, de Ehud Barak, que, con trece escaños, es la cuarta fuerza política.
Se trataría de una suerte de “gobierno de unidad nacional”, una fórmula sobre la que en la campaña se mostró receptivo Netanyahu.
Pero Livni advirtió que ese gabinete sería presidido por ella –como líder del partido más votado– y Netanyahu ya se le había anticipado a reiterar su llamamiento a un “gobierno de unidad nacional” con él como primer ministro.
Si no cuajara el intento de contar con el Likud y el Laborismo para formar gobierno, Livni tendría como último recurso sondear al ultraderechista Israel Beitenu, de Avigdor Lieberman, y con quince escaños, la tercera formación del arco parlamentario.
Ese partido está marcado, no obstante, por un discurso xenófobo, y su inclusión encajaría aún peor que la del Likud en un gabinete de mayoría de centro izquierda, como el que pretende Livni.
En caso de que el Kadima logre asociarse, pese a todo, con el Likud o Israel Beitenu, la presencia de cualquiera de los dos partidos en el gobierno impediría, en ultimo término, que Livni sacara adelante el proceso de Annapolis, al cual defiende con fervor.
Tanto el Likud como Israel Beitenu se retirarían de la mayoría al menor atisbo de concesión territorial a los palestinos –en otras palabras, poner fin a la ocupación–, y provocarían la caída del gobierno y un nuevo adelanto de elecciones generales.
Quienes pronosticaron desde el primer momento los negros nubarrones que se ciernen sobre sus aspiraciones nacionales son los interlocutores palestinos en el proceso negociador.
Nada más conocerse los sondeos a pie de urna que delineaban lo cerrado del resultado electoral, el jefe negociador de la ANP, Saeb Erekat, advirtió en un comunicado que los comicios “no han ofrecido elementos para un acuerdo de paz”.
El proceso de Annapolis no ha permitido compromisos pero ha supuesto la primera vez en que se ha abordado una posible solución al conflicto de Oriente Medio desde que hace nueve años el fracaso de las negociaciones de Camp David precipitara la Segunda Intifada.
Durante más de doce meses, Israel y la ANP, del moderado Mahmud Abás, han discutido de manera abierta y sin condiciones previas sobre los asuntos medulares del conflicto: las fronteras del Estado palestino, el problema de los refugiados y el estatus de Jerusalén.