El intento de eliminación de la elección de la reina de la Vendimia, ese acontecimiento cultural y popular como ningún otro, tan característico y asumido como único e intrínseco del pueblo de Mendoza, cuestión que, entre otras, ha hecho trascender a la provincia sus fronteras para ser reconocida por ello en el mundo entero, pues no cuenta con licencia social para ser llevado a la práctica.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, por mayoría, conocido en las últimas horas ratificando el acto, al que lo eleva a la entidad de un patrimonio cultural como se le reconoce a la Fiesta de la Vendimia en todas sus versiones, las departamentales y, desde ya, la central, tiene características de evento nacional sin más, ha venido un poco a poner las cosas en su lugar respecto de la polémica que ha ganado volumen en los últimos tiempos y que asevera que la elección de la reina cosifica a la mujer y vulnera sus derechos.

La Corte, más allá de lo estrictamente jurídico y sujeto al análisis sobre la constitucionalidad de la ordenanza de Guaymallén y de su Concejo Deliberante, que eliminaba la elección y de la que ha dejado en claro que no se ajustaba al espíritu de la Carta Magna, ha parecido avanzar, además, en aquella línea en la que se mueve mayoritariamente el pensamiento social en Mendoza: por ahora, por el momento y vaya uno a saber por cuánto tiempo, el ser mendocino en su conjunto no tiene rollo alguno con la elección de la reina y sabe y reconoce, por cierto, que se trata de una elección entre mujeres que representan al pueblo, provenientes de todos los rincones de la provincia y todo en un certamen o concurso en el que se impone aquella que para los electores (autoridades de los tres niveles republicanos, además de un cupo surgido de los ciudadanos comunes entendido como “voto popular”) logra reunir “(…) altos valores de ética, moral, belleza e inteligencia”, de acuerdo con lo que reza el reglamento provincial para la elección, reglamento al que, por otro lado, se le han ido incorporando importantes modificaciones a lo largo del tiempo luego de que, culturalmente y de manera natural y sin fórceps, se fueron instalando. Así, por ejemplo, y oleadas, se han hecho cambios a la edad de las concursantes (mayores de 18 años), ser mujer “sin perjuicio del género autopercibido”, además de contar con el secundario completo y estar capacitada para desempeñar el cargo con “empatía con la comunidad mendocina y altos valores de honestidad, probidad, rectitud, buena fe, dignidad y decoro, solidaridad e idoneidad”.

Es cierto que no hay certezas, pero tampoco dudas, de que, en su inmensa mayoría, la sociedad mendocina no sólo acepta la fiesta como suya y representativa del esfuerzo de todo un año de productores, viñateros, obreros, contratistas, bodegueros, transportistas y todo tipo de hacedores vinculados a lo que entiende y asume como la industria madre de la provincia. Y también es cierto que reclama correcciones, como todo eso que se le viene observando de una mejor y más acabada expresión del ser mendocino en el sentido que incluya a todos. Y, en ese sentido, quizás lo más fuerte de los últimos tiempos haya sido aquello que es necesario dotar al acto de imágenes y momentos y espacios en los que se le imprima una mayor visibilidad en todo el contexto al trabajador más humilde de toda la industria. Y el paso del tiempo, como es natural, ha ido imponiendo tales demandas que nunca llegan a satisfacer a todos al mismo tiempo. Pero sacarle al Acto Central la elección de la reina con el argumento de que se trata de una cosificación de la mujer y de una afectación de sus derechos, es evidente que no cuenta, por ahora, del consenso mayoritario. Y tampoco es necesario para probar esa afirmación realizar una investigación de mercado, una encuesta, un sondeo o un referéndum.

Lo de la falta de licencia social para la eliminación de la elección de la reina estaría operando de modo similar que, para la minería metalífera, por caso, cuando se la quiere elevar al estadio de la explotación a gran escala y sin que se lleven adelante campañas de persuasión, de información y de formación en torno a los procedimientos. Y lo propio ocurre cuando se pretende, desde algunos sectores bien definidos y determinados, imponer la inclusión y la lucha contra la discriminación por medio de cambios y modificaciones manu militari al lenguaje. El obligar a hablar y escribir con la e, con la equis e incorporar la arroba (@) al hacer referencia al género masculino, femenino e indefinido cuando para una inmensa mayoría de personas, por cuestiones culturales no lo aceptan por no entenderlo, comprenderlo o porque lisa y llanamente no lo acepta, también puede formar parte de ese fenómeno que se apoderó del Concejo Deliberante de Guaymallén cuando decidió la eliminación de la elección de la reina, quizás, sin tener en cuenta un entorno social que no está preparado para aceptarlo.

Y hay algo más que parece flotar alrededor de todos estos nuevos aires de cambios impuestos sin más, sin persuasión y pasando por alto que su aceptación social y general lleva el tiempo que la misma sociedad o el pueblo determina que deba transcurrir. Se trata de esa suerte de suficiencia, altanería y soberbia que suele rodear a ciertas corrientes ideológicas emparentadas con lo que creen se trata de miradas progresistas, pero que, más bien, se acercan a expresiones fascistas, totalitarias, prepotentes y de falsos progresismos. No para todos los casos, es cierto, pero sí para las mayorías.