Las próximas dos semanas, doce días con más exactitud, serán clave en esa sorda batalla que está librando Cristina Fernández de Kirchner y su guardia pretoriana del Senado para lograr que una jueza, Ana María Figueroa, integrante de la estratégica Cámara de Casación Penal, consiga el acuerdo por cinco años más en el cargo. Los tiempos se acortan para ello porque, el 9 de agosto, Figueroa cumple 75 años, fecha límite que fija la Constitución para el fin de la vida activa de los magistrados. Si al término de ese día el Senado no ha llegado a extenderle la prórroga ni la oficialización del decreto presidencial con la confirmación del acuerdo, Figueroa deberá pasar a retiro, esperando la jubilación.
Se trata de un caso central, prioritario y personalísimo para la vicepresidenta de la Nación. Necesita la presencia de Figueroa en la Cámara de Casación porque será ese organismo el que tiene que decidir si revoca la decisión de un tribunal inferior que dispuso –de manera inédita e inesperada– el sobreseimiento de Fernández de Kirchner en la causa Hotesur-Los Sauces sin que se ordenara o pidiera un juicio oral y público por un supuesto lavado de dinero. Figueroa es una de los tres magistrados que deben resolver si revocan esa medida y su presencia es vital para la vicepresidenta, porque se ha manifestado públicamente a su favor cuando, en declaraciones periodísticas, llegó a decir que Fernández de Kirchner fue perseguida y hostigada por la Justicia, además de por los medios. Con Figueroa en esa sala de la Cámara de Casación, la vicepresidenta se aseguraría un voto a su favor. Nada se sabe de cómo se manifestarían los otros dos integrantes del tribunal, pero sí tendría de su lado y en defensa de sus propios intereses la opinión de la controversial jueza.
La batalla que libra Cristina Fernández de Kirchner choca con las fuerzas de Juntos por el Cambio en el Senado, que lidera el senador Alfredo Cornejo como jefe del interbloque. El mendocino y otros, entre los que se cuenta la también senadora Mariana Juri, han sido los encargados opositores para asegurar los votos opositores en contra de la movida de la ex presidenta. La oposición se ha cerrado en no dar quorum, no sólo el voto en contra, y las miradas están puestas en cuatro senadores que se escindieron del bloque K para armar uno por fuera. Desde las últimas elecciones de medio término y ese resultado adverso para el kirchnerismo, más la separación de los cuatro rebeldes, Fernández de Kirchner perdió el control del Senado, en otro hecho inédito e inusual para un gobierno peronista en la Nación.
Así como Cornejo y Juri son parte fundamental para evitar que el Senado consiga funcionar, otra mendocina, Anabel Fernández Sagasti, de estrecha relación con Fernández de Kirchner, tiene como tarea, objetivo y fin, lo contrario: conseguir el número para el quorum. Si el kirchnerismo lo alcanza, también obtendría los votos para darle el acuerdo a la jueza Figueroa y a 75 magistrados más. En total son 33 jueces, 11 fiscales y 32 defensores públicos, todos de la Justicia federal.
El oficialismo y la vicepresidenta se están quedando sin tiempo. Tienen sólo dos fechas posibles para la sesión: el miércoles 2 y el jueves 3 de agosto. Fuera de esos dos días, sería imposible que avanzara la prórroga para Figueroa, aunque tuviese el acuerdo del Senado, porque, además, su extensión necesitaría de un decreto firmado por el presidente y publicado en el Boletín Oficial.
El tema, se sabe, no está en la agenda pública del momento, dominada por la campaña electoral hacia el 13 de agosto. Pero sí figura en la prioridad para la vicepresidenta y su guardia pretoriana del Senado. El kirchnerismo busca que, al menos, dos de los cuatro senadores bajo la lupa se sienten a dar quorum: el jujeño Guillermo Snopek y el entrerriano Edgardo Kueider. Ambos son peronistas, pero algo rebeldes y críticos del kirchnerismo. Snopek les ha asegurado a los opositores que no jugará a favor del kirchnerismo, aunque el oficialismo lo estaría. Kueider, afirman, pidió que se le aprobara para su provincia un cuadro de tarifa eléctrica especial para que los entrerrianos paguen menos. Todo indica que el Ejecutivo no se lo aprobaría, como así tampoco la oposición. Consideran disparatado el intento del senador.
Los otros senadores observados estarían jugando en contra de Fernández de Kirchner, como ya lo hicieron en otras ocasiones. Allí están Alejandra Vigo, esposa del gobernador cordobés y precandidato presidencial Juan Schiaretti, hoy cerrado opositor al kirchnerismo y el correntino Carlos Camau Espínola, peronista, también, como sus colegas, del minibloque, pero muy crítico del camporismo y de la vicepresidenta.
La oposición no ha mostrado demasiados reparos por el resto de los abogados aspirantes, muchos de ellos en funciones, que esperan el acuerdo del Senado, aunque en general sostiene que, al menos, 66 de los 76 son deliberados militantes K, muchos de ellos miembros de la agrupación Justicia Legítima. La movida detrás de estos nombramientos, sospechan en Juntos por el Cambio, no sólo es cubrir espacios clave de la Justicia federal en distritos que no gobiernan, como en la CABA, donde se ha destinado a 43 de estos magistrados, entre jueces, fiscales y defensores, y 7 en Jujuy. También se cree que la mayoría de ellos iría a buscar el control de la Asociación de Magistrados, hoy bajo el control opositor, y de ahí saltar al estratégico Consejo de la Magistratura, el máximo objetivo, el órgano que nombra y sanciona a los jueces.
En todo este esquema, el expediente contiene el pedido de acuerdo para uno de estos magistrados en Mendoza. Se trata del doctor Omar Abdón Bittar, para el cargo de defensor público oficial ante el Juzgado de Primera Instancia de San Rafael. Con 14 años de antigüedad desde que se recibió en la Universidad de Mendoza, Bittar ha cumplido con los pasos previos para el pedido de acuerdo. Sobre su caso, la oposición no planteó reparos, aunque, de igual manera, lo ubican entre las filas de los magistrados K, o filo-K con los que el kirchnerismo pretende ampliar su influencia en los tribunales federales del todo el país.