Muchas veces, cuando se intenta o se busca explicar algunos hechos que sacuden a la sociedad argentina, que la dividen y agitan por demás, se suele caer en justificativos amplios y generales, piadosos, también, que no hacen otra cosa que naturalizar comportamientos ajenos a las normas, la Constitución y la normal vida en sociedad. Un corte de ruta, por caso, puede ser visto desde la óptica ideológica de la derecha y la izquierda; la primera lo criminalizará y la segunda lo tolerará por demás; la primera se concentrará en los derechos perdidos por parte de aquellas personas que por el corte no podrán transitar con libertad ni comerciar y varios etcéteras; la segunda es probable que centre la vista en los que interrumpen el paso a los que, seguramente, les tenderá un manto de piedad, asumiéndolos como los eslabones débiles de un Estado, generalmente opresor, que los sojuzga, no los escucha y que los deja sin otra opción.
Por supuesto que lo dicho anteriormente está sujeto arbitrariedades y subjetividades, como todo. Pero, en términos generales, la lupa ideológica que se usa en Argentina y que rige la mayor parte de las interpretaciones suele moverse en esos rangos, más o menos: lo que en verdad es y ha sido un gran problema que se suma al más grave de todos, que es el político. La falta de acuerdos mínimos y objetivos, la ausencia de patrones comunes que debiesen respetarse para establecer una base, una línea, una frontera que no debería ser traspuesta o violada –pese a las diferencias que pudieran existir entre los sectores más representativos de la política– le ha impedido a Argentina encontrarle una salida a la inflación, al desarrollo, al crecimiento, al hallazgo de un buen estándar en educación y así, consecutivamente, con el resto de los males que aquejan al país. Se trata de un problema político, claramente.
Los argentinos salimos de un fin de semana extralargo que ha sido cursado desde el inicio del mismo por los graves enfrentamientos entre los manifestantes en Jujuy y las fuerzas de seguridad. Los motivos de los cortes de ruta, siguientes desmanes y asaltos a los edificios públicos como la Legislatura de la capital jujeña, la quema de vehículos y la rotura de bienes del Estado o de los particulares, surgieron de una decisión del gobierno de Gerardo Morales ajustada a las reglas de la democracia.
Si bien se mezclaron los intereses de los manifestantes, porque a una marcha del sector docente que reclamó por sus salarios bajos se le sumó otra de los pueblos originarios, molestos porque la nueva Constitución provincial no ha tenido en cuenta sus posiciones en torno a la explotación del litio en los territorios que ocupan, ha surgido con total claridad que para algunos sectores no existe otra respuesta que no sea la violencia e intolerancia absoluta para cuando, sometidos a las reglas democráticas y a las de la Constitución nacional, resultan perdidos por decisión popular.
En términos o conceptos generales, en Jujuy hubo una elección a gobernador y autoridades legislativas a la que se sumó la elección de convencionales constituyentes para modificar la Constitución provincial de mediados de los años 80. El oficialismo ganó ampliamente la contienda democrática y se activó una reforma de la Carta Magna, con el apoyo del Frente de Todos, incluyendo una mayoría de principios liberales como el respeto a la propiedad privada, cambios al sistema electoral con vistas a una mayor transparencia y hasta el límite a las reelecciones en los cargos electivos que todavía muchas provincias ni siquiera discuten. Durante tres días, las marchas y los cortes de rutas y calles en Jujuy fueron una constante, promovidas por sectores sin legitimidad aparentemente, porque así hay que entenderlo y comprenderlo tras el resultado electoral provincial y del amplio grupo de fuerzas políticas que discutieron y aprobaron el nuevo texto constitucional, lo que provocó o, al menos, se tomó como motivo y excusa a la escalada de violencia.
Lo llamativo (¿llamativo a esta altura de los acontecimientos?), ha sido la actitud asumida por el Gobierno nacional y de sus dos máximas figuras: el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ambos cargaron contra la represión ordenada por Morales, a quien tildaron de mentiroso, y acusaron de incitar a la violencia, de provocarla irresponsablemente y de desatar una “locura represiva” sin control.
La extrema visión ideológica nubla las mentes y no deja ver ni siquiera lo que manda la Constitución y lo que dicen las normas que la misma política se encargó en su momento por discutir, elaborar y dictar. Nublar la mente puede significar una descripción piadosa, claro. En verdad, asoma la perversión, la doble vara y el cinismo. La reacción del Ejecutivo nacional y el kirchnerismo contra Morales ha sido, también, una respuesta a una administración provincial que enfrentó a una de las líderes piqueteras y de organizaciones sociales K más emblemática de todas, como Milagro Sala y la Tupac Amaru.
Esa visión, en extremo ideológica y sesgada, es también la que pudo haber dominado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), que no tuvo empacho alguno en advertir al Gobierno de Jujuy de los posibles abusos en el manejo de la fuerza pública, sin hacer mención a la posible comisión de los delitos que habrían cometido los manifestantes; o que decididamente cometieron los manifestantes al irrumpir en los edificios públicos e intentar quemar el ámbito por excelencia de la discusión política en democracia: la Legislatura. Ese comunicado también fue usado por Fernández de Kirchner para atacar a Morales.
Hay que decir, además, que la CIDH es un órgano autónomo de la OEA, conformado por siete miembros y que duran en sus cargos cuatro años. Con la vista puesta en la defensa y promoción de los DDHH, la CIDH ni siquiera reparó en el proceso democrático previo que habría desatado la exaltación de los manifestantes y sus grupos.
De las fuerzas de seguridad, la CIDH dijo que tienen el rol fundamental de garantizar la seguridad de quienes se manifiestan “sin ningún tipo de represión directa o detención arbitraria, así como brindar seguridad general a la sociedad en su conjunto”. Y “en cuanto a los cortes de ruta –dice textualmente la entidad– se recuerda al Estado que son modalidades legítimas y protegidas por el derecho a la protesta. Es necesario –agregó– que se tolere que las manifestaciones pueden generar cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales” y sugirió aplicar “un grado de tolerancia” frente a tales actos y manifestaciones.
La ideología extrema y la prepotencia, es evidente, no dejan ver lo que está escrito como norma y base del orden para la vida en sociedad en Argentina. Algo tan simple como un artículo del Código Penal, el 194, que ordena la prisión como sanción a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.