Probablemente este lunes, por medio del Boletín Oficial de la nación, a la provincia se le confirme la buena noticia de un adelanto varias veces millonario de algunas partidas de la Coparticipación Federal de Impuestos que le correspondería cobrar a lo largo del año. Será un respiro, un alivio inestimable dado por el gobierno de Javier Milei hacia el de Alfredo Cornejo en un contexto de vacas flacas más que flacas. Sin un aumento relevante de la actividad económica y el consumo por el piso, la recaudación está en picada.

Para colmo, se viene de cerrar paritarias y se acerca el pago de los ajustes comprometidos. No es sólo un problema de Mendoza. Todo el país está navegando en medio de la crisis. Algunos estados están más mal que otros, lo que ha llevado a sus gobernadores a aceptar muchas condiciones ardorosas para ellos del plan de gobierno libertario para acceder a los salvatajes del momento. Se sabe que no es el caso de Mendoza, una provincia que se alineó tempranamente a la suerte de la nación y en esa línea persiste.

Los desajustes financieros, las urgencias, los desacoples vienen como consecuencias previsibles de un parate de más de 10 años, 15 quizás. Las transformaciones, los cambios, el uso de estrategias diferentes a las que se venían aplicando por mucho tiempo en Mendoza y que fueron introducidas por el ciclo de gobierno que Cambia Mendoza comenzó en el 2015 sorprendieron allá lejos y hace tiempo con resultados positivos en un comienzo.

A poco de andar el ritmo de los cambios se amesetó, como la economía, ingresando en un estadio de sopor que ya lleva demasiado tiempo. Por eso hay quienes, como el IERAL de la Mediterránea, insisten en dar nuevos giros, más profundos en el manejo de las cuentas públicas y del propio Estado para encaminar la nave –como lo está haciendo por estas horas Orión hacia la luna–, hacia otras dimensiones inexploradas o pocas veces experimentadas.

Durante años, Mendoza construyó un entramado de empresas públicas con una lógica que, en su origen, parecía razonable: dotar al Estado de herramientas ágiles para intervenir en sectores estratégicos, prestar servicios esenciales y, en algunos casos, promover el desarrollo económico.

Así nacieron —o se consolidaron— firmas como Aysam, Emesa, Sociedad de Transporte Mendoza o Impulsa Mendoza. Todas con formato societario, todas con objetivos específicos, todas, en teoría, con cierto grado de autonomía. Bien vale la pena volver sobre un artículo de Federico Brusotti de fines del año pasado en El Sol en donde se comenzó a trazar un panorama complejo alrededor de ellas.

El problema es que, con el paso del tiempo, ese esquema derivó en otra cosa: un sistema híbrido, donde las empresas no son plenamente públicas ni verdaderamente privadas, pero sí comparten un rasgo central. Ninguna —con matices— se sostiene por sí sola.

El dato no es menor. Y tampoco es nuevo. Pero empieza a ser cada vez más relevante en un contexto donde el debate sobre el tamaño, el costo y la eficiencia del Estado vuelve al centro de la escena. Y más cuando no alcanza la riqueza que se produce para más de 2 millones de personas que habitan la provincia.

Si se mira en detalle, las diferencias entre empresas son evidentes. No es lo mismo el rol de Aysam, que presta un servicio esencial como el agua, que el de Emesa, que participa en proyectos energéticos, o el de Impulsa, concebida como herramienta de desarrollo minero.

Sin embargo, hay un hilo conductor que las une. En el caso de Aysam, el modelo es claro: cobra tarifas, pero esas tarifas no alcanzan para financiar inversiones ni expansión. El resultado es conocido: aportes directos de Hacienda, financiamiento con deuda y una dependencia estructural del Estado.

El transporte público, a través de la Sociedad de Transporte Mendoza, es aún más evidente. El sistema funciona con tarifas reguladas y subsidios masivos. No hay equilibrio económico posible sin asistencia estatal. Es, en los hechos, un servicio sostenido por el presupuesto provincial que asume, además, el impacto del empleo público indirecto del personal de las empresas que operan el resto para completar el sistema general e integral del transporte.

Emesa (energía) presenta un perfil distinto, con ingresos vinculados al mercado energético. Pero incluso allí, el Estado absorbe riesgos, orienta inversiones y define estrategia. No es una empresa privada: es una herramienta de política pública.

Impulsa (minería), por su parte, directamente no responde a una lógica comercial. Es un vehículo para promover inversiones y desarrollo, financiado casi íntegramente con recursos públicos.

En conclusión, el sistema funciona, sí, pero no se paga solo.

Ahora bien, el punto más sensible no está solo en los subsidios o en los aportes de capital. Está en otro lado. En el gasto en personal. En Mendoza, como en la mayoría de las provincias, el componente salarial representa entre el 35 y el 45 por ciento del gasto total. Es, por lejos, el principal rubro del presupuesto. Y ahí es donde las empresas públicas entran en escena de una manera menos visible, pero igual de decisiva.

Porque no se trata solo del empleo estatal directo —la administración central—, sino también del empleo que se sostiene a través de estas estructuras empresariales. En algunos casos, como Aysam o el transporte, se trata de organizaciones intensivas en mano de obra. En otros, como Emesa o Impulsa, el peso es menor. Pero el patrón se repite: los salarios, directa o indirectamente, dependen del Estado.

Esto introduce una rigidez difícil de manejar. Porque no se trata de gastos que puedan ajustarse fácilmente. Son estructuras que, una vez consolidadas, tienden a perpetuarse.

El formato societario de estas firmas —sociedades anónimas con participación estatal— suele presentarse como una ventaja. Más flexibilidad, más eficiencia, más capacidad de gestión.

Pero en la práctica, la diferencia con una dependencia estatal tradicional es menos clara de lo que parece.

Las empresas públicas mendocinas manejan fondos públicos, responden a decisiones políticas, están sujetas a controles estatales, y, en muchos casos, requieren financiamiento de la Tesorería para operar o invertir. ¿Son realmente empresas o son, en los hechos, extensiones del Estado con otra forma jurídica?

El último anuario del IERAL introduce un punto que incomoda, pero que merece ser discutido: muchas de las actividades que hoy realiza el Estado podrían, en teoría, ser desarrolladas por el sector privado.

No se trata de una afirmación ingenua. Hay sectores —como el agua o el transporte— donde la intervención estatal es difícil de reemplazar. Pero sí abre una pregunta más amplia: ¿hasta dónde debe llegar el Estado empresario? Y, sobre todo, ¿a qué costo?

Porque el problema no es solo de eficiencia. Es de prioridades.

Como se sabe o se intuye, cada peso que el Estado destina a sostener estructuras, cubrir déficits o financiar empresas es un peso que no va a otros destinos: infraestructura, educación, seguridad o reducción de impuestos.

Tal vez el mayor riesgo no sea el funcionamiento actual del sistema, sino su naturalización. Que Mendoza se acostumbre a un esquema donde las empresas públicas no son autosustentables, el Tesoro cubre déficits de manera permanente y el gasto salarial condiciona toda la política fiscal.

No es un escenario de crisis. Pero tampoco pareciera ser el camino para alumbrar un modelo de crecimiento. Es, más bien, una forma de administrar la inercia. El desafío no pasa por desmantelar el sistema ni por privatizar sin criterio. Pasa por algo más complejo: revisar, medir, exigir resultados y, sobre todo, volver a definir qué rol quiere jugar el Estado en la economía después de aquella transformación que lideró Cornejo hacia fines del 2015. El estado de agotamiento se ha extendido, para no pocos durante demasiado tiempo.