Argentina ocupa el lugar 169 de un total de 190 países analizados de todo el mundo sobre el esquema impositivo que poseen, la tasa porcentual que en ellos se aplica y, desde ya, en cuanto a la presión impositiva, todas variables a tener en cuenta por las empresas que observan en qué países les resulta más cómodo invertir, hacer negocios y desarrollar sus actividades.

No hay otro país latinoamericano posicionado peor que Argentina en el concierto mundial, dicho esto para aquellos tentados siempre a ranquear al país en lo más alto de las alturas en todo sentido y a ubicarlo entre los mejores del planeta por el sólo hecho de ser Argentina y estar ocupada por argentinos, si se permite la licencia con tono irónico, claro está.

Argentina, además, es el país con la tasa de impuestos más alta de la región, que llega al 106 por ciento, seguida de Bolivia con el 83,7 por ciento y Colombia con el 71,9 por ciento, todos datos extraídos de los informes del Banco Mundial y que fueron publicados antes del inicio de la pandemia de coronavirus. La tasa de impuestos analizada, según el Banco Mundial y que fue publicada tras un sesudo informe por el diario La República de Colombia, surge de combinar el Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, las contribuciones sociales, las cargas patronales y otros gravámenes con menos incidencia, pero igual de trascendentes.

En Argentina existen 166 impuestos, de acuerdo con el relevamiento que hizo recientemente el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el Iaraf. Y van en aumento, pese a la pandemia en la que todo se detuvo; aunque por esa misma razón, por el efecto de la peste, es que los gobiernos –para hablar de la mayoría de las provincias del país y la administración nacional– no dudaron en reimpulsar la política fiscal de los últimos tiempos frenando un acuerdo que tuvo vigencia por algunos meses, entre parte del 2016 y todo el 2017 para iniciar un proceso de disminución paulatina de gravámenes, buscando incentivar a las empresas para que movilizaran capital y comenzaran a invertirlo en el país.

Como respuesta a la falta de trabajo y a la inmovilidad o el parate de la actividad económica y sin tener en cuenta la pandemia, la mayoría de los gobiernos argentinos han tenido como brillante idea impulsar programas de promoción de inversiones por regiones, acotados a algunas provincias o departamentos provinciales sin tener en cuenta un contexto general, y ni siquiera un plan integral basado en un esquema de impuestos progresivos y muy diferentes al que actualmente rige.

Esos planes, como está visto, sólo sirvieron de parches y provocaron en algunos casos graves consecuencias, efectos negativos y desequilibrios, como el que afectó a Mendoza por la promoción industrial y económica de los años 80, 90 y parte de los del nuevo milenio. Sin ir más lejos ahora, el Gobierno nacional ha tenido que extender a San Juan y a Mendoza aquella idea que sólo había pergeñado para diez provincias del norte argentinos y que consiste en un programa de tres años para reducirles aportes patronales a aquellas empresas que generen nuevos empleos desde abril en adelante. A Mendoza le corresponde un cupo para 1.000 nuevos empleos, mientras que a San Juan de acuerdo con lo anunciado, alrededor de 4.000, mucho menos pese al mayor volumen de Mendoza.

Igual ese último punto ni siquiera importa a los efectos del análisis que es necesario realizar, de fondo y estructural, para comenzar de alguna manera a solucionar los graves problemas de competitividad que tienen las empresas argentinas, ya sin pesar siquiera en las mendocinas.

El país en algunos aspectos, por afuera quizás del sector de los granos, diferente de todos por su naturaleza y por las características tan disímiles que existen en otras regiones del país que movilizan y activan sus economías, resulta cada día más inviable y espanta inversiones. Para colmo, el famoso clima de negocios necesario para los mismos y para las inversiones no sólo no parece ser el más atractivo, sino que es, literalmente, ponzoñoso y repelente.

En Mendoza, el gobernador Rodolfo Suarez ha anunciado algunas pocas horas atrás un plan de fomento de inversiones dirigidas a la industria para incentivar el desarrollo y la creación de trabajo genuino, en una provincia en la que no se generan nuevos empleos y de calidad desde hace una decena de años o quizás un poco más. Pero, el programa, por lo que se ha dejado trascender, está basado en una zanahoria que tiene como atractivo el diferimiento o la exención de algunos de los impuestos provinciales vigentes. Los especialistas, economistas y los empresarios en general no lo rechazan ni tampoco lo critican con vehemencia, pero, en realidad, lo que necesitan son medidas a largo plazo, previsibles, que den seguridad y garantías jurídicas de que se respetarán con el paso del tiempo, más que una suerte de remanso que se apaga y evapora rápidamente.

El Iaraf, además de contabilizar los impuestos los ha clasificado. De los 166, existen 42 impuestos nacionales, 41 provinciales y 83 tasas municipales. En una entrevista reciente, el titular de la UCIM, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, Daniel Ariosto, al describir un estado de situación de asfixia en el que viven las empresas, se ha quejado de que muchos de esos impuestos se replican en las tres jurisdicciones, en la nacional, en la provincial y en los municipios y, como todos sus pares o la mayoría de ellos, se ha quejado de la incidencia e impacto del peor de todos, el impuesto a los Ingresos Brutos que cobran las provincias y que se trata de una multa o una sanción a las ventas y al progreso en sí mismo. Todo un contrasentido.

El Iaraf y su economista, Nadin Argañaraz, sostienen que a la cabeza de todos los impuestos figuran aquellos “más rendidores” para la AFIP, como Ganancias, el IVA, el impuesto a los Bienes Personales, las retenciones, el Impuesto al Cheque (que nació en la época de Domingo Cavallo y que sólo sería temporal) y otros que configuran un listado de “extravagancias”.