Cuando repasen los nombres de los nuevos directores que tendrá IMPSA, ahora bajo el control del Estado, los escépticos y críticos del salvataje oficial de la compañía puede que confirmen sus sospechas y ratifiquen ese convencimiento de que la enorme metalúrgica de Godoy Cruz ha dado un paso más para convertirse en un refugio de cargos políticos o bien un instrumento que, entre otras cosas, financie los conchabos que deja siempre, como residuos no deseados o efectos colaterales, la administración y gestión de lo público.

Es que, IMPSA va camino a oficializar, el 12 de julio, a través de una Asamblea de Accionistas, la nómina del nuevo Directorio, que surge tras el proceso de integración de capital que hicieran el Estado nacional y el provincial por un monto de casi 20 millones de dólares. La Nación lo hace por medio del Fondo de Desarrollo Productivo (Fondep), obteniendo para sí 63,7 por ciento de las acciones. La Provincia debió contar con la sanción de una ley de la Legislatura para la que tanto el oficialismo como la principal oposición hicieron un frente común y le dieron el aval a la operatoria. Por eso, Mendoza cuenta con 21,2 por ciento de la empresa. El 15,1 por ciento restante es de propiedad privada: 9,8 está en manos de los acreedores de la compañía y 5,3 pertenece a un fideicomiso de capital controlado por los accionistas originales y familia fundadora de IMPSA.

Los nuevos directores serán designados en aquella asamblea del 12 del mes próximo con carácter de ordinaria y extraordinaria. “El Directorio estará compuesto por 2 directores titulares y hasta 2 suplentes por la clase A de acciones; 1 director titular y 1 suplente por la clase B de acciones; y 4 directores titulares y hasta 4 suplentes por la clase C de acciones; todos ellos por el plazo de 3 ejercicios, conforme a lo dispuesto en el estatuto social”, dice el comunicado oficial que distribuyó en las últimas horas la empresa.

Además, la firma revela los nombres de los nuevos directores que serán propuestos a la asamblea: “Pablo Armando Portuso y Sebastián Córdova Moyano (por acciones clase A), Jaime Alberto Aguiló (por acciones clase B) y Marcelo Fabián Kloster, Matías Sebastián Kulfas, María de los Ángeles Apólito y Pablo Magistocchi (por acciones clase C). Los directores que, además, ocupasen algún cargo en la función pública nacional harán su tarea ad honorem”, aclara la firma.

La última referencia, esa que señala que los directores que ocupen algún cargo en la función pública harán su tarea ad honorem no parece ser caprichosa. Sí tiene, claro está, un interés especial y particularísimo. El de despejar dudas, si en caso pudiese, sobre el carácter no remunerativo que tendrán esos cargos. Pero, en verdad, lo que inquieta es la presencia de funcionarios públicos en cargos que –no pocos suponían– debían estar ocupados por expertos del sector, más que una aclaración sobre que no cobrarán ingresos extras por tal función.

La nómina de los nuevos directores está liderada por el propio ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, nada más y nada menos. A partir de allí se suman otros nombres, como el ya adelantado oficialmente por el propio gobernador Rodolfo Suarez. El de Pablo Magistocchi, actual presidente de la energética estatal mendocina, Emesa, quien debió renunciar al cargo que ocupaba en la comisión evaluadora de la oferta de la UTE que pretende construir Portezuelo del Viento, de la que forma parte IMPSA. Ante los cuestionamientos sobre una posible incompatibilidad, Magistocchi dio un paso al costado y el Gobierno, por su lado, dejó trascender la nota de renuncia.

Entre los directores titulares también se confirmó el nombre de Marcelo Kloster, presidente de la compañía y asesor del ministro Kulfas, y de María de los Ángeles Apólito, quien se desempeña como subsecretaria de Economía del Conocimiento, área dentro de la estructura del ministerio de Kulfas. Y, por las acciones clase A, se anunció el nombre de Pablo Portuso, asesor de Fernández Sagasti y ex funcionario de Energía de la última administración peronista de la Provincia, la que lideró Francisco Paco Pérez.

Los empresarios de la metalmecánica de la provincia festejaron la llegada del Estado para salvar la empresa. Lo hicieron en varias oportunidades y aún lo hacen cada dos por tres, vía notas de opinión y apariciones en los medios. En su momento tenían expectativas de que, al menos, uno o dos de los nuevos directores surgieran del sector empresario propiamente dicho. No lo lograron con el designado por la Provincia, que recayó en Magistocchi. Fueron, entonces, por uno de los lugares en manos de la Nación, impulsando el nombre y la figura de Mario Esnal, un experto surgido de la histórica IMPSA y que fundara su propia empresa. El de Esnal se creía un número puesto y confirmado, aunque no resultó serlo. El convencimiento estaba puesto en que el empresario siempre estuvo vinculado al peronismo y que, además, resultaba del agrado del ministro Kulfas. Y, mucho más cuando, antes del desembarco en sí del Estado en la empresa, durante un Zoom que los industriales metalúrgicos mantuvieron con el mismo Kulfas, Esnal tomó la palabra y durante unos diez minutos explicó lo que para los metalúrgicos mendocinos debería ser el nuevo rumbo de la compañía.

“IMPSA es el resultado de más de 100 años de trabajo y esfuerzo en una Argentina industrial, que genera valor agregado, exporta 85 por ciento de su producción y emplea de manera directa a 720 personas y más de 100 pymes nacionales. Su desarrollo tecnológico es reconocido a nivel mundial, siendo la única empresa en América y una de las cuatro de Occidente con tecnología para diseñar y producir equipamiento para grandes centrales hidroeléctricas. Lleva diseñadas y fabricadas más de 200 turbinas, las cuales hoy en día producen energía en 40 países”, se afirma en uno de los párrafos del comunicado oficial de la compañía. Y agrega, además, que IMPSA “trabaja desde su Centro de Desarrollo Tecnológico ubicado en Mendoza, en el diseño y la fabricación de las nuevas turbinas de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá, en los aerogeneradores del Parque Arauco (La Rioja), en los equipamientos para la Central Hidroeléctrica El Tambolar (San Juan), en los equipamientos para YPF y la fabricación del primer reactor nuclear argentino para generación de energía (el Carem), entre los principales proyectos”.

Paradójicamente, es todo lo que logró IMPSA en el pasado y que no pudo sostener, es lo que hoy necesita y requiere de la intervención estatal. Y es, claro está, también, todo lo que de ahora en más se pone en duda.