Es 9 de abril por la mañana. La Asociación de Magistrados decide hacer justicia por mano propia y organiza en las escalinatas del Polo Judicial un acto homenaje a Daniel Carniello, el fiscal fallecido el 17 marzo, cuya noticia fue prácticamente ignorada por el Ministerio Público Fiscal.
Carniello era parte de la vieja guardia judicial. Un tipo de carrera; quizá el fiscal más perspicaz de Mendoza; caído en desgracia por errores propios y por un estilo absolutamente informal. Lo quisieron voltear con un movimiento cuasi mafioso, cuando el ahora destituido juez Walter Bento entregó en sobre cerrado al entonces procurador Rodolfo González el documento de una escucha donde un delincuente decía que tenía relación con un fiscal de la provincia.
No hubo mucha información sobre cómo el ex juez proporcionó esos datos. Todo fue entre las sombras, con una decisión política de fingir demencia para no reparar en la irregularidad del procedimiento. De institucionalidad, poco, muy poco.
Carniello había protagonizado un altercado con Alfredo Cornejo cuando el actual gobernador era intendente de Godoy Cruz. Posturas diferentes sobre el avance de la causa contra el ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos. Cornejo quería una imputación rápida, para mostrar en la campaña del 2015 las consecuencias de la corrupción. El fiscal manejó otros tiempos para evitar que el caso quede preso de la puja política.
Sí, Carniello se codeaba con tipos de baja estofa; algo normal para un magistrado con años, décadas, investigando el crimen. Explicaba que no se podía ser detective sin meterse en el barro y salpicarse, con la cautela de saber cuál era el límite para no pasarse de rosca. Eso lo hacía resolver casos con un estilo sui generis. Entendía que así podía evitar un mal mayor, aunque también es cierto que algunas de sus decisiones estaban viciadas porque carecían de la formalidad del expediente. Exceso de amiguismo y de intercambios de favores. Y cayó en su propia trampa.
Esa famosa escucha quedó en la nada. El proceso de Jury de Enjuiciamiento no avanzó. Y como no lo pudieron echar, lo reubicaron en cargos menores. Y si algún expediente bajo su competencia se metía en la agenda de la opinión pública, se lo sacaban y listo.
La foto de su homenaje marca el punto crítico de la relación entre el Ejecutivo y el Judicial. Pocos fiscales, muchos ayudantes y bastantes jueces. Algunos ni aparecieron; tal vez temiendo un cuestionamiento por formar parte subrepticiamente de aquella movida con la escucha telefónica. Otros, directamente le tienen pánico a la bajada de línea que puede venir de Casa de Gobierno.
La Justicia mendocina en un matorral de internas. Una suerte de todos contra todos donde se pueden definir algunos bandos. Están los que entienden que existe un avasallamiento del Ejecutivo y tratan de dar una resistencia desde lo corporativo, poniendo límites tanto en fallos como en mensajes cifrados. Acaso la presencia del ministro de la Suprema Corte José Valerio en ese acto, conocedor del enfrentamiento que existía entre Cornejo y Carniello, sea parte de ello.
Valerio es el exponente del sector que se puede definir como “judicialista”. Tiene una relación hostil con el presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay, a pesar de que comparten un viejo origen radical y de que ambos fueron postulados para la Corte por Cornejo.
Para Valerio, Garay no sabe decir no y va detrás de cada pedido que hace el Ejecutivo.
Esta rispidez rompió la lógica que existía entre los jueces de la Corte, que se repartían un ala radical y otra peronista, integrada por Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez. Hoy, claramente, Valerio juega en su propio espacio. Norma Llatser aún es muy nueva y los votos de Teresa Day van en la misma sintonía que los de Garay; en especial, en las causas donde el Ejecutivo está involucrado. Y todo se hace demasiado previsible.
Hacia abajo, las broncas se focalizan en el fuero penal. Los jueces despotrican por las decisiones administrativas de Valerio, se quejan de la intromisión del Ejecutivo y lo focalizan en Garay, y están hartos de las metidas de pata que llegan desde el Ministerio Público, donde todos hacen foco en el jefe de los fiscales, Alejandro Gullé.
El caso de los incidentes antimineros en Uspallata fue clave. La calificación, el avance y la resolución de uno de los expedientes expuso la presión política sobre los fiscales. El Gobierno quería un fallo ejemplificador contra los revoltosos, y lo consiguió gracias a un fiscal nombrado de manera interina (no tiene ni acuerdo del Senado ni estabilidad laboral) y a una jueza que, por sacarse una causa de encima y resolverla rápido pasó por alto que estaba decidiendo sobre un hecho calificado penalmente con la figura de un delito federal.
Las irregularidades son cada vez más evidentes en el Ministerio Público. Ahí aparece una nueva figura: Andrea Chávez, la coordinadora con nexos con el Ejecutivo y con el Consejo de la Magistratura, a la cual Gullé le ha delegado mucho poder, pero poco control. El jefe de los fiscales ha tenido que salir a tapar pifias que, en algunos casos, podrían haber configurados delitos. Desde licitaciones hasta contrataciones, pasando por resoluciones administrativas. Los fiscales no la quieren y los ayudantes fiscales menos. Y desde la Corte manda mensajes cada vez más explícitos.
Le piden a Gullé que al menos tenga muñeca para disimular. Que, por ejemplo, si las causas contra el ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco, y su esposa Janina Ortiz, avanzan, que también lo haga la denuncia por enriquecimiento ilícito contra el actual jefe comunal, Francisco Lo Presti. Ya no tanto para ser, sino para parecer.
Gullé sabe que vive bajo presión. Nadie le ha pedido que renuncie; muchos se lo han sugerido. Y es parte de la tensión política. El jefe de los fiscales llegó a ese lugar de la mano de Cornejo y por eso intenta hacer un equilibrio que carece de sutilezas. De un lado y del otro, queda expuesto.
Los dardos le llegan desde el mismo Ejecutivo que lo puso en ese lugar, como los posteos de Mercedes Rus en las redes sociales. La ministra de Seguridad se metió de lleno en el partido y reprendió a la Justicia por un ladronzuelo detenido por una policía en un intento de hurto. Un delincuente de poca monta y sin muchas luces. Cada vez que roba lo atrapan. Pero sirvió para señalar que los fiscales están en otra y que no se comprometen con su trabajo. Acaso el mensaje que bajaría Rus si en un futuro cercano le tocara ocupar el lugar de Gullé.
La publicación de Rus fue al menos exagerada. De las numerosas aprehensiones que tenía el fulano, todas eran por averiguación de antecedentes. Al ser una cara conocida para los efectivos, lo agarran de punto porque saben que, encima, tiene una decena de condenas por hechos menores. Es un ratero molesto y con ningún talento para el delito.
Detrás de Rus, apareció Hebe Casado. La vicegobernadora se subió a la ola y publicó un mensaje felicitando a la subcomisario que detuvo al ladrón que todos atrapan. Además, se convirtió en la vocera del Gobierno en el embate contra el juez Sebastián Sarmiento, que frenó la quita de los celulares de las cárceles porque, según los argumentos de su fallo, el Ejecutivo no cumplió con los requisitos impuestos por la Suprema Corte.
El Gobierno acusó al juez por su pasado kirchnerista y salió a reclamar Jury de Enjuiciamiento, algo que por ahora ha sido solo declamatorio, sin denuncia formalizada.
Sarmiento es pillo. Sabe que, guste o no, su decisión se ajusta a derecho y que es una zancadilla al discurso del Gobierno. Y, como todos, también atiende su juego.