El reciente triunfo electoral de medio término de la alianza oficialista, sumado al inesperado anuncio de un acuerdo comercial y de inversión recíproca con los Estados Unidos, aceleró los tiempos y reconfiguró el clima político respecto de sectores económicos que venían trabados, paralizados o directamente estancados. Entre ellos, la minería metalífera: un sector que, durante años, quedó inmovilizado por falta de financiamiento internacional y por la presión de corrientes sociales que mezclaron preocupación legítima con desinformación, nostalgia y consignas aviesas que anclaron a Mendoza en debates propios de otra época.
En ese contexto, y con la reunión de la llamada Mesa del Cobre como telón de fondo —espacio que integran Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy—, la política mendocina ingresa en una semana decisiva. Esta semana Diputados y, luego, el Senado tratarán el paquete de leyes mineras que el Ejecutivo provincial envió para su discusión. Pero entre todas las iniciativas, una concentra el foco: la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto San Jorge, que requiere aval legislativo para habilitar la explotación del yacimiento.
La provincia carga consigo en torno a la minería dos derrotas políticas que aún pesan sobre la discusión actual, por el tiempo que se perdió. La primera: la campaña electoral de 2011, que dinamitó el tratamiento legislativo de la DIA del viejo proyecto cuprífero cuando estaba a punto de votarse. La segunda: el episodio de 2019, cuando el flamante Gobierno asumido en diciembre y la oposición acordaron en secreto, entre gallos y medianoche y demasiada opacidad, el cambio de la Ley 7722 (la considerada norma antiminera de la provincia) por una nueva, maniobra que derivó en un fracaso estrepitoso tras una masiva movilización ciudadana que mezcló dudas atendibles con intencionalidades menos inocentes. Ambos antecedentes dejaron cicatrices visibles y un aprendizaje concreto: cualquier decisión en minería requiere legitimidad amplia, transparencia y previsibilidad. Y por sobre todo seriedad.
Ahora, tras nueve meses de análisis técnico por parte de quince organismos especializados —universidades, entes científicos vinculados al agua, la tierra, la flora, la fauna, el aire y otros factores críticos—, la DIA obtuvo aprobación técnica con una extensa serie de recomendaciones que la empresa aceptó cumplir. Para lo que viene de inmediato, a la Legislatura sólo le queda una función estrictamente política: brindar o negar su aval. La hora de la verdad ha llegado, empezando por Diputados probablemente esta semana.
Aunque el oficialismo cuenta con votos suficientes en ambas cámaras, aprobar la DIA en soledad constituiría un grave error estratégico. No solo restaría legitimidad hacia adelante, sino también seguridad jurídica para un proceso que requiere estabilidad a largo plazo. Se trata de un proyecto cuya proyección supera las urgencias coyunturales y demanda acompañamiento político transversal. Y si bien se trata de un escenario en donde la bancada de los verdes (históricos ambientalistas antimineros) buscará de igual modo forzar un análisis que disfrazará de supuestos argumentos técnicos, la vista estará posada sobre todo en el peronismo que en el último tiempo se ha debatido internamente entre la posición de los intendentes no k liderados por los hermanos Omar y Emir Félix –con particulares intereses en el negocio minero en el Sur al frente de una empresa pequeña– y La Cámpora de Anabel Fernández Sagasti, partidaria de indicarles a sus legisladores votar en contra de la iniciativa como ya lo ordenara hacer con el presupuesto en la última sesión de la Cámara Baja. Es probable, sin embargo, que la senadora nacional se incline finalmente por ordenar la libertad de acción y evitar las incomodidades de sus seguidores en sus territorios.
La propia discusión legislativa se transformó, paradójicamente, en uno de los elementos más novedosos de la DIA. No por la ingeniería ni por la geología, sino por la arquitectura institucional que incorpora: será el primer emprendimiento minero en Mendoza bajo un esquema de participación comunitaria y control social institucionalizado.
La creación de la Unidad de Gestión Ambiental del Proyecto San Jorge (UGA-PSJ) constituye un punto de inflexión. Allí convergen el Estado, la academia y representantes de la comunidad local para auditar en tiempo real el cumplimiento de las condiciones ambientales. A ello se suma el acceso sin aviso previo al yacimiento y los monitoreos participativos del agua, que buscan dar un salto de calidad en materia de transparencia pública y control ciudadano.
La DIA también avanza sobre la rendición de cuentas: exige que la empresa publique digitalmente toda la información ambiental y que sus informes se presenten como declaraciones juradas, transformando el control técnico en una responsabilidad legal. A esto se incorpora la creación de un Fondo Socioambiental, administrado por un comité mixto entre provincia, municipio de Las Heras y empresa, destinado a financiar proyectos de desarrollo local y compensar impactos no mitigables.
El texto incorpora además —de forma explícita— el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT, articulando la minería con los derechos de acceso a la información, participación pública y consulta previa a comunidades originarias. El documento incluso utiliza un lenguaje inusual para estándares mineros: menciona la cosmovisión indígena y a la fauna como “guardianes del territorio”, integrando una dimensión simbólica y cultural al enfoque ambiental.
Desde lo institucional, el Estado conserva las potestades de fiscalización a través de la Autoridad Ambiental Minera y de la Policía Ambiental Minera, con capacidad de inspección, sanción e incluso clausura. Pero hay un cambio relevante: los costos de esa fiscalización recaen exclusivamente en la empresa, no en el Estado.
El caso San Jorge parece querer inaugurar un nuevo paradigma: el control ambiental ya no es únicamente estatal, sino también social, abierto y territorial. Una licencia que deberá ganarse día a día, ante los organismos técnicos, pero también ante la comunidad que convive con el proyecto.