Las transferencias a las provincias en general, especialmente las que tienen como destino el gasto en capital y alguna parte de las erogaciones para la educación con foco en el sector universitario, serían las más afectadas por el presupuesto nacional del 2023, que fue presentado este miércoles en el Congreso y que se debió elaborar siguiendo las metas, al menos en la teoría, que el Gobierno se comprometió a cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Estas eran las primeras observaciones que sacaba el ex ministro de Hacienda de la provincia y actual diputado nacional Lisandro Nieri mientras asistía y escuchaba la presentación de la pauta de gastos que realizaba Sergio Massa, el titular de Economía nacional, en la Cámara de Diputados. Casi al mismo tiempo, el INDEC daba a conocer el esperado dato de la pobreza del primer semestre del año, con una baja de medio punto respecto de la última medición, ubicándose en 36,5 por ciento, y el de indigencia, que fue de 8,8 por ciento, un poco más de medio punto respecto del registro del año anterior. En resumen, la radiografía que más duele de Argentina está reflejando que 10,6 millones de personas son pobres en el país, mientras que 2,6 millones apenas pueden cubrir la Canasta Básica Alimentaria mensual.

Por supuesto que ambos asuntos, de alto impacto para la vida cotidiana de los argentinos, coparon buena parte de la escena de este miércoles y de una agenda político nacional más ocupada en las discusiones marginales, de grieta y de fractura, que en las reales y verdaderamente preocupantes. Y, claro que el presupuesto y su discusión tienen mucho que ver con la pobreza, porque es allí, en ese entramado de artículos que definen el destino de los fondos públicos, donde se explica, por supuesto, el plan de gobierno sobre lo que viene.

Y lo que viene es bastante contractivo, según la mirada de Nieri, pero con varios vicios en cuanto a la elaboración que tiene que ver con las urgencias y el apuro, más que con una mirada no sólo un poco más estructural que apunte al fondo de los problemas, sino más serena. Uno de los datos más llamativos del presupuesto, criticado y puesto bajo sospecha total por parte del frente opositor, quizás sea el de la inflación, que de 95 por ciento con el que podría terminar el año pasa para el año próximo a un magro 60 por ciento. Fue la diputada Margarita Stolbizer quien en la presentación de Massa objetó el número de la inflación. “Nos llama a pensar que, al subestimar el ritmo de la inflación, el Gobierno se encontrará con recursos extra (producto de una mayor recaudación por inflación, no por mayor actividad económica) que luego utilizará discrecionalmente”, sin control del Parlamento y por medio de decretos de necesidad y urgencia, cuestionó la diputada.

El Congreso ha comenzado a discutir un proyecto de presupuesto que no aprueba desde hace dos ejercicios. El año pasado, en medio de una catarata de críticas e insultos varios de un lado y de otro, el Gobierno no logró la aprobación de la ley más importante de todas cuando, a mediados de diciembre, el diputado Máximo Kirchner decidió dinamitar un trabajoso acuerdo que el peronismo había tejido con los sectores de la oposición. El año sin presupuesto le ha significado al gobierno de Alberto Fernández manejarse con la pauta de gastos anterior, pero con recursos extra a los que accedió producto de una mayor y explosiva inflación. 

El acuerdo con el FMI trajo consigo, además, la necesidad de un ajuste y una contracción del gasto. Es de la que habla Nieri. Pero esa contracción, advierte, se estará reflejando en áreas y sectores que quizás no deberían haber sufrido el peso de la retracción, como el de la educación. Según Nieri, el gasto real caerá, de acuerdo con lo proyectado para el año que viene, 13,8 por ciento. “Siempre pedimos eficiencia del gasto, pero no a cualquier precio”, sostiene el diputado, antes de sumergirse en el análisis y debate de los artículos. Y, en ese sentido, destaca como incongruente o inconsistente que el ajuste recaiga sobre los fondos a las provincias para gastos de capital en 41 por ciento y en las partidas destinadas a la educación universitaria en 22 por ciento, pero los gastos para la administración sólo bajan 7,7 por ciento. “Esto pasa cuando, después de casi tres años de agravar los problemas, parece como inevitable (el menor gasto), pero lo hacés apurado y terminás chocando”, agrega Nieri. 

El acuerdo con el FMI previó que el déficit debía bajar a 2,5 por ciento del PBI este año, luego de haber sido de 3,1 por ciento en el 2021. Pero, para el año que viene, ese déficit debe bajar a 1,9 por ciento del PBI. En medio de todo y volviendo a los datos más dramáticos de la pobreza, la mitad de los chicos menores de 14 años es pobre y, para cumplir las metas del FMI, el Gobierno no sólo deberá disminuir los niveles de emisión para un año en el cual la política electoral le va a demandar un mayor reparto de recursos, de acuerdo con la naturaleza del propio gobierno, que ya comienza a pergeñar un nuevo plan “platita”, sino un importante ahorro en subsidios energéticos, que caerían de 2,2 por ciento del PBI a 1,6 por ciento, por la segmentación tarifaria y lo que denominan la sustitución de importaciones por la puesta en funcionamiento del gasoducto Néstor Kirchner, prevista para junio del año que viene.