Horacio Rodríguez Larreta, cuestionado por derecha por haber mirado para otro lado durante las más de 48 horas del reciente acampe piquetero en la 9 de julio, de pronto descubrió que las organizaciones sociales llevaron adelante un acto de extorsión con la medida y le exigió a la Nación que les quite el beneficio a los padres que fueron con sus hijos a la protesta.

Alfredo Cornejo –quien, cuando reinaba el macrismo y desde la Gobernación de la Provincia asumió varias veces una postura crítica a aquella administración, molesto y  disgustado por algunas de las decisiones que se tomaban y que se tomaron tanto en lo social como en lo económico– dijo, pocas horas atrás, que el gobierno de Alberto  Fernández ya habría estallado por los aires si no fuera porque dentro de su propia estructura –como un gobierno peronista típico– conviven las organizaciones piqueteras, las que han incrementado su poder y su radio de influencia sobre un gobierno al que se le han disparado para mal todos los índices sociales, precisamente los del área en que el peronismo siempre hizo alarde de suficiencia y de control absoluto sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.

Frente a una nueva posibilidad en puerta que cree ver la coalición opositora, de volver al poder mucho antes de lo que pensaba un par de años atrás, uno de los interrogantes más evidentes y concretos que se hacen sus potenciales votantes es si podrá comenzar a declararle el fin a la asistencia social desmedida, casi desbocada, que se ha hecho presente en el país. 

Sobre eso hay más dudas que certezas de que alcanzaría ese objetivo, más si se observa y se tiene en cuenta lo que hizo cuando llegó al Gobierno: aumentar la asistencia y la cantidad de planes de los que había dejado la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social de aquel gobierno, no solo luchó por incrementar año tras año el presupuesto de su área, sino que además lo hizo para solidificar lo que creyó que sería una buena relación con las organizaciones sociales y piqueteras, a las que les amplió los recursos para que repartieran, como intermediarias, muchos más planes de los que tenían bajo su control.

Convencida, como casi todo el macrismo, de que sería la mejor estrategia del menú, Stanley incluso negoció y reivindicó a cada uno de los líderes de tales estructuras, los que, cuando lo vieron necesario, no dudaron en cambiar de vereda para vapulear en un santiamén todo lo que el día anterior apoyaban y promovían.

Este aspecto, particularmente, se convirtió en uno de los que la línea política de Cambiemos siempre fustigó y le cuestionó a Macri. El ala peronista, si se quiere, de aquel gobierno, la que representaban Emilio Monzó, Rogelio Frigerio y más tarde Miguel Ángel Pichetto, junto con los radicales Ernesto Sanz, Cornejo y otros, y no pocos lilitos, le advertían al presidente y a Stanley que si seguían con la modalidad de ampliación de planes para contener la protesta social contra un gobierno no peronista y por ello considerado débil y vulnerable, además de extorsionable, al menos designara sus propios  interlocutores dentro de las organizaciones, en vez de ratificar a líderes identificados con el peronismo, con el kirchnerismo o con la izquierda. 

De todos los planes, el Potenciar Trabajo quizás sea el más popular de los que controlan las organizaciones piqueteras. Ya no es un secreto, sino más bien todo lo contrario, que cada marcha de las que se llevan adelante están compuestas por personas que asisten como requisito para cobrar un beneficio que comparten con el puntero que les consigue la asistencia. En general, son 20.000 pesos de un total de 16.500 pesos por cada plan que se destinaba hasta el fin de semana.

Desde el lunes, cada plan recibirá un refuerzo por única vez de 6.000 pesos, un bono extraordinario como el que se dispuso para los jubilados que cobran la mínima. “Trabajamos por un país con más inclusión y derechos”, fue el eslogan elegido por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Juan Zabaleta y con el que anunció, a través de las redes sociales, el bono extraordinario. Además, desde este mes, se aplica un aumento de 18,5 por ciento correspondiente al 45 por ciento de incremento que se estableció sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil, con lo que el Potenciar Trabajo, sin el bono, será desde ahora de 19.470 pesos.

Son cerca de 1,5 millones de personas las que estarían percibiendo este plan, que administran las organizaciones piqueteras, en todo el país. Y van en aumento. En marzo del 2020, antes del inicio de la pandemia, sumaban un poco más de 560.000 cheques. En octubre del 2020, cuando el Gobierno nacional dio por terminado el Ingreso Federal de Emergencia (IFE), ya sumaban más de 680.000. En mayo del 2021, la cifra superó el millón de beneficiarios y ya en julio del 2021, en plena campaña y con  el “plan platita” en camino, los planes ascendían, según cifras de la Anses, a 1.131.000 beneficiarios.

Tres son las organizaciones más importantes que controlan este plan y lo distribuyen entre sus afiliados y seguidores. Se trata de la Corriente Clasista y Combativa  (CCC); el Movimiento Evita y Barrios de Pie. Detrás de ellas se mantienen, además, los partidos y las fuerzas de izquierda que confrontan con las oficialistas o más cercanas al Gobierno y que por ello reciben más y mejor asistencia, como todo. Si bien son estas organizaciones las que los distribuyen, en la página de la Anses se despliegan los requisitos que se debe cumplir para acceder a un Potenciar Trabajo.

Se tiene que participar en algunos de los proyectos socio-productivos, socio-comunitarios y socio- laborales. Cada beneficiario debe integrar un grupo de trabajo en una Unidad de Gestión o una Unidad de Gestión Asociada, realizando algunas, dice la página, de las siguientes actividades: “tareas de cuidados, reciclado y servicios ambientales, construcción, infraestructura social y mejoramiento barrial y habitacional, agricultura familiar y producción de alimentos, producción de indumentaria y otras manufacturas y comercio popular”. Y a todo esto se le suma la finalización de los estudios primarios y secundarios, si se encuentra bajo la modalidad “terminalidad educativa” y acreditar ante la Anses el certificado, el que se conoce como el Fote, formulario de terminalidad educativa.

De este último requisito pareció tomarse Rodríguez Larreta este martes, cuando, al defender su accionar al frente de la Jefatura de Gobierno porteño, pareció lanzar un ultimátum ante nuevos acampes y le reclamó al Ejecutivo nacional que les quitara los planes a quienes llevaron a sus hijos a la protesta porque no estaban en la escuela. Un caso típico del famoso teorema de Baglini, aquel que describe que más irresponsables son las propuestas de un político o de un partido mientras más lejos se está del poder.